Los usuarios de servicios financieros tienen hoy menos donde elegir que antes del estallido de la crisis de 2008. El número de entidades significativas ha pasado desde entonces de más de sesenta a apenas una decena.

Este brutal proceso de concentración bancaria no ha salido gratis a los contribuyentes españoles. Para hacerlo posible se han movilizado más de 56.000 millones de euros de dinero público, de los que el Estado no cuenta con recuperar unos 42.000 millones.

La mayoría de esos cuantiosos fondos se han destinado al saneamiento de las cajas de ahorros que más problemas presentaban. Pero su rescate ha supuesto también un importante beneficio para los bancos. Sobre todo, para los más grandes, que se han quedado con bastantes de ellas, en algunos casos limpias de polvo y paja, lo que les ha permitido crecer muy rápido y, por el mismo precio, quitarse de en medio una porción nada desdeñable de su competencia.

Como consecuencia de ello, el sector se encuentra en una situación cada vez más cercana al oligopolio. Según datos del Banco Central Europeo (BCE), las cinco primeras entidades del país copan ya el 68,5% del mercado por activos. Antes de que se desencadenara la crisis, en 2007, controlaban el 41%. Sólo tres países de la Unión Europea han experimentado durante los últimos años un proceso de concentración mayor que España: Chipre, Letonia y Lituania.

Ese 68,5% se verá superado cuando sea realidad la anunciada absorción de Bankia por CaixaBank, que hará ascender al grupo de los cinco grandes a Bankinter, ahora fuera de su perímetro. Una incorporación que puede ser efímera, ya que la unión de Unicaja y Liberbank, todavía en fase de negociación, situaría a la sociedad resultante por encima de Bankinter en cuanto al valor de sus activos.

De la desaparición de las cajas de ahorros no se han beneficiado los cinco grandes bancos por igual. El Santander no se quedó ninguna, aunque en la última década ha digerido dos platos fuertes: Banesto, que tuvo marca propia hasta 2012, y el Popular en 2017.

BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell, sin embargo, sí aprovecharon la oportunidad y dieron un notable salto adelante, al quedarse con buena parte de los restos del naufragio de las cajas.

BBVA se anexionó las de Sabadell, Terrasa, Manlleu, Catalunya, Tarragona y Manresa. CaixaBank, las de Gerona, Navarra, Burgos, Guadalajara, General de Canarias y Cajasol. Bankia, las de Madrid, Segovia, Ávila, Rioja, Murcia, Granada, Laietana, Insular de Canarias, Penedés, Sa Nostra y Bancaja. Y Sabadell, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), una de las que en peores condiciones se encontraba.

La reestructuración del sistema financiero ha sido subvencionada por el Estado, que desembolsó más de 56.000 millones de euros para el saneamiento de las entidades con problemas, de los que se devolverán como mucho 14.000 millones, según los últimos cálculos facilitados por el Banco de España.

No fue el único dinero inyectado: el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que sufraga el propio sector, también aportó 24.000 millones, que se dan por perdidos casi en su totalidad.

Algo menos de la mitad de los 56.000 millones de euros de ayudas públicas fueron para Bankia, incluyendo BMN, grupo formado por las cajas de Murcia, Granada, Penedés y Sa Nostra y que el año pasado se integró en Bankia. De los 24.000 millones utilizados para evitar su quiebra, se espera recuperar 9.500, siempre y cuando sea vendida a un precio razonable la participación que el Estado tiene en Bankia (61%) y que pasará a tener en CaixaBank tras la absorción (16%).

Pero el dinero público ha servido también para reflotar otras entidades, hoy subsumidas en grupos bancarios más grandes. Por ejemplo, Catalunya Caixa, perteneciente desde 2014 a BBVA, en la que el Estado se gastó 12.599 millones de euros, pero sólo han sido devueltos 782 millones. En Novacaixagalicia (ahora Abanca) se emplearon 9.404 millones, de los que se han recuperado 783 millones. En el caso del Banco de Valencia, que era de Bancaja y desde 2012 forma parte de CaixaBank, se dan por perdidos los 6.103 millones que su salvamento costó.

El dinero público que ha ayudado a sanear el sistema, y que a la postre ha facilitado que ahora esté en menos manos, tendrá que pagarlo tarde o temprano el contribuyente, mediante la cancelación de la línea de crédito por importe máximo de 100.000 millones de euros que España obtuvo a tal fin de la Unión Europea en junio de 2012.