Vacas contra el polígono

El Gobierno de Cantabria está construyendo un gran parque empresarial, de más de 253.000 metros cuadrados, en uno de los terrenos de mayor "valor agrícola" de toda la comunidad autónoma, según documentos del propio Ejecutivo cántabro a los que ha tenido acceso Público.

Se trata de una zona agrícola-ganadera, ubicada en Ramales de la Victoria, cuyo desarrollo industrial ha estado marcado por la polémica desde la década de 1990. De hecho, aún está pendiente de ejecución una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 2002 que ordena el derribo de tres naves construidas en el mismo sitio donde el Ejecutivo cántabro levanta ahora el parque empresarial.

El Ejecutivo rechazaba en 1999 la construcción en el terreno

La superficie forma parte de unos sembrados clasificados por su gran valor agrícola dentro de la clase B, en un estudio elaborado por la Universidad de Cantabria bajo los criterios de Naciones Unidas. Tan sólo el 8% del suelo cántabro está catalogado como A o B por su elevada calidad para cultivar.

Uno de los aspectos llamativos de este caso es el cambio de criterio del Gobierno cántabro, ya que durante años desautorizó la construcción de las naves industriales sentenciadas a derribo por el Supremo, haciendo valer la necesidad de proteger medioambientalmente esa zona.

Según consta en un documento fechado el 11 de octubre de 1999 y firmado por el entonces secretario de la Comisión Regional de Urbanismo, el terreno en cuestión es "apropiado para su aprovechamiento agropecuario por su alto valor" y "necesita ser protegido en todo su potencial ecológico y agrológico".

Sólo el 8% del suelo de la comunidad tiene esa calidad para cultivar

En dicho escrito se advertía también de que era "necesario" conservar ese terreno "libre de obstáculos" como "aliviadero natural" para cuando se desborda el río Carranza en la época de fuertes lluvias. "Es desaconsejable", concluía, "la implantación de actividades que impliquen instalaciones permanentes".

Otro documento del Gobierno de Cantabria que destacaba el "alto valor agrícola" del suelo donde el propio Ejecutivo construye ahora el citado parque empresarial fue fechado el 1 de julio de 2004. Entonces, la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca subrayaba de nuevo el "alto valor agrícola" de la zona, en respuesta a los trámites iniciados entonces por el Ayuntamiento de Ramales de la Victoria, del PP, para modificar las normas subsidiarias de suelo rústico de especial protección a suelo urbanizable residual.

La asociación ecologista Arca tiene recurrida esa modificación urbanística ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), así como el proyecto de urbanización del polígono. "El Gobierno de Cantabria va a tener en el Alto Asón un polígono con sentencia de demolición", advierte José Ángel Herrera, vicepresidente de Arca.

Entre tanto, el proyecto del parque empresarial sigue adelante con una inversión de 4,4 millones de euros, bajo la dirección de la sociedad pública cántabra de suelo industrial (Sican). Este diario trató de conocer por qué había optado por construir las naves precisamente en uno de los terrenos más ricos de Cantabria para su uso agrícola. Ante esta cuestión, un portavoz oficial de Sican se limitó a decir: "Al respecto de la pregunta que me está planteando, no hacemos ninguna valoración".

Un ganadero arruinado y un político imputado

La mala praxis de algunos ayuntamientos de Cantabria y del propio Gobierno cántabro ha motivado en los tribunales más de 20 sentencias que ordenan el derribo de urbanizaciones. Más de 1.000 familias esperan que algún día lleguen las excavadoras para tirar sus casas. Pero la polémica en Ramales de la Victoria es distinta. Allí la principal víctima es Fernando Santisteban, un ganadero de 38 años que se ha quedado sin terreno para alimentar a sus 100 vacas. “Esto es mi ruina”, dice. Su pelea con las instituciones cántabras se remonta a la década de 1990, cuando se planteó por primera vez un parque empresarial para la comarca del Asón. Tuvo que pleitear con la sociedad pública Sican, que compró los terrenos que Santisteban tenía en régimen de alquiler para su ganado. Un juez obligó a la sociedad pública del Gobierno cántabro a devolverle las tierras. El siguiente paso del Ayuntamiento, de acuerdo con el Ejecutivo cántabro, fue la expropiación de sus terrenos. El pasado 6 de marzo, el entonces consejero de Industria, Javier del Olmo, acudió al pueblo para poner la primera piedra del parque empresarial. Seis días después renunció a su cargo por estar imputado por presuntos delitos de obstrucción a la justicia y prevaricación.