Medios comunitariosLa ONU investiga a España por dejar sin licencia a los medios comunitarios

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas investiga a España por no asignar licencias a las TV comunitarias. También estudiará si el estado ha ocasionado situaciones de discriminación y desigualdad en la concesión de medios sin ánimo de lucro (universitarios, vecinales, sociales…).

Esta investigación se ha iniciado tras la denuncia contra el Estado por parte de La Red de Medios Comunitarios (ReMC) y la Ràdio Televisió Cardedeu (Barcelona) ante el organismo internacional el pasado julio. Tanto ReMC como RTV acusan al Gobierno de vulnerar cinco artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.

Desde la Red de Medios Comunitarios apuntan que el Ejecutivo "discrimina a los medios comunitarios respecto a otro tipo de operadores" porque en 2015 adjudicó seis licencias de TV de cobertura estatal para operadores privados comerciales -ninguna de ellas televisiones comunitarias-.

Por su parte, el Gobierno se desmarca de la situación debido a que “se está cambiando la normativa europea de programación de espectro para radios, televisiones y telefonía móvil que afecta a esto”, según un comunicado de ReMC.

Sin embargo con esta decisión el Gobierno vulnera el artículo 4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual: “Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad”.

Según La Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP) en España existen unos 200 medios comunitarios de radio y televisión, donde más de 5.000 personas producen contenidos. Medios que emiten de forma “alegal” porque la administración no les concede las licencias. La red, que defiende la diversidad de medios y prácticas relacionados con el Tercer Sector, quiere “dejar de sufrir la amenaza constante de sanciones” para desarrollar con normalidad las actividades de un sector audiovisual estratégico con el fin de mejorar de la democracia.

Además, “la legislación española incumple las recomendaciones de UNESCO para una adecuada regulación de los medios de comunicación comunitarios al fijar restricciones injustificadas en su financiación”, lo que impide “un desarrollo normalizado del sector”denuncia la ReMC.