175 días. O lo que es lo mismo: casi seis meses. Ese es el tiempo que llevan 38 trabajadores de la conocida marca Zumosol acampados en la fábrica de Palma del Río (Córdoba) desde que una rocambolesca operación mercantil los dejara colgados de un limbo legal. No han sido despedidos formalmente, pero ya no están dados de alta en la Seguridad Social. Y lo que es más estrambótico: ninguna empresa se hace responsable de ellos.

Desde el 20 de diciembre pasado, el aparcamiento de la fábrica de Zumosol ofrece un panorama inusual. Una decena de tiendas de campaña están apostadas bajo los parasoles metálicos del parking. Mesas de camping, sillas de escritorio, alguna hamaca colgante y una improvisada cocina forjada sobre un bidón recortado integran el campamento de resistencia de estos 38 trabajadores que no están dispuestos a tirar la toalla hasta que no se articule una solución justa. Aquí duermen desde entonces en colchonetas y sacos de dormir en turnos rotatorios. No es un plato de gusto. En mayo ya se rozaron los 40 grados y debajo de la chapa la temperatura se dispara en las horas centrales del día.

Pero lo tienen claro. Aquí seguirán en pie de guerra para denunciar su situación y, sobre todo, evitar que desmantelen la maquinaria del que hasta hace apenas seis meses era su centro de trabajo. La historia de la empresa en el último año es un laberinto difícil de desanudar. Lo cierto es que Zumos Palma, propietaria de la marca Zumosol, buscaba comprador para su planta de Córdoba. El 8 de octubre de 2021, la empresa comunica a los trabajadores que serían subrogados por Lagar de Quirós, una pequeña almazara de Montoro (Córdoba). La operación se trunca y días después aparece otra compañía con el mismo propósito: Central Andaluza de Gestión y Suministros Plásticos (Cegeplás).

Con fecha 10 de noviembre, los 38 trabajadores son dados de alta en la Seguridad Social ya bajo el amparo de Cegeplás. Algo, sin embargo, no funciona de forma correcta. La nueva empresa no pone en actividad la fábrica y concede a los trabajadores un permiso retribuido temporal. Días después anuncia su renuncia a la compraventa de la planta de Palma del Río y desaparece del mapa. Con un solo detalle: el 29 de noviembre da de baja a los 38 trabajadores de la Seguridad Social con efectos retroactivos desde el 10 de noviembre.

Resultado de la enmarañada operación, los trabajadores se ven de pronto en la calle, sin indemnización por despido ni derecho a prestación por desempleo. Tuvieron que recurrir a la Inspección de Trabajo para que verificara in situ que la fábrica no registraba actividad laboral alguna y así poder cobrar, al menos, el paro correspondiente.

Hasta aquí los hechos. Ahora las interpretaciones. Los trabajadores manejan una hipótesis y así consta en sus numerosas denuncias en todas las instancias laborales, administrativas y judiciales posibles. A Fernando Trujillo, presidente del comité de empresa y trabajador con 25 años de antigüedad, no le quedan dudas. "Ha sido un pacto entre las dos empresas para liquidar a los trabajadores y eludir sus responsabilidades", asegura sin rodeos. "Cegeplás es una empresa pantalla. Y se trata de una operación perfectamente organizada". En su opinión, todas las piezas encajan. Para empezar, la calculada baja de los trabajadores registrada un día antes de lo establecido por la ley. Pero también la propia naturaleza de la compañía: no pertenece al sector, no registra actividad desde 2015 y apenas cuenta con un capital social de 3.599 euros para una operación de compraventa tasada en 16,6 millones de euros.

Lo cierto es que el número de teléfono de Cegeplás no está operativo. Y que la persona que figuraba como administrador único de la empresa certificó su renuncia el pasado 29 de marzo, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) con fecha de 5 de abril de 2022. De la empresa radicada en Mairena del Aljarafe (Sevilla), poco más se sabe. Los trabajadores tuvieron un encuentro con tres personas que se identificaron como representantes de la firma. Uno de ellos era Julián Álvarez, exalcalde de Écija y ex secretario general del PA, que curiosamente figuraba como consejero de Lagar de Quirós. Otro era José Antonio Acevedo Romero, propietario de la constructora Edifinsa, fulminada en la última crisis, e incurso en algunos procesos judiciales.

Hasta ahí las noticias de la empresa que se retractó de la compra. La versión de Zumos Palma es sustancialmente distinta. "Nosotros también hemos sido engañados. Somos damnificados", declara por teléfono Alberto Ribas, director general de la compañía, que cuenta con oficina en Alcobendas (Madrid). El representante legal de Zumos Palma, que pertenece al grupo turco Toksöz, asegura que la compraventa se formalizó ante notario el 9 de noviembre pasado por 16,6 millones de euros. El acuerdo establecía dos meses de alquiler y la ejecución de la compraventa el 15 de enero de 2022. "No cumplieron con el pago de ninguno de los dos meses de alquiler y no aparecieron en la firma de la compraventa", afirma Ribas.

Zumos Palma asegura haber actuado judicialmente contra Cegeplás, a quien reclama 2,3 millones de euros en concepto de alquiler y deriva toda responsabilidad sobre la situación de los trabajadores. "Vamos a ir contra ellos. Nos dieron una excusa para intentar romper el acuerdo. Pero el acuerdo no se rompe. No lo acepto. Me compras una casa, te quedas dos meses en ella y luego te vas", argumenta el director general de Zumos Palma. Y apunta nitidamente: "Acevedo Romero es un estafador".

