El PSOE está dispuesto a levantar un muro contra la corrupción, a través de endurecer espectacularmente los delitos aparejados a esta práctica, así como con una serie de medidas de regeneración democrática y de mayor control de la actividad política y de las Administraciones Públicas.

Fue el portavoz socialista Antonio Hernando quien presentó la propuesta del PSOE que, aseguró, será negociada con todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, aunque sigue negando la posibilidad de alcanzar cualquier pacto con los populares.

La propuesta del PSOE en materia de regeneración democrática y lucha contra la corrupción tiene varias fases y viene a modificar un gran número de leyes.

Por un lado, el PSOE presentará una Proposición de Ley en breve que incluye, entre otros apartados, la modificación del Código Penal para revisar y endurecer los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones legales. También pretende que otras figuras penales como la apropiación indebida o el blanqueo de capitales haya una cláusula genérica de agravamiento cuando sean los autores autoridades o cargos públicos. Asimismo, se contempla incrementar las penas de inhabilitación.

La propuesta también incluye la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Criminal con dos objetivos: que todos los casos de corrupción sean atribuidos a la Audiencia Nacional, y un nuevo procedimiento preferente para enjuiciar estos casos de la forma más rápida posible.

La batería de propuestas afecta a muchas más leyes para conseguir, entre otros puntos, la prohibición de que obtenga subvenciones, bonificaciones o ayudas de la Administración cualquier condenado por corrupción; prohibir el indulto a cualquier condenado en el ejercicio de su función de cargo público o el fortalecimiento de la prohibición del fraccionamiento artificial de los contratos.

Los socialistas también quieren el 'cese obligatorio' de los altos cargos en cuantos sean llamados a juicio oral, así como la suspensión de los parlamentarios o concejales cuando estén en el mismo caso.

En este apartado, se pide incluir en la Ley de Transparencia la obligatoriedad de que haya publicidad activa específica de los procesos de adjudicación de campañas de publicidad institucional, así como en los acuerdos sobre suelo y ordenación urbana. También plantea una regulación de los lobbies.

Otras propuestas del PSOE son: primarias abiertas obligatorias en todos los partidos, establecer un límite de dos mandatos consecutivos para ejercer la Presidencia del Gobierno o suprimir la facultad de los parlamentarios y otros cargos públicos de declarar por escrito.

También pide modificar el procedimiento de elección del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, RTVE, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Competencia.

Los socialistas piden más transparencia y mayores controles en estos nombramientos para evaluar la competencia e idoneidad de los candidatos, a través de un Comité Asesor de composición profesional variable, entre otras medidas.

Como ya se había anunciado, los socialistas piden la dedicación exclusiva de los parlamentarios, así como que diputados y senadores tengan la obligación de presentar al inicio y final de su mandato una certificación de la Agencia Tributaria sobre su situación patrimonial.

Se pretende, asimismo, mejorar y ampliar el modelo de declaraciones de bienes para que su publicación refleje, como mínimo, los datos relativos a todos los bienes y derechos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas, con desglose de los mismos y cuantificación de su valor.

La ley reguladora se está debatiendo actualmente en la Cámara Baja, y los socialistas quieren incluir a través de enmiendas tres apartados nuevos.

El primero, aumentar el periodo de incompatibilidad de dos años a cinco, para quienes pretendan incorporarse a empresas del sector sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión.

También se pretende que el Ministerio de Hacienda haga anualmente un informe detallado de los gastos de representación de todos los altos cargos. Y, finalmente, tendrán que hacer público los certificados de estar al corriente de todas las obligaciones tributarias.

A los altos cargos se les aplicará el mismo modelo que los parlamentarios en cuanto a dar cuenta de su patrimonio, cuando sean nombrados y tras su cese.

También está en trámite en el Congreso, y los socialistas aportarán dos enmiendas. Una para reducir significativamente la cuantía máxima permitida de donaciones dinerarias provenientes de personas físicas, y la tipificación en el Código Penal del delito de financiación ilegal de partidos políticos -que no existe- para sancionar tanto a quien financia, como a quien es financiado.

Propuestas regeneración democrática y lucha contra la corrupción.pdf by Público.es