La plataforma Audita Sanidad presentará este martes en la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra la cúpula de Consejería de Sanidad por presunto fraude con relación a los contratos menores realizados por este departamento.

En concreto, la demanda que se registrará alude a presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude "por fuertes evidencias de fraccionamiento en numerosos contratos menores firmados en el año 2016".

Audita Sanidad ha analizado los contratos menores adjudicados a empresas proveedoras de diferentes servicios y suministros, en muchos de los cuales ha hallado "claros indicios de fraccionamiento", hecho prohibido por la Ley 3/2011 de Contratos del Sector Público, en vigor en el año 2016.

La denuncia será posteriormente presentada también ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y en el Tribunal de Cuentas.

En un informe elaborado por esta plataforma aseguraba que la Consejería de Sanidad formalizó el año pasado un total de 570.031 contratos menores por un importe de 850,5 millones de euros, cantidad superior a los 642 millones que se adjudicaron mediante concursos públicos.

El estudio cuantificaba que en 2017 se tramitaron aproximadamente 100.000 contratos más que los efectuados el ejercicio anterior (485.119) y 151 millones más que en 2016. Aparte, concentran el 57% del valor total de la contratación pública de la Consejería de Sanidad.

Audita Sanidad consideraba que se está haciendo un "uso y abuso" de estos contratos menores y está estudiando si el amplio volumen de este tipo de contratos tiene relación con prácticas de "fraccionamiento" para "adjudicar a dedo" recursos públicos, avanzando en noviembre del año pasado que estudiaba presentar una denuncia en Fiscalía Anticorrupción.

Por su parte, la Cámara de Cuentas detectó durante 2017 diversas prácticas de fraccionamiento de contratos menores en diversas consejerías regionales y organismos autónomos de la Comunidad de Madrid, y un gran peso de este tipo de contratación en el caso del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

El órgano fiscalizador observaba que en numerosas ocasiones se contratan durante un ejercicio servicios cuyo coste no supera el límite establecido en el artículo 138 de la normativa para los contratos menores, "pero que se repiten, año tras año, lo que va en contra de lo establecido de la regulación sobre Contratos del Sector Público "a tenor del cual los contratos menores definidos en el citado artículo no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga".

Cita los casos de varios centros hospitalarios de la región como el Hospital Central de la Cruz Roja, el Hospital de El Escorial, el Hospital de Fuenlabrada, el Hospital de la Fuenfría, el Hospital de Getafe, el Hospital de Móstoles y el Hospital Psiquiátrico Dr. R. Lafora de Madrid.

"La contratación menor de los hospitales pertenecientes al Servicio Madrileño de Salud se realiza de forma generalizada, llegando a convertir en práctica habitual lo que es una excepción en la contratación pública. Los suministros de material médico a un único proveedor son muy superiores al límite establecido en el artículo (...) El fraccionamiento producido en los hospitales es tan generalizado que vuelve muy difícil su tratamiento individualizado por lo que se ha obviado la referencia específica desglosada por centros y se opta por hacer un análisis global del mismo", argumentaba el informe.