Primero fueron las fusiones y la absorción de las antiguas cajas de ahorro. Ahora, una vez cerrados esos procesos, que según los datos del Banco de España, se han llevado por delante en seis años más de 55.000 empleos, casi 12.000 oficinas y más de medio centenar de entidades, la carrera por la modernización del sector financiero, principalmente en busca de clientes minoristas, ha pasado a situarse como el principal argumento para los nuevos ajustes de empleo en la banca española.

Dos de las principales entidades financieras españolas, Santander y CaixaBank están lanzando estos días sendos procesos de regulación de empleo que suponen una novedad en el ramo, ya que a los miles de bajas que plantean se les suman una serie de planteamientos que entrañan cambios inéditos en la orientación de las relaciones laborales en el sector financiero.

Son las primeras que emprenden ese camino, aunque en medios sindicales se considera que el formato va a generalizarse en el sector, que, tras la burbuja del crédito vinculado al ladrillo, la posterior crisis y los procesos de fusiones para sanearlo con el rescate, se enfrenta a un nuevo escenario de menores márgenes de negocio y mayores exigencias de capital al mismo tiempo.

Acaban las negociaciones previas en CaixaBank

La dirección de CaixaBank cierra este miércoles el periodo de negociaciones con los sindicatos previas a la presentación de un ERE que, inicialmente, va a incluir 2.157 despidos, lo que afectaría a uno de cada catorce empleados de la entidad.

Ese recorte de plantilla está vinculado al cierre de 800 sucursales que contempla el Plan Estratégico de CaixaBank para los próximos tres años, cuyos objetivos principales serían potenciar el nuevo modelo de oficinas urbanas, fortalecer la red rural y reforzar los servicios digitales. En el plano laboral, eso se traduce en sumar 310 oficinas a las 290 que abren hasta las 18:30 horas de lunes a jueves con el modelo store, en añadir 1.100 empleados a los 900 destinados al servicio intouch, en el que prestan atención personalizada remota hasta las seis y media de la tarde, y en ampliar el formato Agrobank en las áreas rurales.

Junto con la ampliación de horarios, que conllevará tener que trabajar cien tardes al año (dos por semana) para los miles de gestores de la entidad, con un recorte de las condiciones salariales en las futuras promociones internas y con una reclasificación a la baja de algunas categorías laborales, CaixaBank pretende tener libertad para mover en un radio de cien kilómetros a sus empleados durante dos años.

Los costes laborales del nuevo modelo de negocio

Son los ‘costes’ laborales del nuevo modelo con el que CaixaBank pretende mejorar su negocio tras haberse convertido en la entidad financiera que mayor volumen de beneficios obtiene en España, aunque los sindicatos no ven con buenos ojos esas propuestas.

“Retirar la movilidad forzosa es una condición imprescindible para que pueda haber un acuerdo. La dirección dice que es algo imprescindible, pero nosotros no lo vemos así”, señala Ricard Ruiz, de CCOO, que recuerda que el actual convenio colectivo ya contempla desplazamientos de 25 kilómetros.

“Cien kilómetros pueden llegar a suponer dos horas de viaje en algunos territorios, y eso te obliga a cambiar de residencia”, añade. Tras el ERE de 2013, que incluyó 2.600 bajas dos años antes de ejecutar otro de 700, CaixaBank pudo aplicar medidas de movilidad geográfica sin limitaciones, lo que se tradujo en una cascada de bajas posteriores de cientos de trabajadores que se vieron afectados por los traslados.

Hasta ahora, sin embargo, la empresa se muestra firme en esas nuevas condiciones laborales. Tanto, que ha llegado a abrirse a renunciar a los despidos y sustituirlos por bajas voluntarias incentivadas si obtiene el visto bueno para aplicar todas ellas. “Estamos dispuestos a hablar”, anota Ruiz, que apunta que el periodo de negociaciones previas puede ser ampliado la próxima semana en caso de acuerdo entre empresa y representantes sindicales.

En el mismo sentido se pronuncia Jordi García Rovira, de UGT, para quien el movimiento de la empresa con las extinciones forzosas “allana bastante el camino. Esperamos que haya más, porque sigue habiendo muchas barreras para el acuerdo, aunque no tan sustanciales como las bajas forzosas. La mayoría sindical dejó claro que si no las retiraban no íbamos a negociar”.

Ruvira destaca dos factores en este nuevo modelo de negociación. Uno es la “ventaja negocial” que la reforma laboral da a las empresas, ya que la normativa le permite incluir en la negociación más ámbitos de los que entraban hace unos años. El otro es el cambio de perfil de las direcciones de los bancos. “El empresario es ahora un consejo de administración que vela mucho por el interés de la acción, y eso les lleva a poner mucho el acento en las medidas regulatorias”, señala.

El mutismo de Santander

En el caso de Santander, que este lunes reúne a los sindicatos para abrir el periodo de quince días de negociaciones previas a la presentación del ERE, el mutismo de la dirección es absoluto mientras algunos medios de comunicación especulan con un volumen de en torno a 3.000 despidos y el cierre de más de un millar de sucursales.

“No tenemos ninguna información”, explica Ana Herranz, de CCOO, que intuye que tampoco este lunes se conocerá la cifra de bajas que maneja la entidad tras escuchar el informe técnico con el que los responsables de la entidad, que apelarán a la reducción de los márgenes comerciales y a la necesidad de aprovechar sinergias tras la absorción de Popular, tratarán de justificar las nuevas condiciones.

“Nosotros reclamamos que, en todo caso, las bajas sean voluntarias, que no haya medidas traumáticas y que se mantengan las condiciones económicas del último ERE”, añade.

Aquel, que fue el primer ajuste tras la absorción de Popular por Santander, afectó a 1.100 empleados de los servicios centrales de ambas entidades, mientras que este llega tras cerrar la integración operativa y de imagen de la nueva red de sucursales.

Sin embargo, sí parece seguro que la propuesta del banco no se limitará al ajuste de personal y que, como ocurre en el caso de CaixaBank, incluirá modificaciones de las condiciones de trabajo relacionadas con el proceso de digitalización de la entidad y con el modelo de atención al cliente.