AeronáuticaLa Audiencia Provincial de Sevilla ordena reabrir la investigación judicial del accidente del avión militar A400M en 2015

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado reabrir la instrucción con respecto al accidente del Airbus militar A400M ocurrido en las inmediaciones del aeropuerto hispalense el día 9 de mayo de 2015, que dejó cuatro fallecidos y dos heridos, tras el archivo de la causa por parte del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla en junio de 2018.

Según han informado fuentes del caso a Europa Press, la Audiencia, en un auto dictado este pasado miércoles, ha estimado los recursos interpuestos por los representantes legales de familiares de los afectados y ha revocado la decisión del Juzgado de Instrucción instándole a que reabra la causa e inicie nuevas diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

Cabe recordar que en abril de 2018 la titular del Juzgado, la magistrada María José Moreno, decretó el sobreseimiento provisional de la causa, después de la solicitud de la Fiscalía y al considerar que no existían indicios para continuar la acción penal.

Igualmente, la juez instructora rechazó la petición de la práctica de nuevas diligencias de pruebas presentada entonces por las acusaciones, entre las que se encuentran las familias de los cuatro fallecidos y los dos supervivientes del accidente.

En su auto la juez señalaba que el accidente se produjo por "una concatenación de causas" pero ninguna de ellas con "suficiente" entidad para atribuir responsabilidades penales. Sin embargo, la instructora recogía en el citado auto que se producen "múltiples fallos" por parte de Airbus y de Europe International (EPI).

Esta decisión del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla fue recurrida por la mayoría de las acusaciones para revocarla y mantener abierta las diligencias, solicitando entonces la práctica de nuevas diligencias, que entiende "necesarias" para "el total esclarecimiento" de los hechos.

Ese recurso fue desestimado por el Juzgado en junio de 2018 y se dictó un nuevo auto de sobreseimiento que se recurrió ante la Audiencia Provincial de Sevilla que ha estimado las alegaciones y ha decidido la reapertura de la causa, tal y como ha adelantado El Confidencial.

Discrepancia de la Audiencia Provincial

En el auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, la Audiencia señala que discrepa de la conclusión ya que entendemos que "si bien es cierto" que influyeron en el accidente tanto el defecto de diseño y de instalación del software de las ECU, que recoge el informe examinado, "no se puede descartar" en el actual estado el procedimiento que la causa eficiente del accidente tal y como se produjo "no fue otra que la ausencia de formación, documentación e instrucciones a la tripulación sobre la congelación irreversible de los motores 1, 2 y 3 del avión para el caso de retrasar, como ocurrió, las palancas de potencia a 'Flight Idle'".

Continuando esa línea, la Audiencia señala que "esa falta de formación, documentación e instrucciones a la tripulación" pudiera haber sido "la causa eficiente del accidente", ya que precisamente parece que la congelación irreversible de esos tres motores impidió la posibilidad de que se restableciera el vuelo horizontal del avión, sin que por parte de el informe examinado "se ponga de manifiesto" que la mera degradación de la potencia dichos motores, debido al borrado inadvertido de los parámetros de calibración de torque, por las causas técnicas indicadas, de igual manera hubiera impedido el vuelo horizontal del avión.

"Por ello, esa falta de formación, documentación e instrucciones a la tripulación, en sí misma pudiera ser considerada como una imprudencia grave del artículo 142 del Código Penal de las personas responsables de facilitarlas, lo que obliga a la revocación de sobreseimiento provisional acordado en los autos recurridos", indica el auto.

La Fiscalía pidió archivo

De otra parte, cabe apuntar que el Ministerio Público elevó un escrito al Juzgado en octubre del 2017 en el que reclamaba el archivo de la causa al entender que "la tripulación tomó durante el vuelo las decisiones razonables habida cuenta de las circunstancias concurrentes, aunque no fueran las más adecuadas".

Tras la petición de la Fiscalía, las familias de los cuatro fallecidos, que fueron el piloto, Jaime de Gandarillas; el copiloto, Manuel Regueiro, y los ingenieros Gabriel García Prieto y Jesualdo Martínez; así como los dos supervivientes del accidente expresaron su oposición al archivo y anunciaron que solicitarían nuevas diligencias de prueba, denegadas por la juez en el auto de archivo de la causa.

La Fiscalía, en su escrito en el que reclamaba de archivo, consideraba que, "si bien es cierto que hubo errores en la actuación de la tripulación, lo cierto es que actuaron de manera lógica ante los diferentes avisos recibidos, las limitaciones impuestas por la torre de control, y la falta de formación en reacción conjunta ante las emergencias existentes", a todo lo cual "se unió la colisión con la torreta de alta tensión".

Para llegar a estas conclusiones, analiza el informe elaborado por la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (Citaam), dependiente del Ministerio de Defensa, valorando "las actuaciones que han funcionado, como causas o concausas, que desencadenaron el trágico resultado", y todo ello "contextualizando en el marco en el que se produce el accidente: en un vuelo de prueba".