Uno de los cambios que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tiene previsto introducir en la nueva Ley del Aborto consiste en suprimir el derecho de las chicas de 16 y 17 a abortar sin el permiso de sus padres. Una decisión que está en las antípodas del camino a seguir que marca la ONU. El estudio Maternidad en la niñez: enfrentar el reto de l embarazo en adolescentes —incluido en el Estado de la Población Mundial 2013 que acaba de publicar el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)— establece como reto de todos los gobiernos el 'empoderamiento de las niñas'. Es decir, 'desarrollar su capacidad, permitiéndoles tomar decisiones en la vida'.

'Los gobiernos tienen el compromiso de ratificar los derechos de las niñas a la educación y a la sanidad, incluida la salud sexual y reproductiva', reza el informe, que añade que este empoderamiento es clave para evitar embarazos adolescentes. La reforma de la ley del aborto que prepara Gallardón —aunque ha sido aplazada hasta en seis ocasiones— cercenará los derechos y la capacidad de decisión de las adolescentes, a pesar de que la ONU afirma que 'es esencial construir una sociedad donde las niñas (...) sean capaces de tomar decisiones sobre su futuro y que afectan a sus vidas directamente'. E insiste: 'El embarazo en adolescentes no es el resultado de una decisión deliberada. Al contrario, el embarazo en general es el resultado de la ausencia de poder decisión'. 

La ley del aborto que puso en marcha el PSOE daba a las adolescentes la posibilidad de abortar por decisión propia, pero Gallardón les arrebatará ese derecho con una de las leyes más restrictivas de Europa sin hacer caso a las evidencias científicas, como un estudio de la revista The Lancet, que demuestra que la tasa de abortos es menor en países con leyes más permisivas y el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que revela que restringir el aborto sólo provoca más mortalidad materna. Poner trabas a la interrupción voluntaria del embarazo fomenta además los abortos en condiciones de riesgo, que 'se realizan en un 98% en países en desarrollo donde el aborto suele ser ilegal', dice la ONU. 

De hecho, el informe pone como ejemplo de buenas prácticas a los Países Bajos, que tiene una de las leyes más permisivas de Europa —las mujeres pueden abortar desde los 16 años hasta prácticamente la semana 24 de gestación— y, a la vez, 'una de las tasas de aborto más bajas del mundo'. Al margen de las leyes, un factor clave para reducir el número de embarazos adolescentes es la educación. La ONU afirma que 'las mayores tasas de alfabetización de las mujeres entre 15 y 19 años están relacionadas con tasas considerablemente más bajas de natalidad adolescente'. En este sentido, los Países Bajos también son un ejemplo a seguir, según la ONU, porque 'ha incluido la planificación familiar en el sistema público nacional de seguros médicos y proporciona anticonceptivos de manera gratuita'.  

Actualmente, y desde el año 2010, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva garantiza a las mujeres el derecho a decidir libremente la maternidad. Pueden abortar sin dar explicaciones hasta la semana 14 de embarazo. A partir de entonces, y hasta la semana 22, pueden hacerlo sólo si se aprecian malformaciones fetales o si hay riesgo para la salud de la madre. Después de este tiempo, la interrupción del embarazo sólo está permitida si un comité médico determina que hay una malformación grave o incompatible con la vida.

Lo que pretende ahora el Gobierno de Mariano Rajoy es cambiar esta ley 'de plazos' por una de 'supuestos', de modo que el aborto sea un delito excepto en casos concretos. De momento, las excepciones se desconocen, pero en España, entre 1985 y 2010, la interrupción del embarazo sólo estaba despenalizada en tres casos: violación (en las 12 primeras semanas), malformación del feto (hasta la semana 22) y riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer (en cualquier momento). De hecho, una de las pocas pistas que ha dado el titular de Justicia sobre el tema es que el objetivo del Gobierno no es volver a la ley de 1985, sino 'corregir los defectos que tenía' como por ejemplo, que la malformación del feto no sea uno de los supuestos que permita abortar de manera legal.