La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha reunido este jueves en el Senado con las comunidades autónomas a fin de elaborar una respuesta conjunta ante los mensajes negacionista de la violencia machista y presentar el llamado III Plan de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

La reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad se convocó de manera extraordinaria hace dos semanas tras las polémicas declaraciones esgrimidas por dirigentes autonómicos del PP, como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo o el consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

En concreto, Núñez Feijóo aseveró durante una alocución que si un padre mata a sus hijos "no es violencia machista, es intrafamiliar", pese a que, poco más tarde y a través de su cuenta Twitter no dudó en reiterar su compromiso con la lucha contra la violencia machista.

Por su parte, Aguirre esgrimió que el concepto de violencia intrafamiliar –que promulga Vox– puede ser preferible al de violencia de género al entender que es más "representativo", pues –según el consejero andaluz– el primero contiene al segundo. Más tarde, Aguirre quiso también reafirmar su compromiso con la violencia de género. 

Con estos precedentes, la Conferencia Sectorial de Igualdad tiene previsto reunirse para mejorar y renovar los acuerdos y los instrumentos presupuestarios del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como impulsar los proyectos vinculados al mismo.

El encuentro tienen lugar, además, después de las críticas vertidas por dirigentes políticos del PP, tales como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que planteó derivar los 20.000 millones de euros del Plan a paliar la inflación.

El Pacto de Estado que "ha venido para quedarse"

Como muestra de la unidad con las comunidades, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha explicado que un grupo de trabajo abordará la renovación del Pacto de Estado que "ha venido para quedarse" y será permanente después de que todos los grupos políticos, salvo Vox, firmaran el blindaje del mismo el pasado 25 de noviembre.

En concreto, el grupo trabajará en torno a distintos ejes con el fin de garantizar un sistema de financiación estable, plurianual y con fondos suficientes, pero también buscará reforzar la prevención y la detección precoz.

Abrirá los recursos de atención a todas las formas de violencia contra la mujer recogidas en los convenios internacionales –incluidas las víctimas de trata– con especial atención al ámbito rural, mujeres con discapacidad, racializadas, mayores y con problemas de salud mental, entre otras.

Igualdad ha tratado, asimismo, con las comunidades las medidas de coordinación y actuación sobre la crisis derivada de la guerra en Ucrania, aprobadas en un real decreto, entre las que se encuentran varias para facilitar y garantizar la protección y los derechos de las víctimas ucranianas de trata y explotación sexual.

Rodríguez ha calificado de "revolucionaria" una de las medidas incluidas en el decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros y que va a permitir que las mujeres sometidas a la trata y explotación sexual –todas, no solo las de origen ucraniano– sean acreditadas a afectos sociales y económicos como víctimas.

Esta medida les permitirá acceder a recursos sociales, entre ellos el ingreso mínimo vital, sin necesidad de presentar una denuncia ante la policía con lo que bastará que las organizaciones sociales acrediten su condición de víctimas.