El Senado francés ratifica la ley antidescargas de Sarkozy

Como estaba cantado —tras un pequeño 'traspiés' ayer se aprobó en la Asamblea—, el Senado ha sacado adelante la polémica Ley Sarkozy, que prevé castigar con la desconexión a los usuarios de Internet "reincidentes" que descarguen obras protegidas porn derechos de autor.

La cámara alta aprobó el texto con una amplia mayoría de 189 votos a favor y 14 en contra, después de que los senadores de la oposición se ausentaran del hemiciclo durante el sufragio.

Los senadores no presentaron ninguna modificación al proyecto adoptado la víspera por los diputados, por lo que la ley se considera aceptada.

Resta que prospere el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Socialista, que considera contrario a la Carta Magna que se corte el acceso a Internet de un cliente sin que exista una sentencia judicial que lo indique.

La nueva ley prevé la suspensión del acceso a la Red a quien siga descargando después de haber sido avisado y tras una decisión tomada por una instancia administrativa creada al efecto.

Los internautas recibirán un primer aviso por correo electrónico y un segundo por carta certificada antes de que, en caso de reincidir, les corten el acceso durante una duración de seis meses a dos años.

Ese es el punto más controvertido de la ley, porque además de la oposición socialista cuenta con la opinión desfavorable del Parlamento Europeo.

La aprobación definitiva de la ley pone fin a un maratón parlamentario que puso de manifiesto discrepancias en el seno de conservadores y socialistas.

En el Viejo Continente, donde todo apuntaba a que Ley anti P2P francesa era la vanguardia de un consenso contra las descargas en Internet, todo se dio la vuelta la pasada semana cuando el Parlamento respaldó, de forma inesperada, una enmienda en el marco de regulación de las telecomunicaciones que exige una orden judicial para cortar el acceso a Internet.

En España, los ministerios de Cultura e Industria fijaron el periodo de presidencia española de la UE (desde el 1 de enero de 2010) como límite para contar con un marco jurídico que frene el intercambio gratuito de contenidos.

Las operadoras y la industria cultural todavía negocian la fórmula para acabar con los 'piratas'. Sobre la mesa, un plan, aceptado por los operadores, para atacar a la oferta yendo contra los que ponen en circulación los archivos o facilitan su descarga.