La Audiencia Nacional acoge a partir de este lunes el juicio contra el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea, su exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega y otros tres exaltos cargos acusados de delito de administración desleal por las millonarias indemnizaciones recibidas por los dos primeros poco antes de que la compañía presentara el preconcurso de acreedores.

Los otros tres procesados que se sientan en el banquillo de los acusados a partir de esta semana son los exconsejeros Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornielles, que estuvieron presentes en la reunión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones donde se acordaron los pagos.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal denuncia que Benjumea percibió unos devengos de 11.484.000 millones de euros y Sánchez de 4.484.000 euros en 2015 pese al "endeudamiento" de la compañía sevillana y a no cumplir con lo estipulado en los contratos de la alta dirección.

Cuatro años antes, en 2011, se reconoció a ambos directivos el cobro de siete y cuatro millones de euros respectivamente en calidad de retribución complementaria al alcanzar los 65 años siempre y cuando cumplieran los requisitos acordados, entre ellos la obligación de permanecer en el cargo hasta alcanzar dicha edad.

Sin embargo el 23 de septiembre de ese mismo año Benjumea fue cesado como presidente y renunció "de forma voluntaria" a su cargo como miembro del consejo de administración, dejando de cumplir los puntos estipulados para el cobro de dicha cuantía. Para evitar desvincularse de la compañía y poder percibir las cantidades, fue nombrado presidente no ejecutivo del Consejo y firmó un contrato en calidad de asesor (cobrando el mismo sueldo que percibía como consejero).

Por ese motivo el fiscal del caso, José Perals, le acusa de "aparentar su marcha de la sociedad" como si fuera una condición impuesta por los bancos que iban a rescatar al grupo de ingeniería. Al contrario, precisa que las entidades, que iban a inyectar al menos 650 millones de euros para la ampliación de capital, sí recomendaron que se marchara ya que consideraban que su salida de la compañía mejoraría la imagen de eficacia de la misma, pero nunca lo impusieron.

Lo mismo ocurrió en el caso de Sánchez Ortega quien renunció de sus cargos el 20 de abril de 2015 volviendo a firmar un contrato de prestación de servicios el 1 de junio, según indica el fiscal que recuerda que esto se produjo en un momento en el que la compañía atravesaba una "grave crisis" y estaba a punto de negociar una ampliación de capital para evitar la quiebra.

Entre tres y cinco años de cárcel

Por estos hechos el fiscal del caso solicita para Benjumea, que ostentó la presidencia de la compañía entre 1988 y 2015, cinco años de prisión y multa de 90.000 euros y cuatro años y tres meses para Sánchez Ortega y multa de 72.000. Además pide una indemnización por responsabilidad civil para Abengoa de 4.484.000 euros en el caso de Sánchez Ortega y 11.484.000 euros de manera conjunta y solidariamente para Benjumea y los otros tres acusados.

El Ministerio Público pide tres años y medio de cárcel y multa de 36.000 euros para Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornielles por informar favorablemente, en calidad de miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, sobre el reconocimiento a los otros dos investigados de los términos económicos de su renuncia.

Además en la misma comisión se analizaron los términos y condiciones del nuevo contrato de los dos exaltos cargos por lo que "no solo no efectuaron ninguna objeción, sino que comunicaron que la decisión del Consejo de Administración iba a ser el cese de Benjumea de todas sus funciones como presidente ejecutivo", según el fiscal, que les acusa también de no haberse cerciorado de la legalidad del acuerdo ni de la procedencia de las indemnizaciones.

Borrell, citado como testigo

En la cuarta sesión de la vista oral que arranca el lunes declarará, en calidad de testigo, el exministro socialista Josep Borrell, por haber formado parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y del Consejo de Administración de Abengoa.

Durante la instrucción de la causa, que corrió a cargo de la jueza Carmen Lamela, el exministro y expresidente del Parlamento Europeo ya declaró que no estuvo presente en la reunión en la que se avaló la millonaria indemnización concedida al expresidente de la empresa Felipe Benjumea porque se encontraba presentando su libro Las cuentas y los cuentos de la independencia.

Según Borrell, votó a favor de la indemnización porque había delegado su voto en otro miembro del consejo, el imputado Antonio Fornieles. Además, el también exdirigente del PSOE ha defendido siempre que él pensaba que Abengoa era solvente y que no fue hasta el mes de julio de 2015 cuando percibió que podría haber problemas financieros.