País ValenciàLa caída del precio de la uva pone al límite a los viticultores valencianos

Las inmensas extensiones de viña de las comarcas de la llanura de Utiel podrían estar en peligro? Es uno de los paisajes valencianos más característicos, pero es obvio que con la postal no hay bastante y que sin una producción sostenible los cultivos se irán abandonando. Cualquiera pensaría, pero, que esta producción vinícola, la más importante del País Valenciano, y protegida por la Denominación de Origen Utiel Requena no pueden estar en peligro. Nada más lejos de la verdad.

La Unió de Llauradors alerta que la campaña de vendimia ha empezado sin unos precios fijados previamente, tal como es habitual, y que las bodegas que sí que han ofrecido unos precios, estos son equiparables al que se pagaba el 1976, una referencia que temen que se generalice. En una situación, además, de caída de la cosecha, que podría reducirse hasta el 20% al conjunto del País Valenciano, si bien con fuertes diferencias por zonas.

"La situación no tiene ninguna lógica, no puede ser que bajo la cosecha y los precios al mismo tiempo –explica Luis Javier Navarro, responsable de viña de la Unió de Llauradors–, pero las grandes bodegas están avisando a los productores que este año no van a comprar la uva como forma de presionar para bajar el precio, porque aquí el 95% de la cosecha es por estas empresas". A pesar de que todavía no hay precios fijados –un hecho que incumpliría la legalidad–, Navarro se basa en las primeras ofertas de las bodegas y también en la experiencia de la DO Ribera del Duero, donde los precios han caído entre el 40 y el 50% y "en la Rioja ha ido similar".

El año 2013 se aprobó la Ley de la Cadena Agroalimentaria, que en principio prohíbe la compra de los productos agrarios bajo precio de coste y que se puedan iniciar las campañas de cosecha sin unos precios fijados. Ahora, desde la Unió de Llauradors se denuncia que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiendo del ministerio de Agricultura no está haciendo aplicar la ley y no se explica porque no investiga la compra de uva sin precio fijado por parte de las bodegas privadas.

"No entendemos por qué sirve esta ley si no se aplica", continúa Navarro, y avisa que en algunos casos, los contratos firmados incluyen una cláusula que "especifica que el precio pagado está por encima de los costes, una condición muy perversa, porque puede influir en los precios del año siguiente".

Desde el ministerio de Agricultura se limitan a aconsejar que «los viticultores denuncian las irregularidades, si hay». Por su parte, desde la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), que agrupa todos los profesionales del sector, desde campesinos a bodegas o las distribuidoras, reconocen que "estamos viviendo una situación muy complicada por los efectos de la pandemia en el sector del vino español, de ahí las posibles tensiones que se están generando en algunas zonas vitivinícolas".

También recuerdan que "en febrero de este año, el gobierno modificó la Ley de la Cadena Alimentaria especificando, entre otros aspectos, que los precios de los productos agroalimentarios deben cubrir los costes de producción», y en consecuencia animan a "exigir el cumplimiento de dicha ley y denunciar cuando se infrinja".

Pero por otro lado, dentro del sector se reconoce la dificultad de aplicar de forma sistemática la Ley de la Cadena Agroalimentaria, puesto que los costes son individuales, y además mucha venta se hace directamente a cooperativas, que son empresas privadas que reparten beneficios y no están obligadas a fijar precios.

Desde los sindicatos agrarios se alerta que la situación es «insostenible» y que ya están discutiendo propuestas de movilización. "Haremos el que haga falta", avisan desde la Unió de Llauradors.

Una ley inaplicada

La pandemia ha sido uno de los otros motivos de preocupación de los viticultores. Hasta ahora, la vendimia no ha generado grandes brotes de covid, tal como pasó en la recoleta de fruta este verano a Aragón y Lleida. Desde los labradores se hace hincapié en el esfuerzo particular hecho para garantizar las medidas higiénicas necesarias pero, de nuevo, denuncian el desinterés y el olvido por parte del ministerio. "Prometieron mucho, pero en la hora de la verdad no han hecho nada –se queja Navarro–, sus medidas han estado ineficaces por carencia de recursos".

Desde el sindicato se denuncia que el ministerio no ha aportado fondos propios para mejorar la prevención –como sí que habría hecho Francia–, y que se ha limitado a redistribuir los fondos europeos del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE, en las siglas en castellano) con los que ya contaba.