Zelaya critica la acción contra la cúpula militar y las FF.AA. dicen que se defenderán

El Ministerio Público de Honduras pidió hoy la captura de la cúpula militar por la expulsión del país del presidente Manuel Zelaya, quien consideró que la medida pretende "poner un manto" a la verdad de lo ocurrido el 28 de junio, mientras las Fuerzas Armadas anunciaron que se someterán al proceso judicial.

Zelaya afirmó que con esta acción del Ministerio Público (MP) se pretende "poner un manto" a la verdad de lo ocurrido el 28 de junio de 2009, mientras que las Fuerzas Armadas anunciaron que se someterán al proceso e integrarán su equipo de defensa.

El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, dijo a periodistas que, acompañado por el fiscal general, Luis Rubí, presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un "requerimiento fiscal" contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez, e integrada por otros cinco oficiales.

Salgado precisó que se pidió al tribunal supremo emitir "la orden de captura (contra los militares) y que se les inicie el procedimiento, que se les escuche y se les tome su declaración indagatoria".

El fiscal explicó que presentó el recurso ante la CSJ porque se trata de "altos funcionarios" del Estado e indicó que se acusa a la Junta de Comandantes de los delitos de abuso de autoridad y expatriación (la expatriación de hondureños está prohibida por la Constitución) por haber expulsado a Zelaya hacia Costa Rica el 28 de junio.

La CSJ deberá nombrar, entre sus 15 magistrados, a un juez especial para que lleve este caso, añadió.

"Para mí con ese requerimiento fiscal simple y llanamente lo que quieren es poner un manto sobre la verdad de los hechos que ocurrieron el 28 de junio", dijo Zelaya a medios locales por teléfono desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se encuentra desde el 21 de septiembre.

Según el Gobierno de facto, que preside Roberto Micheletti, los militares expulsaron a Zelaya en cumplimiento de una orden de captura emitida por un juez de la CSJ como parte de un proceso incoado por el MP contra el depuesto mandatario por impulsar una consulta declarada ilegal para promover una Asamblea Constituyente.

Zelaya afirmó que "lo que hubo es una conspiración entre el Congreso Nacional, la Corte de Justicia y el fiscal del Estado (Luis Rubí) con los militares para dar el golpe de Estado; ellos son responsables juntos".

Por su parte, el general Vázquez dijo a medios locales desde San Pedro Sula (norte), donde cumple una visita de trabajo, que desconoce la acción del MP pero que está dispuesto a presentarse ante la Justicia.

"Todavía no tengo la información, vamos a tratar de investigar", pero ante "cualquier situación que se presente (...) vamos a someternos a la Justicia hondureña si es necesario, porque nosotros somos hombres de ley", aseguró.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, coronel Ramiro Archaga, dijo a periodistas que "se conformará un equipo de abogados" de la institución para que lleve la defensa en este caso.

Los otros miembros de la Junta de Comandantes son el subjefe del Estado Mayor, general Venancio Cervantes, y los jefes del Ejército, general Miguel Ángel García Padgett; de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince; y de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez.

También lo es el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar.

La acción del MP contra la cúpula militar coincide con la presencia en Honduras del subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Craig Kelly.

El Congreso Nacional tiene pendiente discutir en los próximos días una amnistía política para los involucrados en la crisis causada por el derrocamiento de Zelaya.

El depuesto gobernante apuntó que "si se está diciendo que las Fuerzas Armadas cometieron un error, pues a ese error se le llama golpe de Estado militar", y fue "ratificado" por el Congreso Nacional, que lo destituyó a él y designó en su lugar a Micheletti.

El Congreso, que "no tiene ninguna facultad para destituirme, lo que hubiera pedido era que regresara directamente a mi puesto como presidente y que pusiera mis abogados y me defendiera", añadió.

Ahora, dijo Zelaya, "el fiscal del Estado está dándose con la piedra entre los dientes porque se le está dando ese derecho a la cúpula militar que no me lo quiso dar a mí".