Objetivos de estabilidadEl Congreso apoya la eliminación del veto del Senado al techo de gasto de los PGE

La mayoría de grupos parlamentarios mostraron este martes su apoyo a la propuesta del Grupo Socialista para eliminar de la Ley de Estabilidad Presupuestaria la capacidad de veto del Senado a los objetivos de estabilidad (la senda del déficit) y el techo de gasto.

Así se reflejó durante el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados de la toma en consideración de la propuesta del PSOE, que propone reformar el artículo 15 de la ley, que actualmente obliga a que los objetivos de estabilidad deban ser aprobados tanto por el Congreso como por el Senado, cuando la práctica legislativa habitual es que si la Cámara Alta rechaza una iniciativa ya aprobada por la Cámara Baja, esta última pueda levantar el veto.

En este sentido, mientras que la actual redacción de la Ley exige la aprobación del Senado, dando un mes para volver a presentar una propuesta de senda en caso de que sea rechazada, la del Grupo Socialista indica que, en caso de ser rechazada por el Senado, los mismos objetivos serían votados de nuevo por el Pleno del Congreso, quedando aprobados con mayoría simple.

Durante la defensa de la propuesta, el diputado socialista Pedro Casares afirmó que la redacción actual de la ley "impone un proceso legislativo que no respeta la posición atribuida por la Constitución al Congreso" y que "abre la puerta al bloqueo político que puede poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias". En contraste, aseguró que la nueva propuesta aporta "mayor coherencia legislativa" y que se fundamenta también "en la necesidad de dar agilidad a la tramitación de la senda de estabilidad y, consecuentemente, de los Presupuestos Generales del Estado".

Por ello, añadió que la redacción actual "supondría mantener al Senado unas facultades que no están recogidas en la Constitución" y que "limita la competencia del Ejecutivo de elaboración de los Presupuestos, limita la autonomía financiera de las comunidades autónomas y entidades locales, además de dar lugar a una situación de bloqueo parlamentario".

Por parte del PP, Mario Garcés rechazó la toma en consideración de la reforma y denunció que la reforma propuesta por el PSOE "reduce las competencias del Senado", sobre el que declaró que "ya no es necesario para ustedes". Además, el popular criticó que "decir que la normativa actual es una anormalidad normativa es un insulto a la inteligencia", y argumentó que mientras "los Presupuestos sólo afectan a las cuentas del Estado, la senda de estabilidad afecta a las comunidades y debería requerir algún tipo de referendo por parte del órgano de representación territorial".

Desde Vox, Inés Cañizares se mostró en contra de la normativa actual, al considerar que la reforma que el PP realizó en 2012 dio lugar a "un exceso de atribuciones al Senado" porque el PP tenía mayoría absoluta, en lo que llamó un "ejercicio de partitocracia". Sin embargo, también rechazó la propuesta del PSOE, explicando que, en su opinión, los objetivos de estabilidad presupuestaria "tienen un rango superior" a otras leyes, "ya que sientan las bases para los Presupuestos", y que, por ello, en caso de ser rechazados por el Senado se debería requerir la mayoría absoluta del Congreso, y no la mayoría simple que propone el PSOE.

Por Unidas Podemos, la diputada Pilar Garrido acusó al PP de "poner siempre los intereses particulares por encima de los intereses generales" y de tener un "sentido patrimonialista del Estado", subrayando que el PP introdujo en 2012 la capacidad de veto del Senado "para obstaculizar la aprobación, cuando se creyera necesario, del techo de gasto". Así, explicó que "el sistema parlamentario español es bicameral pero imperfecto, porque siempre el Congreso tiene preeminencia sobre el Senado, que es una Cámara de segunda lectura, de enfriamiento", por lo que indicó el voto favorable de su formación hacia la toma en consideración de la reforma.

