La acusación particular en la causa que investiga la Audiencia Nacional por la quiebra de Popular ha solicitado al magistrado Fernando Andreu que se investiguen las retiradas de fondos que efectuaron 64 instituciones y grandes empresas en la semana previa a la resolución del banco, que se acometió en la noche del 6 al 7 de junio del pasado año.

El despacho Fonfría Abogados, que representa a los inversores de la entidad perjudicados por la operativa, expone que esta salida de fondos alcanzó un importe de 4.000 millones de euros, de los cuales 1.140 millones de euros correspondieron a la Seguridad Social.

"Estos hechos agudizaron la situación que atravesaba la entidad, dando así la puntilla al sexto banco por volumen de negocio del país", añade en un comunicado el despacho, en cuya opinión podría haber existido uso de información privilegiada.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó el pasado martes en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera que, del total de salidas de depósitos de Popular efectuadas entre abril y junio, el 30% correspondió a ayuntamientos, comunidades autónomas y empresas públicas.

En un escrito mediante el cual amplían los hechos expuestos en la querella previa, piden al juez instructor que admita la documental aportada en relación a la fuga de los 64 clientes, así como que requiera a Popular los extractos de los movimientos de las cuentas de estas entidades desde el 1 de mayo hasta el 7 de junio del pasado año, cuando se intervino el banco.

En su opinión, podría haber existido uso de información privilegiada en el proceso de liquidación del banco que se investiga en la Audiencia Nacional desde el pasado mes de octubre en dos piezas separadas; una relacionada con la ampliación de capital de 2016 por el importe de 2.505 millones de euros y otra con la manipulación del mercado mediante la publicación de noticias con información presuntamente falsa antes de que la venta de lal entidad.

Por otra parte, el despacho considera que la Junta Única de Resolución (JUR) pudo incumplir la ley si, como publicó el miércoles El Confidencial, exoneró a Santander de pagar las cláusulas de cambio de control de Popular.

Presunta campaña de desprestigio

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 abrió causa contra los expresidentes de Popular Ángel Ron y Emilio Saracho por los presuntos delitos de falsedades societarias y administración desleal.

La Fiscalía Anticorrupción denunció que en la etapa de Ron en la presidencia (2004-2016) se trató de captar a los potenciales inversores proporcionando folletos con información de sus estados contables y financieros que no reflejaba la verdadera situación económica de Popular.

En cuanto a la segunda pieza separada, correspondiente a la época en la que Emilio Saracho presidió la entidad, se centra en si se realizó una campaña de desprestigio de Popular para hacer caer el valor de la cotización de las acciones de la entidad y poder obtener importantes beneficios, lo cual supondría un delito de manipulación del mercado.