Nueve años después del accidente del Yak-42, el periplo judicial iniciado por los familiares de los 62 militares fallecidos se ha saldado con cuatro condenas -una civil y tres a quienes falsearon las identidades de las víctimas- y el archivo de la investigación sobre la contratación del avión.

En la madrugada del 26 de mayo de 2003, un avión Yakovlev 42-D de fabricación soviética, se estrelló cerca del aeropuerto de Trebisonda (Turquía), donde iba a realizar una escala técnica, con un balance de 75 fallecidos, de los que 62 eran militares que regresaban a España tras permanecer cuatro meses en Afganistán.

Cinco meses después del siniestro, los familiares presentaron varias denuncias en la Audiencia Nacional para esclarecer las circunstancias del accidente, pero fueron rechazadas por la juez de instrucción Teresa Palacios, si bien en julio de 2004 la sala de lo penal declaró la competencia de este tribunal para investigar los hechos.

Tras esta decisión, el 20 de septiembre de 2004 Palacios dictó una providencia solicitando al Ministerio de Defensa el informe sobre el siniestro concluido en diciembre de 2003 y los documentos de las identificaciones de los cadáveres, lo que supuso el comienzo de la instrucción judicial del caso, que ha constado de dos causas.

Por un lado, se han investigado las irregularidades en la identificación de 30 de los 62 militares fallecidos por la que han sido condenados tres militares -a los que el Gobierno ha indultado parcialmente-, y por otro las presuntas anomalías en la contratación del avión, que han terminado con el archivo definitivo de la causa, después de haber sido sobreseída y reabierta en otras dos ocasiones.

Antes de llegar al juicio en el que en marzo de 2009 se sentaron en el banquillo el general Vicente Navarro -ya fallecido-, el capitán médico Miguel Sáez y el comandante José Ramírez, el juez Fernando Grande-Marlaska, -que sustituyó a Palacios- archivó esta causa en noviembre de 2007, aunque cinco meses más tarde la sala de lo penal le ordenó reabrirla y continuar con la investigación.

El 24 de marzo de 2009 comenzaban a ser juzgados Navarro, Sáez y Ramírez y el 19 de mayo de ese año la Audiencia Nacional condenó a tres años de cárcel al primero por falsear las identificaciones y a los otros dos a un año y medio de prisión como cómplices, unas penas que fueron confirmadas por el Tribunal Supremo en marzo de 2010.

Sin embargo, ninguno de los tres condenados llegó a entrar en la cárcel, ya que la Audiencia Nacional suspendió la ejecución de la sentencia.

En el caso de Navarro por padecer una enfermedad incurable que le causó la muerte el 12 de junio de 2010, y en el de los otros dos porque estaban a la espera de la tramitación del indulto que solicitaron, aunque al ser la pena de cárcel inferior a dos años y no contando con antecedentes penales tampoco hubiera supuesto su ingreso en prisión.

Precisamente, el pasado 20 de abril el Consejo de Ministros concedió a los dos militares el indulto parcial, que afecta únicamente a la pena de un año inhabilitación que les fue impuesta.

La última decisión judicial sobre el accidente del Yak-42 se ha conocido hace una semana, cuando la Audiencia Nacional archivó definitivamente la causa abierta para investigar las supuestas irregularidades en la contratación del avión en la que estuvieron imputados seis mandos militares por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte.

Marlaska ya había acordado en dos ocasiones anteriores, el 1 de junio de 2007 y el 2 de febrero de 2010, el archivo de la causa, aunque posteriormente la sala de lo penal le ordenó reabrir el caso.

Además de la vía penal, los familiares de los militares también han acudido a la jurisdicción civil, donde han obtenido una sentencia del Juzgado de Instrucción número dos de Zaragoza que condenó a las empresas Chapman Freeborn y Ukranian Mediterranean Airlines, responsables del avión, a indemnizarlos con más de 6,2 millones de euros.

Mañana, cuando se cumple el noveno aniversario del siniestro, las familias de los fallecidos se congregarán, un año más, en el monumento erigido en su memoria en el paseo de la Constitución de Zaragoza para recordarlos.