La corrupción es 'un crimen de cálculo'. La definición es de Robert Klitgaard, un reconocido experto en la materia, y en ella se apoya Fernando Jiménez, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, para asegurar que se trata de un fenómeno 'muy sensible' a los cambios que se introduzcan 'en los incentivos' que lo alimentan. Dicho de otro modo: en contra de la creencia popular, existen procedimientos eficaces a la hora de combatir la corrupción política.

Manuel Villoria, profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del comité de dirección de Transparencia Internacional (TI), sostiene que la corrupción puede y debe ser reducida 'a unos niveles donde sea excepcional'. Para conseguir ese objetivo, tanto TI como la práctica totalidad de los expertos consultados por Público proponen un variado conjunto de medidas, todas ellas al alcance de las instituciones.

Hay que mejorar los mecanismos de denuncia de la corrupción

En primer lugar, 'preocuparse mucho más por los mecanismos preventivos' poniendo en marcha 'análisis de riesgos en todas las administraciones para detectar peligros, promover la rotación de los funcionarios que ocupan puestos en áreas de riesgo' o 'aplicar rigurosamente las normas sobre conflictos de intereses'. TI promueve también el reforzamiento de los mecanismos de mérito e igualdad en el acceso a la Administración para favorecer 'a los mejores, no los más fieles al partido', la evaluación de los empleados públicos por su desempeño y la adopción de medidas que faciliten la transparencia de todas las entidades públicas ('es urgente una Ley de Transparencia, como tienen casi todos los países europeos', subraya Villoria).

La sociedad civil, añade Felipe Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, debe tener 'acceso real a toda la documentación sobre una materia'. Alcaraz también propone 'normas más rígidas de incompatibilidades de los cargos públicos y funcionarios', y 'un seguimiento activo de Fiscalía' que imposibilite su incumplimiento.

Alcaraz y Villoria apuestan por adaptar la ley para introducir nuevos tipos penales como el enriquecimiento ilícito o la responsabilidad penal de las personas jurídicas (este último fue asumido el viernes por el Gobierno), y ampliar las penas y los periodos de prescripción (Enrique García Viñuela, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, cita expresamente los delitos de cohecho y falsedad documental). 'Hay que mejorar los mecanismos de denuncia de la corrupción y proteger a los denunciantes', reclaman los consultados. 'Quien denuncia con fundamento la corrupción no es un chivato, es una persona que actúa con lealtad institucional y social; es más bien un héroe que merece nuestro agradecimiento y no un villano'.

Son necesarias normas para impedir fraccionar los contratos

También hay unanimidad en la necesidad de reformar la ley de financiación de los partidos políticos, si bien el acuerdo no es total acerca de si reciben dinero suficiente. Sólo Rafael Bustos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, apuesta por aumentar la asignación pública para que atienda suficientemente sus necesidades, aunque sometiendo la entrega de dinero a un estricto sistema de control. 'Hay que reforzar funcionalmente los tribunales de cuentas, darles muchos más medios materiales y personales, y dotarlos de instrumentos coactivos sobre los partidos', argumenta.

Otros, como Jorge F. Malem, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, creen justo lo contrario. 'Es más eficiente poner coto a los gastos que aumentar la financiación, que de otro modo pareciera no tener fin. Esto implicaría a su vez una nueva forma de hacer política', asegura.

Los tribunales de cuentas deben tener más medios y competencias

Otras medidas adicionales propuestas tienen que ver con alejar las contrataciones de los políticos y con el urbanismo. En el primer apartado, Malem considera 'indudable que debería haber mecanismos legales que impidieran el fraccionamiento de los montos de los contratos administrativos para evitar su control, aunque sea de difícil implementación'. En el segundo, Villoria propone 'cambiar todo el sistema para reducir seriamente la corrupción: por ejemplo, que haya planes regionales y de zona muy rígidos, que los propietarios no sean los que tienen que ejecutar la promoción y que se prohíban los convenios'.

Rafael Vázquez, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada, añade una propuesta en el ámbito formativo: usar la asignatura de Educación para la Ciudadanía para fomentar los valores de transparencia y juego limpio. Vázquez subraya especialmente la conveniencia de crear 'ciudadanos críticos' para combatir la corrupción entre todos y no sólo desde los tribunales.

Jiménez cree que son los políticos también los localese_SEnD los que 'tienen que tomar decisiones'. En contra de otras opiniones, no cree que la solución sea 'limitar su papel. Lo que sí que hay que mejorar es la transparencia del proceso de toma de decisiones para asegurar que todos los intereses afectados se tienen en cuenta' y que haya 'rendición de cuentas una vez tomada la decisión'. El problema del gobierno local en España, asegura, no se debe a la responsabilidad exclusiva de los políticos locales. 'Muchas veces los funcionarios locales también tienen gran parte de culpa (y deberían estar más profesionalizados)'. Sin olvidar la 'responsabilidad de otros poderes, especialmente de las Comunidades Autónomas'.

Todos los expertos consultados por Público coinciden en la necesidad de que los partidos políticos afronten el problema en toda su dimensión a través de un gran pacto de Estado y no mediante soluciones parciales si se quiere de verdad evitar el riesgo de un gravísimo deterioro institucional y los efectos perniciosos del descrédito del sistema. Con la corrupción monopolizando el espacio público, la pelota está ahora en manos de los políticos.