Seis valencianos se excusan para no juzgar a Camps

Mientras su partido disfruta el éxito electoral del domingo, el expresident Francisco Camps, ajeno ya a los quehaceres y las alegrías de la primera línea de la política, ve cómo avanzan los trámites para el juicio que se celebrará contra él en diciembre. Los preparativos son farragosos, ya que los encargados de emitir un veredicto no serán jueces, sino nueve miembros de un jurado popular.

De los 36 precandidatos elegidos el pasado 26 de octubre para esta tarea, seis se han acogido a las excusas que permite la ley para eludir su asistencia al juicio. Tres de ellos esgrimieron su edad, más de 65 años, para quedar automáticamente excluidos de la lista. De los otros tres se desconoce todavía la razón alegada, que según la ley puede ir desde tener responsabilidades familiares ineludibles a ser militar en activo o residir en el extranjero, entre otras circunstancias. Por delante queda una vista previa al juicio para que las partes puedan ejercer su derecho a recusar a alguno de los componentes del tribunal popular. Y no será hasta el mismo día de la vista oral, el 12 de diciembre, cuando se hará la criba definitiva.

El expresident no ha aparecido por su escaño desde que dimitió en el Consell

El goteo de noticias sobre la preparación de la vista oral es casi la única información que trasciende sobre Camps. Hace sólo cuatro meses desde que su imputación en el caso Gürtel le obligó a dimitir, pero para el PP el expresident pertenece ya al pasado remoto. Así se desprende, al menos, de la actitud que durante este tiempo han mantenido los máximos dirigentes del partido.

Sus compañeros de formación, que durante años abundaron en elogios hacia él y en ardorosas defensas de su inocencia, no lo han citado en la campaña electoral. Dos de sus antaño principales valedores, el líder nacional, Mariano Rajoy, y el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, escribieron recientemente sendas autobiografías en las que apenas se le cita.

El propio Camps se ha aplicado a la tarea de hacerse invisible. Su última aparición pública fue en septiembre, cuando tomó la palabra en un mitin en Benicàssim (Castellón) que había sido concebido para arropar a su sucesor, Alberto Fabra. El gesto del expresident causó malestar en amplios sectores del partido, y él aprendió la lección. Desde entonces, ni siquiera ha aparecido en Les Corts Valencianes, donde conserva su escaño.

Sus compañeros de partido apenas lo han citado en sus comparecencias

Sí asiste, según fuentes de este órgano, a los plenos semanales del Consell Jurídic Consultiu, entidad pública en la que fue nombrado consejero gracias a su condición de expresident autonómico, y por la que cobra 57.586 euros anuales. Según la ley, el puesto le corresponde durante un máximo de 15 años. Camps conserva, además, secretaria, despacho, coche oficial y chófer.

Desde este retiro bien remunerado, Camps espera la llegada del día del juicio. Los nueve miembros del jurado tendrán que decidir si es culpable de un delito de cohecho pasivo impropio por aceptar en torno a 14.000 euros en trajes de los dirigentes de la trama Gürtel. Se expone a una pena máxima de más de 49.000 euros de multa. El expresident ha defendido en varias ocasiones su inocencia pero tendrá complicado demostrarla, ya que dos dirigentes del PP acusados del mismo delito se declararon culpables ya en el mes de julio.