En un contexto mundial de creciente tensión, polarización y desestabilización (crisis climática, económicas y sociales, guerras convencionales e híbridas, pandemias, desinformación) las diversas 'censuras' en las redes llegan poco a poco, capa a capa, a todos los rincones del mundo. También a las democracias más avanzadas. El peligro no es sólo que los Estados se vean tentados a imponer sus controles en internet, sino que el ágora digital, la plaza pública, es privada y está en manos de gigantescas compañías que han engordado en los últimos 15 años sin responsabilidad legal alguna.

Como se viene observando desde hace décadas, la mera existencia de internet como un espacio global, compartido, distribuido, transfronterizo y (en principio) libre se ve amenazada, especialmente, en tiempos de crisis. El siglo XXI comenzó con una interminable "guerra contra el terrorismo" que sirvió como excusa para empezar a regular, contener y supervisar el mayor espacio de libertad de expresión que el ser humano ha conocido en toda su historia. A partir de ahí, cualquier excusa es buena para intervenir.

Ese ansia de control por parte de los poderes tradicionales (políticos y también económicos) se está incrementando a medida que se acumulan las crisis globales, ante las que los Estados y las multinacionales reaccionan casi siempre en primer lugar cercenando las libertades públicas, especialmente el derecho a la libertad de información. Menos información es más control sobre los ciudadanos; menos transparencia es más docilidad social; menos libertades públicas es más poder para el que lo ejerce.

Mientras las democracias occidentales señalan con cierto aire de suficiencia la censura en países con un férreo control de la información en la red como China o Rusia (cuya invasión a Ucrania mantiene a Europa en una crisis energética sin precedentes), los ciudadanos de dichas democracias asisten sin apenas inmutarse a una creciente cesión de libertades en pos de una supuesta mayor seguridad, mientras un puñado de milmillonarios son los verdaderos gestores de lo que cada uno de nosotros vemos en nuestras pantallas.

Europa se repliega

El Viejo Continente, especialmente la Unión Europea, vive momentos de incertidumbre por la invasión rusa a Ucrania y la consiguiente crisis energética, y de grandes discrepancias internas (el caso más evidente es el de Hungría, cuyo gobierno de extrema derecha liderado por Viktor Orban ha sido calificado incluso de "depredador de la prensa") mientras se siguen desarrollando nuevas normativas que abren peligrosas puertas al control de la información en internet. La excusa es, como siempre, la 'seguridad'.

Reglamentos de aplicación directa en toda la UE como el de Servicios Digitales (DSA), cuyo desarrollo fue mirado con lupa por decenas de grupos defensores de derechos humanos, no han llegado a levantar un especial interés en la ciudadanía. A última hora pudo 'colarse' en su articulado un "mecanismo de crisis" por el que se habilita a la Comisión Europea para que exija a los grandes proveedores de servicios de internet (buscadores y redes sociales) que bloqueen ciertos contenidos que contribuyan a "amenazas graves", como la guerra en Ucrania, sin intervención judicial previa.

Mientras tanto, son los órganos judiciales de cada país, así como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los que se erigen como la última barrera para preservar el derecho fundamental a la libertad de expresión; sin embargo, el Poder Judicial está supeditado a interpretar y aplicar rigurosamente las leyes y normas que van imponiendo restricciones, poco a poco. El margen de maniobra de los jueces parece, por tanto, menguante, aunque para la jurista especializada en tecnología y Derecho Paloma Llaneza las normas son "extremadamente laxas".

Las máximas instancias judiciales nacionales (como un caso reciente en el que el Tribunal Supremo español deja claro que no se puede cerrar todo un sitio web sin orden judicial) y europeas se han tenido que pronunciar en muchos casos en los que, de alguna manera, se estaba cercenando de forma injusta o excesiva el derecho a la libertad de expresión.

Los asuntos más importantes en cuestión tienen que ver con la colisión entre dicho derecho y la protección de la propiedad intelectual, contra el derecho al honor y a la propia imagen, frente al derecho al olvido digital o contra los sentimientos religiosos. Y el sempiterno problema de la "lucha contra el terrorismo" siempre es una buena excusa para plantear un mayor control de la red.

¿Censura? ¿Qué censura?

