DesinformaciónLa receta más radical para luchar contra la desinformación: legislar y sancionar a los "grandes productores"

Un informe coordinado por la plataforma Xnet exige una serie de cambios normativos contra la desinformación que responsabilice sin medias tintas a los "grandes productores" de la misma: Gobierno, partidos políticos, medios de comunicación y empresas cuyas actividades impactan sobre más del 10% de la población. Al mismo tiempo, propone medidas para "ampliar las capacidades de vigilancia y verificación de la ciudadanía". El enfoque, pues, trasladar la responsabilidad a quien se beneficie de la difusión de información.

En un largo documento, la plataforma concluye que es "imprescindible y urgente que se rectifique la tendencia jurídica y narrativa global que tiende a culpar —desinformada, paternalista o interesadamente— la ciudadanía que en realidad las sufre, en lugar de a los "grandes productores" de 'fake news'" ya mencionados, a su juicio.

El documento presta especial atención a la desinformación en procesos electorales, algo de actualidad por la cercanía de dos convocatorias próximamente: el 28 de abril se celebran en España las elecciones generales y las valencianas, y el 26 de mayo, las europeas, municipales y autonómicas salvo en algunas regiones. Y mientras tanto, el Tribunal Constitucional ha de pronunciarse sobre el recurso contra la última reforma electoral, que permite a los partidos en campaña rastrear y usar para propaganda los datos de los usuarios de internet y redes sociales.

Exigen "transparencia para las instituciones y corporaciones,  y privacidad para las personas"

Así, proponen "reformar la normativa para incorporar obligaciones de transparencia y verificación, durante las campañas electorales y no", en un contexto de “transparencia para las instituciones y corporaciones, privacidad para las personas”.

Asimismo, consideran que debería ser obligatorio para todos los partidos publicar de forma activa los gastos detallados en materia de comunicaciones, electrónicas o no. Para ello, proponen introducir este precepto en la Ley de Transparencia (que es ordinaria), y no en la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos. "De este modo se evita la dificultad de la mayoría reforzada que exigen las leyes orgánicas", proponen.

Más transparencia... y sanciones

Xnet recuerda que "el ordenamiento prevé la obligación de verificar la información que se difunde", bien en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, bien el artículo 20 de la Constitución, que exige que la información que se difunda sea veraz, entre otras normativas.

"La obligación de verificación debería ser imperativa respecto de un 'informador influyente', con su correpondiente régimen sancionador", concluye el documento, que define esta figura como toda persona física o jurídica (incluidos gobiernos, partidos políticos, mass media, corporaciones y marcas) que tenga un poder de alcance de difusión considerable, y ésta se produce a raíz de un pago o cobro (suscripciones, publicidad, etc.).

Para este colectivo, debería ser obligatorio para estos 'informadores influyentes' —con su correspondiente sanción si hay incumplimiento— los siguientes puntos:

- Mostrar la trazabilidad, fiabilidad y detalle de todas las fuentes y datos empleados y contrastarlos con al menos una fuente alternativa.

- Motivar para la exclusión de otros parámetros notorios para evitar el efecto "cherry picking", es decir, la selección de unos datos en perjuicio de otros para reforzar la tesis del mensaje.

- Proporcionar un análisis de las asociaciones de ideas no sustentada por ningún dato empírico.

- Revisar la veracidad de las declaraciones.

- Mostrar en las informaciones múltiples casos para verificar una hipótesis, con el fin de evitar que una anécdota se convierta en norma.

- Revisar las informaciones de forma interna y detallada por, como mínimo, un redactor y un editor, o varios revisores.

- Autoevaluar de la fiabilidad de la información conseguida.

- Indicar de forma detallada las fuentes de financiación y las afiliaciones.

- Indicar de forma detallada el método de trabajo y de verificación y, los procesos seguidos para establecer el grado de veracidad.

- Implementar una política de rectificación ágil.

- Publicar los protocolos exactos de las operaciones automatizadas y del uso

que se hace de los datos de los ciudadanos ("Transparencia de los algoritmos").

- Para todo el mundo, influyente o no, "el deber imperativo y sujeto a sanciones de transparencia tanto para el patrocinador como para emisor y/o el difusor o quienes cobren en el caso de contenido pagado, patrocinado o cobrado, o del contenido diseminado a través de voluntarios vinculados a las organizaciones emisoras".

- Penalizar el 'astroturfing', es decir, a cualquiera que finja no estar relacionado con los beneficiarios del mensaje que emiten.

- Elaborar un registro público de todas las informaciones que superen unos determinados umbrales de difusión, con herramientas de búsqueda y filtrado.

Xnet sostiene que las medidas de transparencia deberían ser de obligado cumplimiento para los 'informadores influyentes', y en general para los "negocios relacionados con la difusión remunerada de información". "Consideramos que la obligación de verificación debe ser imperativa y su falta, fuertemente penalizada", aseveran.

Para las sanciones, el informe sugiere que se establezcan "en función de un porcentaje fijo sobre la facturación", y también que se incluya "un régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la decisión editorial de determinados medios respecto de cualquier autoridad pública".

¿Y la libertad de expresión?

Las obligaciones y el régimen sancionador que plantean los promotores de este informe caminan sobre el afilado borde de la libertad de expresión. No obstante, según la coordinadora de este trabajo y fundadora de Xnet, Simona Levi, "la fiscalización que se plantea aquí, con sanciones, debería ocurrir cuando exista una transacción económica en el proceso de difusión de información, o sea, cuando alguien paga y alguien cobra para que una información se amplifique".

"Nosotros proponemos que se fiscalice muy duramente cuando ocurre una transacción económica, no pedimos que se apliquen protocolos más allá de lo que indican los códigos deontológicos, que en realidad no son obligatorios", afirma en conversación con Público, y añade: "Planteamos que esos protocolos se amplíen a más ámbitos de la comunicación, como los gabinetes de comunicación institucional, que deben aplicar códigos de verificación como hacen los periodistas".

"Naturalmente, nada es infalible, pero creemos que es neceasario indicar qué fuentes alternativas se han consultado para contrastar, por ejemplo, que es algo básico", apunta Levi. "Hoy en día pocos realizan una simple búsqueda en Google para buscar alternativas, por ejemplo, incluso periodistas".

"Lo que proponemos son unos mínimos que no creo que sean problemáticos para cumplir, y unos máximos que, creemos, deben ser muy duros", concluye.