Prejubílame a la suegra

Dicho así, "prejubílame a la suegra" suena a vodevil. Pero el asunto de los ERE fraudulentos en Andalucía no es una comedia frívola sino la amarguísima constatación de que el desmadre administrativo alimenta monstruos. En total aunque está por ver si la cifra crece, 72 personas se beneficiaron ilegal e injustamente de las prejubilaciones. Y a sus cuentas bancarias fueron a parar nueve millones del erario público de esa comunidad, la mayor en población (8,3 millones de habitantes) y donde la tasa de paro roza ya el 30%.

Aunque el caso sigue bajo investigación judicial, los datos ya conocidos, como los citados en el párrafo anterior, trazan la magnitud de un escándalo que lleva meses zarandeando a la Junta de Andalucía y al partido que la sustenta desde 1979, el PSOE.

De los 68 ERE investigados, más de un tercio (24) incluían falsos prejubilados, entre ellos la suegra del comienzo, madre política de Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo que le habló a la Policía del supuesto "fondo de reptiles" con que la Junta financiaba las ayudas a empresas en crisis. Guerrero permanece imputado junto con el ex delegado provincial de Trabajo en Sevilla, Antonio Rivas, que tiene dos cuñados como intrusos en los ERE. El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha sido el último personaje de relevancia en incorporarse a la nómina de imputados. Ahora, la jueza investiga su patrimonio.

Convertido en mazo del PP contra los socialistas, el caso de los ERE contiene una incógnita aún por resolver: la de por qué el Gobierno andaluz repartió las ayudas a empresas en crisis, aquellas cuyos empleados se acogieron a prejubilaciones, sin una rigurosa tramitación. Los fondos destinados a compañías con balances económicos en la UCI se repartieron incluso por el simple procedimiento de una llamada telefónica. Y nunca se publicaron en el boletín oficial.

Según la jueza, una tramitación ordenada y controlada por la cúpula de la Consejería de Empleo habría evitado que suegras, cuñados, amigos y amiguetes liquidaran su vida laboral con la fórmula más envidiada por la población trabajadora en tiempos de crisis: la prejubilación. La Intervención de la Junta avisó año tras año de que el procedimiento seguido incumplía la ley. El Gobierno andaluz sostiene que la Intervención jamás pidió que se paralizasen las ayudas. Y mantiene algo más: que gente como Javier Guerrero, quien hacía y deshacía a su antojo, habría colado sus chanchullos con o sin filtros.

La jueza ha dado ya muestras de que no se cree esa versión. Y, de momento, ha puesto contra las cuerdas al presidente Griñán y a su antecesor, el vicepresidente Manuel Chaves. ¿Cómo? Reclamando las actas de los 480 Consejos de Gobierno desde 2001.