Para Paloma Llaneza, "estamos elevando a la categoría de censura cuestiones que son de mera convivencia". "Si, por ejemplo, hay 100 personas reunidas", plantea esta letrada, "¿es censura gestionar el uso de la palabra? ¿Si decides que aquellas personas que no se comportan se tiene que ir de ahí es censura? ¿Si vetas a las personas que deciden argumentar con puñetazos y violencia estás censurando?".

Según ella, "debemos diferenciar entre si estamos limitando a las personas que quieren expresarse libremente o lo que estamos es gestionando el comportamiento en las redes y medios". "Yo no voy a defender con mi vida tu derecho a expresarte si me llamas feminazi a voces, sin respeto, con insultos; y todo ello más allá de que tu opinión ni siquiera me interese", apunta esta experta.

Al final, la libertad de expresión, con sus garantías y con sus límites, es la misma en las redes que en las calles. De esta forma, Lucía Velasco, ex directora del Observatorio Nacional de Tecnologías de la Sociedad de la Información (ONTSI) y experta en transformación digital, está "a favor de detener las agresiones digitales a las personas a través de una moderación efectiva de contenidos". Para ella, según declara a Público, la "libertad de expresión no es libertad de agresión", por lo que apuesta por "fomentar la convivencia y el respeto en la plaza pública que es internet".

Desde la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información (PDLI), y a preguntas de Público, recuerdan que "la libertad de expresión, como cualquier otro derecho fundamental, no es un derecho absoluto", aunque puntualizan que "la clave es que esa restricción de la libertad se ajuste a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad para que no sea un límite abusivo que pueda causar daños indeseado (como el efecto desaliento)". En el caso de España, la PDLI señala normas que "claramente no respetan esos estándares, como la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana o determinados aspectos del Código Penal", las llamadas 'Leyes Mordaza'.

EEUU, sus recelos y sus contradicciones

El mayor garante de la libertad de expresión en internet es su estructura y gobernanza, supuestamente independiente de cualquier estado. No obstante, la realidad indica que las principales infraestructuras, proveedores y servicios que ofrece la red de redes a los ciudadanos provienen y dependen, de una forma u otra, de Estados Unidos y sus gigantescas compañías tecnológica, algunas de ellas prácticamente monopolísticas.

La libertad de expresión, consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, es uno de los principales pilares en los que se asienta la principal democracia del mundo. Paradójicamente, la protección a ultranza de ese derecho ha facilitado y hasta promovido la existencia de gigantescos monopolios tecnológicos de los que depende medio planeta, excepto en los países con regímenes claramente censores (Rusia, China, Corea del Norte, Irán, etc.) celosos del control absoluto de sus telecomunicaciones.

No deja de tener su gracia que la normativa sobre la que se asienta la libertad de expresión online en EEUU proviene de la Ley de Decencia en las Comunicaciones (una norma para intentar regular la pornografía en internet), cuya Sección 230 dice, literalmente: "Ningún proveedor o usuario de un servicio de ordenadores interactivo deberá ser tratado como el publicador o emisor de ninguna información de otro proveedor de contenido informativo".

Gracias a esta protección legal, los gigantes de Internet estadounidenses se encuentran en lo más alto de las compañías más grandes del mundo, exentas en su propio país de responsabilidad alguna por el contenido que distribuyen en todo el mundo. La plaza pública, el ágora, es privado en internet.

En este caso, esta 'privatización' de la libertad de expresión es un arma de doble filo: por un lado, impera el criterio de gigantes empresariales como Meta (Facebook, Instagram), Google (YouTube), Amazon (a través de sus búsquedas de productos o en Twitch) o Twitter, que son los deciden (con sus algoritmos) qué información mostrar a según quién use sus servicios. Ellos son los "garantes" de la libertad o los "censores" de la información que sirven, según cada caso, y sin tener que dar demasiadas explicaciones.

Además, estos gigantes, que controlan el más completo flujo de información personal de miles de millones de ciudadanos (conforman una capa que es, virtualmente, la 'entrada' a internet de sus usuarios), refuerzan su ausencia de responsabilidad mediante sus términos y condiciones, que aceptamos alegremente y que pueden ser, en un momento dado, un arma perfecta para silenciar o bloquear ciertas voces incómodas.

