La Seguridad Social tiene un chollo ("cosa valiosa o apreciable que se adquiere a muy bajo precio o con muy poco esfuerzo") con el paro y las bajas de los autónomos, que le dejan cada año una ganancia neta de más de 200 millones que va a parar al fondo general del sistema de protección.

En los seis primeros años de aplicación del llamado 'cese de actividad', diseñado para cubrir el desempleo de los trabajadores por cuenta propia, la Seguridad Social ha tenido una ganancia neta de 692 millones de euros que, de mantenerse la tendencia, habrá superado los 800 al cierre de 2017.

Las cotizaciones ingresadas por este concepto suman en esos años 819,84 millones de euros: 103,84 en 2011, 141,58 en 2012, 143,87 en 2013, 150,73 en 2014, 145,13 en 2015 y 134,69 en 2016, a los que se suman los 108,98 recaudados entre enero y octubre de este año, en el que la previsión es llegar a 132, y los 24,87 de retrasos cobrados en otros ejercicios.

El gasto, por el contrario, con un récord de 18,03 millones en 2016, se quedó en esos seis años en 50,29, lo que situaría el descuadre en 794,42 a favor de las arcas públicas. Sin embargo, la diferencia final es menor por la paradójica circunstancia de que gestionar el cese de actividad de los autónomos cuesta el doble del dinero que distribuye: 102,23 millones de euros en ese sexenio, en el que el año que el coste se ha acercado más a las prestaciones fue en 2016, cuando repartir esos 18,03 millones (tras recaudar 139,66) costó 21,07.

La última memoria de la Seguridad Social admite que la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad, a la que destina el sobrante de esta prestación, "a 31 de diciembre de 2016 asciende a 630,10 millones de euros".

Las bajas y la formación

El segundo chollo del sistema de cotización de los autónomos, que aunque crean tanto empleo como las administraciones siguen viéndose obligados a prolongar su cotización para acceder a pensiones que en muchos casos no superan el nivel de subsistencia, lo tiene la Seguridad Social en la formación de los trabajadores del mar: los 14.500 empleados por cuenta propia cotizan un 0,7% de su base para una formación de la que no disfrutan en la práctica y que ha dejado en la última década una bolsa de 20 millones de euros.

La gestión de las bajas por motivos laborales (enfermedades y accidentes) de los autónomos también sale más que rentable para las arcas públicas, ya que apenas se gasta nada de los 172 millones de euros anuales que estos pagan vía cotización para cubrir los periodos de inactividad provocados por ese tipo de contingencias, para los que cotiza un 84% del total: de los 3,2 millones de autónomos censados a finales de septiembre, 2.768.887 cotizan para tener cobertura de baja por enfermedades profesionales y accidentes laborales.

Una de las causas principales de la 'mala salud de hierro' de los trabajadores por cuenta propia se encuentra, precisamente, en las condiciones de esa incapacidad transitoria: se cobra el 75% de la base de cotización (669,82 euros de 893 para la inmensa mayoría) a partir de la tercera semana (antes, el 60%) pero con la obligación de seguir cotizando (275 euros para el 85% del sector), por lo que en la práctica, y salvo que se trate de una dolencia realmente incapacitante, sale más a cuenta no cogerla e intentar trabajar lo posible durante la convalecencia para generar algún ingreso.

Una baja por cada 40 autónomos

Y tampoco sale mal del todo la gestión de las contingencias comunes, para la que está teóricamente reservada el grueso de los 10.152 millones de euros que aportan cada año en cotizaciones esos 3,2 millones de autónomos.

Así, en los nueve primeros meses de 2017 solo cogieron bajas 73.764 autónomos, que equivalen al 2,66% de los asegurados para acceder a ella, y cuyas convalecencias, con una duración media de 87,84 días, supusieron un gasto en prestaciones de en torno a 140 millones de euros. Se trata de contingencias comunes, que se financian con la cotización básica como las pensiones, y no de procesos causados por accidentes laborales y enfermedades profesionales, cuya cobertura apenas genera gasto a las arcas públicas.

El sobrante de esos 10.152 de contingencias comunes y los 172 de las laborales, una vez descontados los gastos de gestión, se destina a la hucha de las pensiones de un sistema que da a los autónomos una cobertura inferior a los mínimos de subsistencia en situaciones de invalidez y viudedad y que los supera por escaso margen (1.600 euros anuales) en el caso de la jubilación.

"Le sale muy rentable al sistema"

"Le sale muy rentable al sistema que haya muy pocas bajas y que la prestación que generan sea de poca cuantía. El nivel de bajas es muy escaso y el fraude, más aún", explica Eduardo Abad, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos).

En el caso del cese de actividad, por otro lado, se está produciendo una situación de limbo con los fondos destinados a la formación. Un 1% de esa cantidad, entre uno y 1,5 millones de euros anuales, debería ser transferido a las comunidades autónomas (de manera proporcional a su volumen de cotizantes) para que estas lo destinaran a la preparación para reincorporar al mercado laboral a los autónomos que abandonan. Sin embargo, ni el Gobierno central lo envía ni los autonómicos lo reclaman.

"Una parte de esa cotización debería ir a financiar la formación de quienes salen del trabajo autónomo. Eso debería ocurrir desde 2011, pero no se hace", explica Abad, que remarca que “en ningún caso se han destinado esos fondos a esas acciones. Ninguna comunidad los ha reclamado, aunque UPTA lo ha puesto en conocimiento de todas ellas.