Por un solo voto, después de una maratoniana sesión de más de 12 horas, el Congreso de Colombia aprobó, al filo de la madrugada de ayer, la convocatoria del referéndum que abre la puerta a una segunda reelección de Álvaro Uribe como presidente. En el momento de la votación se ausentaron del hemiciclo la mayor parte de los parlamentarios de la oposición.

Tan exigua mayoría fue posible por el paso a las filas del Gobierno de cinco tránsfugas del partido Cambio Radical, obtenida in extremis por el ministro de Justicia e Interior, Fabio Valencia, el verdadero muñidor de toda la operación reelecionista. En cambio, otras figuras del oficialismo, que ven relegadas sus aspiraciones a la Presidencia frente a la apisonadora uribista, han seguido el debate con cierta pasividad. Entre ellas destaca el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el mejor colocado para sucederle.

Ahora, la Corte Constitucional debe ratificar la legalidad de la consulta

Un diputado borracho

La angustia del ministro Valencia, que tuvo que suplir la ausencia forzada de tres diputados presos por paramilitarismo pocas horas antes de la votación, era evidente. Por momentos faltó el quórum necesario para que la sesión tuviera validez. Así que envió a su equipo a repescar de las inmediaciones del Capitolio Nacional a los diputados ausentes que le habían asegurado su voto favorable. Hubo incluso un parlamentario que tuvo que ser trasladado a la sala por sus compañeros 'en evidente estado de embriaguez', según testigos, y ayudado a mantenerse en pie hasta el momento en que fue llamado por la Presidencia para votar.

En el debate previo a la votación, las palabras más fuertes salieron de las representantes de las minorías. María Isabel Urrutia clamó desde su escaño: 'Los promotores del referéndum son unos bandidos porque no han podido demostrar que financiaron este proyecto legalmente. Es una vergüenza violar la Constitución para perpetuarse en el poder'. Urrutia aludía a la oscura financiación de la recogida de firmas para promover el referéndum actualmente bajo investigación.

«Con la aprobación desaparece la democracia en este país»

La indígena Orsinia Polanco, adscrita al Polo Democrático, afirmó que 'con la aprobación del proyecto desaparece la democracia en este país'. El senador de este partido, Gustavo Petro, fue aún más lejos: 'Mediante la compra de votos se está configurando una dictadura constitucional'.

Trámites pendientes

A partir de este momento, se pone en marcha un complicado mecanismo. Una vez que el presidente Uribe firme como decreto lo acordado por el Parlamento, el asunto pasa a la Corte Constitucional, que deberá examinar todos los problemas de fondo y forma de la iniciativa. Tendrá que tener en cuenta que otra alta instancia jurisdiccional, el Tribunal Supremo, investiga por prevaricación a 85 parlamentarios por haber votado la iniciativa del referéndum cuando no contaba con los requisitos mínimos necesarios.

La Corte Constitucional dispone de entre seis y siete meses para emitir su dictamen, aunque el Gobierno va a pedir un trámite de urgencia. La agenda del presidente cuenta con que la Corte emita un dictamen positivo en diciembre, para convocar el referéndum ese mismo mes y que su celebración, en marzo de 2010, coincida con las elecciones legislativas. Así, los candidatos llevarían la reelección de Uribe como principal bandera.

En la votación deberá participar una cuarta parte del censo electoral, unos siete millones y medio de electores, y manifestarse a favor la mayoría absoluta. Pero ya se está hablando de maniobras para aligerar el censo y achicar las cifras necesarias para dar luz verde a la posible reelección.

Si el referéndum resultara positivo, Uribe tendría que lidiar como candidato frente al centro y la izquierda. Sigue sin confirmar sus intenciones con claridad, aunque pocos dudan de su deseo de mantenerse en el poder a toda costa.