Así que en multitud de ocasiones, silenciar a personas, bloquear a colectivos o eliminar contenidos no es censura para las plataformas, sino una "violación de los términos y condiciones". Nuevamente, el debate sobre censura o libertad de expresión impide ver el inmenso poder de redes sociales y buscadores para ofrecer a cada usuario una información a medida y encerrarle en su propia burbuja de autoafirmación.

Parecido a como sucede en Europa, en EEUU es sobre todo el Poder Judicial el que termina arbitrando qué es censura y qué no, y en la medida de sus posibilidades. Durante los próximos meses, el Tribunal Supremo estadounidense se pronunciará sobre varios asuntos que ha admitido a trámite, y que determinarán en qué medida estas multinacionales tienen responsabilidad por lo que difunden.

En un reciente y completo resumen, El País destaca dos casos: uno contra YouTube, acusada de la difusión de violencia islámica que supuestamente desembocó en los atentados del ISIS en París de 2015, y otro asunto, más general, que abordará si las plataformas y redes sociales pueden ser demandadas por colaborar en un acto terrorista por los contenidos que publican los usuarios.

Los que oculta el debate

"El concepto de censura, de libertad de expresión o de consentimiento se nos han quedado antiguos, ya no parecen resultar válidos", afirma Paloma Llaneza a Público, y añade: "Me parece que estos conceptos enciclopedistas han quedado obsoletos, quizá deberíamos hablar no en término de censura sino de comportamiento de los usuarios".

Para esta experta, el debate sobre la libertad de expresión y la censura en internet está tapando otros, preexistentes, y es lo que deberíamos estar discutiendo: la ausencia de responsabilidades, la falta competencia (gigantes que son monopolios), el ágora pública está en sus manos privadas y, para defender esta situación, plantean trocear internet de modo que cada uno pueda ver aquello que le guste y no tenga que ver nada que le moleste en lo más mínimo. "Es la burbuja a la que nos quieren llevar", opina Llaneza.

Porque las grandes plataformas "no son desde hace mucho tiempo simples intermediarias que sólo ofrecen un espacio donde expresarnos libremente", explica la experta, "sino que son responsables como cualquier editor". "Todas las normativas, tanto en EEUU como en la UE, han ido estableciendo su irresponsabilidad basándose en el principio del bibliotecario, que es incapaz de leer todo lo que custodia, pero Google o Facebook sí que son capaces de 'leer' todo lo que gestionan: ¡si es su negocio, viven de eso!", insiste la jurista.

Y va más allá: "Estas plataformas deciden lo que vemos, hacen una labor editorial, realizan un 'microtargeting' para ofrecerme los mejores resultados basados en mi perfil o en mi búsqueda", añade. "Han dejado de ser intermediarios para ser responsables del contenido".

La cuestión es existencial para los gigantes de internet que si resultan ser responsables del contenido, teniendo en cuenta que están sometidas a más de un centenar y medio de jurisdicciones, terminarían cerrando o troceadas. "Cuando estamos dando vueltas sobre 'censura' o 'libertad de expresión' estamos alejándonos del verdadero problema, y es que esas plataformas tienen claramente responsabilidad en todo aquello que publican igual que cualquier otro medio de comunicación".

El otro gran problema que se oculta tras el debate entre libertad de expresión y censura es la ya mencionada privatización del espacio público de expresión que es la red. "Las plataformas, además, aplican a sus decisiones una moral propia de EEUU, que permite la publicación ilimitada de violencia pero censura los pezones y las palabrotas, es decir, que han heredado el sistema de censura de la industria de la televisión tradicional" añade Llaneza.

Y finaliza planteando un inquietante panorama que ya estemos viviendo: "En internet lo realmente interesante en cuanto a censura y libertad de expresión está en determinar en qué manos están el control de donde se producen los mensajes: en aras de la libertad de expresión van a dejar que la gente diga las burradas que quieran, pero también van a mantener al usuario contento en esta sociedad bipolar van a conseguir que el de enfrente no se entere de lo que te llega y viceversa". 

¿Es esto censura? En realidad, lo importante es que a eso no se le puede llamar propiamente libertad de expresión.