Alberto Ribas rechaza de forma rotunda todas las acusaciones de los trabajadores. Y avisa: "Actuaremos judicialmente contra cualquier periódico que diga barbaridades". Niega que haya dejado desamparados a los empleados y manifiesta que Zumos Palma no adeuda nómina alguna. "No debemos ni un céntimo a ningún trabajador. Tenemos las nóminas y los comprobantes, y nos preocupamos de que cobraran el desempleo", afirma. La empresa dice trabajar cada día por buscar un comprador que garantice la viabilidad de la planta.

También desmiente que Cegeplás sea una empresa instrumental para desviar la responsabilidad laboral ante los trabajadores. "Se ha demostrado que no es una firma pantalla y que nosotros también hemos sido engañados". Sobre la confusa situación mercantil de la compañía, sostiene: "La planta está a mi nombre, pero la posesión no es mía. Es de la persona que firmó [la compraventa] y a la que reclamamos que nos pague el alquiler y que indemnice a los trabajadores".

Alberto Ribas señala que Cegeplás pertenece a Lagar de Quirós, propiedad a su vez de Carbonell. "No nos eximimos de ninguna responsabilidad", añade. "Pagaremos hasta el último céntimo si el juez nos declara responsables". Los primeros juicios laborales fueron aplazados en abril y han vuelto a serlo en junio con nueva fecha en septiembre. La razón de la demora ha sido la misma: la imposibilidad de notificar la citación al grupo turco.

Agustín Jiménez es secretario de Industria de CCOO Córdoba y conoce el caso con todo detalle desde el principio. Sostiene que el conflicto laboral está jalonado de irregularidades, algunas de ellas de consecuencias penales. Niega, como indica Alberto Ribas, que Zumos Palma esté al día en el pago de las nóminas y cita una sentencia del TSJA de 2021 que declaró nulo el segundo ERTE aplicado por la empresa. El fallo ha sido recurrido al TS en casación. "La Junta de Andalucía le echó atrás el expediente de regulación temporal de empleo porque le exigió presentar las cuentas auditadas y la empresa no las proporcionó. En realidad, no las presenta desde 2019. Hemos recibido mentira tras mentira en los últimos dos años y muchos incumplimientos".

Jiménez no se cree que Zumosol, en manos de una multinacional de capital turco, se pueda dejar engañar por una minúscula empresa radicada en un pueblo de Sevilla. Asegura que a poco que rasques detrás de Cegeplás se puede descubrir que sus representantes son "personas liquidadoras que se dedican a cerrar empresas". Alguno de ellos, sugiere, figura destacado en la lista de morosos de la Agencia Tributaria y es conocido por su "presunta actividad delictiva". También duda que Zumos Palma haya actuado judicialmente contra Cegeplás. "Ha sido al revés", apunta. Sus primeras sospechas ya se activaron cuando se presentó la oferta de Lagar de Quirós. "Es una pequeña almazara de Montoro (Córdoba) que no tiene músculo suficiente para quedarse con Zumosol. Ahí ya saltaron las alarmas. Luego llegó Cegeplás".

El secretario de Industria de CCOO Córdoba está convencido que todo irá saliendo en la cascada judicial que está por venir en los próximos meses. "Aquí no solo hay responsabilidad laboral, sino también penal. Hay alzamiento de bienes y delito contra los trabajadores. Lo hemos denunciado en varias vías", recuerda Agustín Jiménez.

La planta de Palma del Río integraba una de las tecnologías más punteras de Europa. En campaña, transformaba 1,5 millones de kilos de naranjas diarios. Pascual fue su propietario hasta 2013 y en aquellos años llegó a tener hasta 250 trabajadores. La Vega del Guadalquivir, entre Córdoba y Sevilla, se ha convertido en las últimas décadas en la zona productora de cítricos más potente de España, incluso por encima de València, con 1,6 millones de toneladas de naranjas. La mitad de la población activa de la comarca se dedica a la industria agroalimentaria.

Fernando Trujillo resta todo crédito a la versión del director general de Zumosol y cree que está representando un papel. "Solo esperamos que la justicia se pronuncie", dice tajante. Ese es el modo de actuar del grupo turco Toksöz, según su opinión. En Italia, subraya Trujillo, compró la empresa de chocolate Pernigotti, la cerró y se quedó con la marca. Exactamente igual que está sucediendo con la planta de Palma del Río.

Tampoco espera nada de la administración. Ni de la autonómica ni de la estatal. En todo este tiempo han desfilado por el campamento de Palma representantes de partidos de "todos los colores". Y han celebrado reuniones institucionales con las Consejerías de Empleo y Agricultura de la Junta, la Inspección de Trabajo, la Tesorería de la Seguridad Social, el secretario de Estado de Empleo y hasta la ministra Belarra, que se hizo una foto con la camiseta del comité de empresa. "Ya estamos cansados de visitas", admite Trujillo.

Han desarrollado una actividad febril. Incansable. Abrieron canales sociales en Facebook, Youtube, TikTok y Twitter, donde han logrado casi 23.000 seguidores, y han recibido donativos de distintos frentes así como el aliento ciudadano de miles de personas. Llevaron la causa de Zumosol hasta el Parlamento europeo. Están agotados después de seis meses de intensa lucha obrera y solo desean poner fin a "esta pesadilla". Aunque eso sí: no tiran la toalla.