Los países cuyo déficit público supere el 3 % del PIB, como es el caso de España actualmente, tendrán que acometer ajustes presupuestarios mayores que el resto y en caso de incumplimiento persistente se enfrentarán a multas cada seis meses que se acumularán hasta que adopten "medidas efectivas".

Así consta la propuesta legislativa para la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que la Comisión Europea presentó este miércoles tras meses de negociaciones entre los Estados miembros a nivel político y cuatro años de suspensión primero por la pandemia y después por la guerra de Rusia en Ucrania.

De hecho, Bruselas admite que la reforma persigue adaptar el marco presupuestario de la UE a la "heterogénea" posición fiscal de los países, cuyas deudas se han disparado en los últimos años, y también dejar espacio para que puedan acelerar las transiciones verde y digital.

El nuevo marco pone el acento en una mayor flexibilidad para los Estados miembros, que elaborarán sus propios planes presupuestarios con un solo indicador como base: el gasto primario neto, que excluye los intereses de la deuda y las prestaciones por desempleo.

Estas trayectorias fiscales nacionales tendrán que estar basadas en una serie de recomendaciones "técnicas" que la Comisión Europea trasladará a cada país y abarcarán un periodo de cuatro años, ampliables a siete si el país se compromete a adoptar reformas estructurales o inversiones para la descarbonización y la digitalización de su economía.

Aquellos países con una deuda pública superior al 60% del PIB tendrán que lograr reducirla de "forma plausible" o llevarla a niveles "prudentes" durante al horizonte de vida del plan, mientras que aquellos con un déficit superior al 3% tendrán que acometer un ajuste anual del 0,5% del PIB. Este sería el caso de España, que cerró 2022 con un déficit público del 4,8% y una deuda del 113,2% del PIB.

Bruselas ha introducido el recorte anual obligatorio del 0,5% del déficit, que no contemplaba inicialmente en su propuesta, después de que algunos países pidiesen referencias numéricas concretas para garantizar los ajustes.

Sin embargo, la Comisión no ha recogido la propuesta de Alemania, que pedía exigir rebajar la deuda un 1% del PIB cada año y ha eliminado, como tenía previsto, la norma que obligaba a recortarla en un veinteavo de su volumen anualmente por considerarla "demasiado rígida y exigente".

Eliminarla permitirá una "aplicación realista" de los expedientes basados en el exceso de deuda pública, "que hasta ahora existen en el marco pero nunca habían sido aplicados", según explicó el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, en rueda de prensa.

El Ejecutivo comunitario ha introducido además otras salvaguardas para asegurar que los países no retrasan los ajustes: la deuda no podrá ser más alta al final del plan que al inicio, no se podrán dejar los recortes para el final aunque se amplíe la senda a siete años y el aumento del gasto público sin contar prestaciones por desempleo e intereses de la deuda tendrá que mantenerse por debajo del crecimiento a medio plazo.

Multas por incumplimiento

Así, posibles "desviaciones" de las sendas fiscales pactadas por Bruselas derivarán en la apertura de un expediente por déficit excesivo y, en última instancia, en la imposición de multas por incumplimiento, que Bruselas ha modificado para que sean más automáticas y realistas, puesto que en los veinte años del Pacto nunca se han llegado a aplicar.

De esta forma, la nueva redacción prevé cada seis meses sanciones equivalentes al 0,05% del PIB que se irán acumulando hasta un máximo del 0,5% del PIB hasta que el país afectado demuestre que ha adoptado "medidas efectivas" para embridar sus cuentas públicas.

"También podemos imponer sanciones financieras y bajar su cuantía (con respecto a las reglas actuales) hará que sean más fáciles de imponer", explicó Dombrovskis al respecto.

La intención de los propios gobiernos europeos es negociar las propuestas legislativas en los próximos meses y lograr un acuerdo antes de que acabe el año para que el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento pueda entrar en vigor ya en 2024.