La política española abre este jueves, de nuevo, el debate sobre la suficiencia fiscal y la justicia tributaria, es decir, en torno a cómo ingresa el Estado lo que necesita para financiar sus servicios y acerca de quién soporta qué parte del peso de los impuestos, una carga que en los últimos años viene recayendo mayoritariamente en los hogares y, dentro de los ámbitos productivos, en las pymes y los autónomos hasta el punto de que la presión fiscal sea tres veces más intensa para las familias que para las grandes empresas.

La reapertura del debate va a comenzar con la presentación, prevista para las diez de la mañana, del Libro Blanco del Comité de Personas Expertas para la Reforma del Sistema Tributario en el que dieciséis expertos en esa materia designados por el Ministerio de Hacienda vienen trabajando desde abril del año pasado sobre cuatro ejes: la fiscalidad medioambiental, la tributación de la economía digital, la adecuación del Impuesto de imposición en sociedades y la armonización del de Patrimonio, cuya gestión varía en cada comunidad del régimen general con la situación extrema de Madrid, que lo bonifica al 100% con una merma fiscal cercana a los mil millones anuales solo en ese territorio.

Ese contenido debería ser, según los planteamientos del propio Gobierno, o al menos los de su socios mayoritario expresados por boca de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la base de una reforma fiscal que comenzaría a entrar en vigor este mismo año o, como muy tarde, en 2023.

Los plazos de entrega del informe encajan en las previsiones de Montero, ya que llega con solo tres días de retraso sobre la fecha inicialmente prevista. Otra cosa es que vayan a dar de sí para ellos los condicionantes del ámbito político y del parlamentario, entre los que, al margen de las imprevisibles consecuencias de la invasión de Ucrania por Rusia, destacan el hecho de quedar apenas un año y medio de legislatura y la necesidad de aquilatar en ese plazo las diferencias del PSOE con sus socios de UP, cuyos planteamientos en materia fiscal presentan claras diferencias, de lograr un apoyo amplio por parte de las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y de lograr, después, respaldos políticos suficientes en un tema de este calado.

Un código de buenas prácticas fiscales

La entrega del informe de la llamada ‘comisión de sabios’ abre, en cualquier caso y con sus conclusiones como punto de partida, un debate sobre la aplazada reforma fiscal, que ya quedó postergada hace dos legislaturas tras recibir el entonces ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, las conclusiones del grupo de trabajo que dirigió Manuel Lagares.

Todo apunta a que ahora, por el contrario, el debate se abrirá ya que lo hará sobre un documento del que no se esperan grandes novedades por no abordar, entre otros aspectos, algunos referentes a aspectos claves de la arquitectura fiscal del Estado como la participación de las comunidades autónomas, que prestan el grueso de los servicios del Estado del bienestar, en la recaudación y el reparto de los impuestos a través del sistema de financiación autonómica.

A falta de conocer la redacción final del documento, los expertos, que han desarrollado su tarea divididos en cuatro grupos, se mostraban partidarios de establecer un "código de buenas prácticas fiscales" que evite desequilibrios como los generados por las mermas voluntarias de recaudación, que pasarían a ser incompatibles con la reclamación de mayores volúmenes de financiación.

También lo eran de incluir en el IRPF herramientas para evitar incongruencias entre el sistema tributario y el fiscal, caso de las que se dan cuando un profesional eleva sus cotizaciones mientras reduce su tributación o viceversa.

Los conflictivos impuestos cedidos a las comunidades

Uno de los ejes del debate político va a girar en torno a las propuestas que finalmente presenten los expertos sobre algunos de los impuestos estales cedidos a las comunidades autónomas, caso de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones, tres de las escasas figuras que gravan la posesión de fortunas y de cuyas rebajas hacen bandera algunos gobiernos autonómicos conservadores como el de Madrid.

