Un titular de este periódico del pasado día 24 rezaba así: 'El PP pide a Zapatero que no se negocie con las autonomías'. Se trata de una demanda que no sólo choca con nuestra realidad territorial sino con la legalidad vigente, que prescribe que cada comunidad debe aceptar o rechazar cada nuevo modelo de financiación en el marco de una comisión mixta con el Estado. En otras palabras, nuestro ordenamiento jurídico consagra la bilateralidad pura y dura, porque los presidentes autonómicos han de deberse únicamente a sus ciudadanos y no a los intereses de su partido.
Por eso Esperanza Aguirre salió 'encantada' de la Moncloa. Porque le presentaron una propuesta (catalana) que beneficia los intereses de los madrileños, por mucho que le duela a Rajoy.
Lo más curioso es que siempre fue así, siempre se negoció con las autonomías (CiU representaba entonces a Catalunya) y no con los partidos, hasta el punto de que Bono e Ibarra rechazaron en su día un modelo propuesto por el propio PSOE. Parece mentira que Rajoy y Montoro lo descubran ahora.
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