También señaló el voto a favor de su formación el diputado Joan Margall, de ERC, quien resaltó que la tramitación de la reforma es "una magnífica oportunidad para poner fin a los múltiples agravios que sufren las corporaciones locales". En esta línea, recordó que según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), las corporaciones locales tienen más dinero en depósitos bancarios que en deuda, por lo que anunció la presentación de enmiendas "para suavizar el impacto de la regla de gasto, para que los ayuntamientos con cuentas públicas saneadas puedan reinvertir el superávit en politicas sociales o de vivienda".

En términos similares se expresó Ferran Bel, de Junts per Catalunya, que también indicó el voto a favor de su partido y notificó la presentación de enmiendas para pedir la flexibilización de la regla de gasto y para cambiar la actual fijación de objetivos de estabilidad, que establece el mismo objetivo para todas las comunidades autónomas independiemente del estado de sus cuentas, por unos objetivos asimétricos que sí tenga en cuenta dicha realidad.

Por su parte, Íñigo Errejón, de Más País, se mostró a favor de la reforma, señalando que "supone echar a andar en un sentido de desbloqueo" y que "corrige una ley anómala y de excepcionalidad financiera" elaborada en un momento de "recentralización y recortes".

Por otro lado, el diputado Néstor Rego, del BNG, criticó que la reforma del artículo 135 de la Constitución, paso previo a la reforma de la Ley de Estabilidad de 2012, fue "una reforma inaceptable por su carácter reaccionario, centralizador y antisocial" que supuso "un ataque brutal a las ya de por sí escualidas competencias de las comunidades autónomas". Por ello, apuntó que "eso es lo que habría que debatir, y no simplemente qué Camara tiene la potestad de aprobar las limitaciones que conlleva".

Marcos de Quintos, de Ciudadanos, criticó que el PP introdujo el veto en 2012 cuando disfrutaba de mayoría absoluta en dicha Cámara y rebatió al diputado popular afirmando que "justificar el mantenimiento del veto del Senado porque afecta a las comunidades autónomas es naíf, porque todas las leyes emanadas del Congreso afectan a todas las comunidades sin distinción y no por ello el Senado tiene capacidad de veto sobre ellas". Además, agregó que los objetivos de estabilidad ya son negociados por las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y anunció que su grupo está dispuesto a aceptar la toma en consideración de la reforma si en lugar de una mayoría simple del Congreso para levantar el veto del Senado se cambia por una mayoría reforzada.

En cuanto al PNV, Idoia Sagastizabal, se mostró a favor de volver a la redacción de 2007, evitando el veto del Senado, eliminando "la excepcionalidad que existe en torno a lar normas de techo de gasto y objetivos de déficit" y así "acabar con una anomalía que puede ser negativa para aprobar los Presupuestos esté quien esté en el Gobierno".

Para Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, "lo que se propone es absolutamente razonable", ya que "la primacía del Senado sobre el Congreso en esta materia ni tiene legitimidad, ni responde al espíritu constitucional". Además, anunció la presentación de enmiendas para reformar la aplicación del techo de gasto y las limitaciones a las corporaciones locales y comunidades autónomas.

Por parte del PRC, José María Mazón, también aseguró su voto a favor de la toma en consideración, al destacar que "la Constitución Española no es un sistema perfecto" pero que está "bastante bien pensada en algunos aspectos", como el "procedimento claro en cuanto al papel del Senado en la aprobacion de las leyes". En este sentido, afirmó que "del espíritu de la Constitución no se desprende que el Senado pueda tener un derecho de veto absoluto sobre el pronunciamiento del Congreso" y se mostró a favor de que los objetivos de estabilidad "sigan el mismo procedimiento que el resto de las leyes".

Por último Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, indicó su voto en contra de la proposición, tras denunciar que el Gobierno "pretende que en España se vuelva a las andadas de la discrecionalidad, la indisciplina, el descontrol y el desmadre en el manejo del dinero de todos los españoles", así como "reducir el Senado al papel de Cámara comparsa y recuperar la barra libre presupuestaria".