En el caso de Patrimonio, los expertos pusieron sobre la mesa dos propuestas básicas: integrar ese impuesto en el IRPF, del que inicialmente era complementario, o establecer un tipo mínimo, o una horquilla de tipos suelo y techo, para garantizar una tributación más armonizada que la actual.

En cuanto a Sucesiones y Donaciones, algunas de las aportaciones apuntaba al establecimiento de mecanismos para evitar que la segunda de esas figuras pueda servir como medio de elusión para tributar por la primera, más gravosa, en casos de fallecimiento.

Las dos únicas maneras de recaudar más

Mientras sigue pendiente la decisión sobre el impuesto al diésel en lo que respecta a la fiscalidad verde, las novedades en materia de tributación digital y societaria llegarían tras la puesta en marcha de la tasa Google y de la adecuación de las normas locales a las directrices de la OCDE con el tipo mínimo del 15%.

Se trataría, en estos dos ámbitos, de evitar, o cuando menos de reducir, los efectos elusorios de nuevos modelos de negocio como las plataformas digitales o los family offices y de productos como las criptomonedas, algo que no deja de hallarse en el núcleo de cualquier debate sobre política fiscal: ¿cómo se garantiza que el Estado disponga de los recursos necesarios, con nuevas fuentes de ingresos o con aumentos de la presión tributaria sobre quien ya la sufre? ¿se trata de elevar las bases imponibles y/o los tipos o de poner coto a la elusión?

En ese debate se enmarca también, en el plano práctico, uno de los puntos que mayores discrepancias provocó durante los primeros meses de trabajo de los expertos, y que, de hecho, fue el detonante del abandono de Ignacio Zubiri y de Carlos Monasterio: ¿deben incluirse los rendimientos del capital en la base ordinaria del IRPF o es preferible no hacerlo para evitar que quienes los obtienen en elevadas cantidades puedan optar por deslocalizarlos a otros territorios para reducir su tributación?

Un grupo con predominio del federalismo fiscal

Todos los observadores y agentes del panorama económico consultados coinciden en destacar la elevada capacidad técnica y académica de los 18 expertos que han participado en las trabajos de la comisión.

Entre ellos hay varios que, además de ser o haber sido profesores y catedráticos universitarios, ocuparon altos cargos con gobiernos del PSOE, como su secretario, Alain Cuenca, actual director del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente de Hacienda, y director general de Coordinación Financiera con Pedro Solbes en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, o Santiago Díaz de Sarralde, que ocupó puestos similares en Hacienda y en la Agencia Tributaria en esos años, mientras Antonia Agulló presidió el Consell Tributari del Ayuntanmiento de Barcelona con el PSC y Fran Adame fue secretario de la Comisión del Ministerio de Hacienda sobre reforma de la financiación de las comunidades autónomas en la primera etapa ministerial de Cristóbal Montoro, en los ejecutivos de José María Aznar.

Los miembros de la comisión presentan varios perfiles entre los que predomina el de los federalistas fiscales y especialistas en fiscalidad territorial, en el que, además de alguno de los anteriores, coinciden el catedrático zaragozano Julio López Laborda y el gallego Santiago Lago, consultor de la Xunta con los gobiernos de Núñez Feijóo; los ambientaistas, como el gallego Xavier Labandeira, la castellanomanchega Saturnina Moreno o la madrileña Marta Villar y los expertos en desigualdad y en redistribución de la renta, caso de Ruiz-Huerta, las madrileñas Laura de Pablos, Olga Cantó y David López Rodríguez y el catalán Guillem López Casanovas.

Completan el grupo la presidenta de la Junta Arbitral del Concierto Económico con Euskadi y exletrada del Tribunal Constitucional, Violeta Ruiz-Almendral, y la alicantina Teresa Soler, especializada en garantías de los contribuyentes.

"Son plenamente fiables, gente de prestigio en sus respectivos ámbitos académicos", coinciden varios de los consultados, que encuadran a la mayoría de ellos en las órbitas de la economía socialdemócrata.