Ordenan liberar a un prefecto boliviano acusado de genocidio

Un tribunal boliviano ordenó el lunes la libertad de un gobernador regional acusado de genocidio, en una decisión rechazada de inmediato por el Gobierno izquierdista de Evo Morales, que denunció una supuesta injerencia política en el órgano judicial.

La excarcelación del prefecto o gobernador del departamento amazónico de Pando, Leopoldo Fernández, fue dispuesta por una sala penal de la corte del sureño distrito de Chuquisaca, que declaró procedente un hábeas corpus interpuesto por la defensa del acusado, según informaron cadenas de radio y televisión.

Fernández, miembro destacado de un cuarteto de gobernadores derechistas opositores, está procesado como autor intelectual de la masacre de una quincena de campesinos, ocurrida el 11 de septiembre durante una ola de violentas protestas antigubernamentales.

Su detención y procesamiento permitieron al Gobierno tomar control pleno del norteño distrito de Pando, restando fuerza al bloque opositor antes de cruciales negociaciones que culminaron la semana pasada con un pacto político para llevar a referéndum en enero una nueva Constitución impulsada por Morales.

El tribunal que declaró procedente el hábeas corpus resolvió que debe anularse el juicio ordinario por el que Fernández está detenido desde hace más de un mes en La Paz y abrirse en cambio una causa de responsabilidades en Sucre, la capital de Chuquisaca.

"El gobernador del penal de San Pedro (de La Paz) debe excarcelar al imputado Leopoldo Fernández y ponerlo a disposición del fiscal general en un plazo de 48 horas", dijo la resolución judicial transmitida en vivo durante los informativos nocturnos de radio y televisión.

Mientras, activistas progubernamentales se congregaron en una plaza vecina a la cárcel paceña y el viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, dijo que la orden judicial "es nula de pleno derecho, no ha nacido a la vida de derecho y en consecuencia no tiene vigencia".

Gamarra señaló que el Gobierno no cumplirá la orden porque considera que la audiencia de hábeas corpus fue ilegal, entre otras razones debido a que dos ministros demandados no fueron notificados al encontrarse fuera del país.

Agregó que la sala penal no tenía atribuciones para decidir el tipo de juicio que debe enfrentar el prefecto de Pando, pues ésta es una atribución del fiscal general, quien ya ordenó la apertura de un proceso ordinario en La Paz.

"Fernández no ha cometido delitos que no son parte del ejercicio de sus funciones, sino delitos de lesa humanidad", agregó Gamarra.

La abogada Mary Carrasco, de la acusación contra Fernández, dijo que tenía lista un acción legal para bloquear el fallo del tribunal chuquisaqueño y advirtió que los jueces que ordenaron la libertad del prefecto "han cometido un delito".

El presidente Morales ha designado a un militar como prefecto interino de Pando y anunció el pasado fin de semana que este funcionario permanecerá en el cargo hasta la elección de una nueva autoridad regional en abril de 2010.