Veredicto: culpable. Un jurado popular condenó ayer por unanimidad al italiano Giuseppe Massimo Chindamo por el asesinato de su ex novia, en mayo de 2006 en Las Palmas de Gran Canaria. La resolución va más allá, y reclama además que el agresor cumpla la pena de forma íntegra, de tal manera que no pueda redimirla.

El jurado aprecia en la muerte de la mujer las agravantes de alevosía, ensañamiento y parentesco. A tenor del fallo judicial, la Fiscalía solicitó una pena de 23 años de cárcel por asesinato y un año más por quebrantamiento de condena. La acusación particular elevó su petición a los 31 años por ambos delitos, informa Efe.

El dictamen considera que el acusado estaba en plena facultades físicas y mentales cuando mató de varias puñaladas, en plena calle, a su ex novia, a quien ya había maltratado y amenazado meses antes, por lo cual fue condenado a diez años de prisión por un Juzgado de Violencia sobre la mujer.

Conocer sus movimientos

A pesar de la orden de alejamiento que pesaba sobre él, Giuseppe Massimo deambuló en varias ocasiones por los alrededores del domicilio de su ex pareja para conocer sus movimientos. Hasta que, el 9 de mayo de 2006, dio con ella a las puertas de la Cruz Roja, a donde la mujer había acudido por motivos laborales.

El condenado se acercó hasta ella y le asestó varias puñaladas por la espalda con un cuchillo de submarinismo. Según el jurado, el hombre actuó así con la idea no sólo de matarla, sino también para hacerla sufrir. Tras la agresión mortal, Giussepe Massimo huyó de Gran Canaria y se ocultó en una cueva de La Gomera, donde fue detenido días después.

El abogado de la acusación particular, Francisco Javier Elá, que se emocionó al conocer el fallo del jurado, reclamó el máximo de 30 años de prisión para el acusado. Por su parte, el letrado defensor admitió la pena de 22 años y medio por el crimen, la mínima para el delito de asesinato.

Cantabria como acusación

Mientras, el Gobierno de Cantabria pedirá a la justicia que le permita personarse como acusación en el sumario abierto por el asesinato de una mujer que fue degollada, presuntamente por su marido, el pasado mes de noviembre en Puente Arce.

El Ejecutivo regional ha solicitado a los jueces ejercer dicha acusación en todos los casos de violencia de género con resultado de muerte que se han producido en Cantabria, desde que el Parlamento autonómico aprobó la Ley de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, en abril de 2004, siempre que las familias de las víctimas lo hayan autorizado.

Sin embargo, la Audiencia no le ha permitido hasta la fecha ejercer esta acusación, ya que considera que los intereses públicos ya están representados por el Ministerio Fiscal. El Gobierno discrepa de esa interpretación y la ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado.