La banca española acumula más de 40.000 millones de euros en bonos fiscales convertibles en metálico durante los próximos diez años y que si no han sido canjeados en ese periodo les serán entregados como deuda pública en formato de bonos del Tesoro.

Esa parte de los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) son la última pieza, en diferido, del proceso de saneamiento y concentración del sector iniciado en 2012 y conocido como el rescate, cuyo coste final para las arcas públicas superará los 175.000 millones de euros, ya que a esa cifra, de 42.073 millones al cierre del pasado ejercicio, se le añaden los 73.261 inyectados por el FROB (Fondo para la Reestructuración y Ordenación del sistema Bancario), de los que habría que restar los 190 del primer dividendo que ese organismo ingresa por su participación en CaixaBank, y se le suman los 60.672 que suponen la deuda pagada y pendiente (50.781 de la Sareb o banco malo y los 9.891 de déficit que arroja su gestión).

¿Y qué son los activos fiscales diferidos o DTA? Originariamente, los DTA (Deferred Tax Asset) eran las bases negativas en el Impuesto de Sociedades que la legislación permite anotarse a las empresas en los años de pérdidas para aplicarlas como descuento y reducir su factura fiscal en los de beneficios.

Sin embargo, en el caso de la banca española, el Gobierno de Mariano Rajoy, con Luis de Guindos y Cristóbal Montoro en las carteras de Economía y de Hacienda, respectivamente, articularon en 2013 y 2016, vía decreto y en los comienzos del rescate, un sistema extraordinario por el que las entidades financieras iban a poderse anotar como descuentos pendientes, y en este caso no solo compensables sino susceptibles de ser canjeados por dinero, las aportaciones a los planes de pensiones de sus empleados y directivos, los fondos destinados a financiar las llamadas prejubilaciones y otros capítulos de previsión social, así como las "dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores".

El valor de esos activos sería transformable en dinero por la Agencia Tributaria a lo largo de 18 años, es decir, hasta 2032, siempre que "la entidad sea objeto de liquidación o insolvencia judicialmente declarada", caso de Popular antes de su compra por Santander, que ahora reclama a Hacienda una liquidación de 642 millones por las pérdidas que se anotó en 2020, o de que el banco "registre pérdidas contables en sus cuentas anuales, auditadas y aprobadas por el órgano correspondiente".

Si eso no ocurre, esos DTA "podrán canjearse por valores de deuda pública" una vez transcurridos 18 años desde su anotación, lo que expone a las arcas públicas a un desembolso de en torno a 30.000 millones de euros en bonos y/o letras del Estado en esa fecha y a pagar así otros 12.000 en los ocho años siguientes, con los intereses asociados, aunque el decreto estableció que "el procedimiento y el plazo del canje se establecerán de forma reglamentaria".

Esa normativa hace que, lógicamente, las entidades financieras opten por irse descontando en sus declaraciones del Impuesto de Sociedades los DTA estándar mientras reservan para más adelante los monetizables, por los que pagan a Hacienda una tasa anual del 1,5%. Esa presión fiscal supone una merma del 27% en los 18 años de espera, lo que equivale a poder recuperar el 73% menos las depreciaciones que pueda conllevar la inflación.

Eso hace que, salvo excepciones como la de Santander, que ya había convertido hace cinco años otros 500 millones en DTA, en este caso por los números rojos de Popular, con las inusuales pérdidas contables del primer año de la pandemia, las entidades opten por reservar los activos monetizables y por compensar los tradicionales.

Así ocurrió por última vez el pasado mes de abril, cuando la Agencia Tributaria reseñó en su Informe Mensual de Recaudación "el pago mediante compensación de una devolución ligada a los activos fiscales diferidos (más conocidos como DTA) con un importe de 161 millones" de euros a una entidad financiera. Unos meses antes de la pandemia, a finales de 2019, varias de ellas sumaban operaciones por valor de 1.333 millones.

"Acabarán suponiendo un desembolso de dinero público"

Los datos de las dos patronales del sector financiero, Aebanca y Ceca, y de los propios bancos y cajas de ahorro bancarizadas, indican que sus balances suman DTA por valor de 77.234 millones de euros, aunque algo más de 20.000 de ellos una parte de ellos son aplicables a haciendas de otros países en los que operan, principalmente Santander y BBVA.

Los DTA anotados por bancos y cajas contra la Hacienda pública española son algo más de 66.000, de ellos 42.073 monetizables y otros 14.000 de formato tradicional. Esas tres cifras multiplican, respectivamente, en 85, 54 y 18 veces los 772 millones de euros que estas pagaron el año pasado como impuestos por los beneficios generados con su negocio local.

"Los créditos fiscales monetizables son una especie de aval o garantía, cuyo impacto económico dependerá de lo que pase a lo largo de los 18 años siguientes a 2014, que es cuando entró en vigor", explica el economista, Carlos Sánchez Mato, que anota que "solo si una entidad no puede aprovechar esos créditos fiscales para ahorrarse impuestos en un plazo de 18 años, o si llega a liquidarse, a incurrir en situación de insolvencia, o a presentar pérdidas contables, los activos fiscales diferidos se convertirían en un crédito directo contra Hacienda".

No obstante, añade, "una parte importante de esos DTA acabará suponiendo un desembolso de dinero público, ya sea en efectivo o en deuda, salvo que las entidades financieras compensen esos activos con ganancias". Aunque esa última opción no parece probable, ya que requeriría que bancos y cajas sumaran unos beneficios netos de más de 120.000 millones de euros en una década solo con el negocio en España.