Han sido 28 magistrados los que han estado debatiendo durante más de dieciséis sobre quién debe ser el sujeto pasivo (el pagador) del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), en una reunión que ha tenido en vilo a gran parte del país, que se ha prolongado más de lo que resulta habitual para este tipo de sesiones de deliberación, y en la que se ha hecho patente la división y las tensiones del Tribunal Supremo. Finalmente, y por una muy estrecha mayoría de 15 a 13, el Alto Tribunal ha decidido que sea el cliente el que siga abonando el impuesto, y no las entidades financieras.

El pleno de la Sala Tercera del Supremo iniciado el lunes a media mañana ha evidenciado las tres quiebras que han marcado los debates del tribunal. Una, de carácter técnico, por las propias discrepancias jurídicas en torno al AJD.

Otra, por el rechazo que provocó en parte de los magistrados la designación como presidente de la Sala de Luis Díez-Picazo, catedrático de derecho Constitucional, por parte de un CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) dividido en el que se impuso con doce votos a los ocho y uno de sus compañeros de sala José Manuel Sieira y Eduardo Calvo.

Y la tercera, por la propia convocatoria del pleno, interpretada como un intento de enmendar la plana al tribunal que anuló el artículo 68.2 del reglamento que rige el impuesto para librar de su pago a los hipotecados y endosárselo a los bancos, ya que el motivo para celebrarlo fue la “enorme repercusión económica y social” de un fallo que suponía un “giro radical” en la jurisprudencia del Supremo.

Tres ausencias

En ese ambiente enrarecido, los 28 magistrados, con las ausencias de Rafael Fernández Valverde por estar de licencia fuera de España, de Segundo Menéndez por presidir la Junta Electoral Central en plena precampaña de las autonómicas andaluzas y de Octavio Herrero, que se abstuvo por tener “interés directo o indirecto en el fallo” al ser avalista de dos de sus hijos en la compra de VPO en la Empresa Municipal de Vivienda de Rivas-Vaciamadrid, se reunieron desde el lunes para deliberar “quién es el sujeto pasivo del impuesto, esa es la cuestión de interés casacional por la que se admitieron” los tres recursos de esa entidad contra las liquidaciones de la Comunidad de Madrid que tienen sobre la mesa.

Concretamente, los autos de admisión de los recursos consideran “conveniente un pronunciamiento” de la sala para “precisar, aclarar, matizar, revisar o ratificar la doctrina jurisprudencial existente en torno al artículo 29 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, en relación con la condición de sujeto pasivo en las escrituras de constitución de préstamos con garantía hipotecaria”.

Hay otros dos miembros de la sala, Isaac Merino y Javier Borrego, nombrados la semana pasada por el CGPJ pero que todavía no han tomado posesión y que, por lo tanto, no participan en la reunión.

¿Cómo se han desarrollado las sesiones?

El pleno, en este caso jurisdiccional por decidir sobre tres casos concretos aunque los efectos de la decisión serán los mismos que tendría uno no jurisdiccional (establecer doctrina o jurisprudencia), comenzó, tras la decisión de resolver los casos de un tirón, sin suspender la reunión para retomarla varios días después como ha ocurrido en otras ocasiones, con la propuesta de los ponentes de esos tres casos: Nicolás Mourandi, que lleva dos, y Francisco José Navarro, ambos de la sección segunda, especializada en tributos.

Ambos formaron parte del tribunal que emitió las tres primeras sentencias y que anuló el artículo del reglamento. El segundo formó parte de la mayoría de cuatro magistrados que determinaron que el banco es “el único interesado” en escriturar una hipoteca, ya que eso le da la posibilidad de ejecutar la casa en caso de impago.

El primero, presidente de la sección, apoyó esa conclusión, aunque con un voto particular confluyente en el que reforzaba la postura de la mayoría.

El sexto componente del tribunal, Dimitry Berberoff, emitió un voto particular en contra en el que sostenía que no concurrían “razones o motivos que justifiquen el importante giro jurisprudencial acometido por la sentencia” ante la “sólida” postura mantenida por el Supremo en los 25 años previos.

Posturas enfrentadas

Esas fueron, básicamente, las posturas que el lunes comenzaron a exponer los 28 magistrados, que intervienen por orden de menor a mayor antigüedad en la sala. En la primera jornada intervinieron nueve más los dos ponentes con un ajustado resultado de seis a cinco a favor de la nueva jurisprudencia. Faltaban 17 por pronunciarse, aunque la proporción apenas varió el martes al reanudarse la deliberación, que incluyó otras 12 intervenciones en la sesión matinal.

Cada uno de ellos expuso su postura sobre el fondo de la cuestión, aunque con la posibilidad de adherirse a las defendidas por alguno de los que ya habían intervenido. Tras escuchar a los 28 magistrados se produjo la votación, donde se ha dado la espalda a los hipotecados y se les obliga a seguir pagando el impuesto (si se hubiera producido un empate habría decidido el voto de calidad del presidente).

Por lo poco que fue trascendiendo desde los primeros momentos de la reunión, parecía evidente que fuera a haber una postura unánime del pleno, algo que ni siquiera sería posible en caso de refrendar el sentido de las tres primeras resoluciones, ya que, según explican fuentes jurídicas, era improbable que los seis magistrados que deliberaron esos fallos fueran a cambiar de criterio en apenas veinte días.

Tampoco era algo inesperado, sino más bien al contrario, ya que, de hecho, tampoco en la primera sentencia, emitida por los expertos en tributos, existió unanimidad. En el pleno participan los miembros del resto de secciones, especializadas en función pública o legislación, entre otras materias.

Cae el Íbex 35

A la espera del Supremo, el Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes con un retroceso del 0,24%, en una jornada nuevamente marcada por la incertidumbre en torno al impuesto de las hipotecas.

El sector bancario cayó en bloque mientras el Supremo decidía si las entidades tenían que soportar un coste de 2.300 millones, según la agencia Moody’s, por las devoluciones del impuesto de los últimos cuatro años.

El mayor descenso del sector en la sesión de este martes lo ha registrado Banco Sabadell (-1,3%), seguido por Bankia (-1,1%), Banco Santander (-1,1%), Bankinter (-1%), BBVA (-0,9%), y Caixabank (-0,81%).