Las madres de Altsasu: "Tanta desproporción produce terror"

Oihan Arnanz tiene 21 años. Sobre su espalda pesa una petición de cárcel de 62 años y medio. Jokin Unamuno cumplió 23 el pasado 6 de abril. El fiscal José Perals quiere que sea castigado con 50 años de condena. Adur Ramírez de Alda, con 22, enfrenta una pesadilla similar. Si los deseos del representante del Ministerio Público se hacen realidad, sus vidas, al igual que las de otros cinco jóvenes de Altsasu, podrían estar marcadas por unas prolongadas penas de cárcel. Así se resumen las últimas secuelas de la trifulca nocturna con dos guardias civiles de paisano que se registró durante la madrugada del 15 de octubre de 2016 en esta localidad navarra y que ha derivado en un polémico caso de “terrorismo”, cuestionado tanto a nivel local como internacional.

La indignación llegó este jueves hasta el salón de plenos del ayuntamiento de Altsasu, que ha celebrado una reunión extraordinaria para mostrar su solidaridad con los acusados y sus familiares. En una declaración aprobada con los votos de Geroa Bai, EH Bildu, PSN y Goazen Altsasu, la corporación manifiesta “su más rotunda discrepancia con la petición de penas que recoge el escrito de acusación de la Fiscalía”. Además, muestra su “preocupación por el devenir de los acontecimientos, habiendo constatado que este caso ha llegado a un nivel de desproporción y sinrazón inaceptables”.

Tal como se preveía, únicamente el concejal de UPN se posicionó en contra de esta moción, que también incluye una apuesta por la “convivencia, la justicia y el respeto de los derechos humanos de todas las personas como principios propios de un estado de derecho”. Precisamente por eso, el ayuntamiento advierte que “la desproporción que rodea este caso se enmarca en la dirección contraria a la normalidad y convivencia democrática”.

Una hora antes, las madres y padres de los jóvenes imputados comparecían en una plaza repleta de gente para reiterar, una vez más, que sus hijos no son terroristas. “Petición de 375 años de cárcel para ocho jóvenes, siete menores de 23 años, por una trifulca de bar en la que la lesión mayor fue un tobillo roto”, resumieron los familiares, quienes aseguraron que “tanta desproporción produce terror”. “Delitos muchísimo más graves, como homicidios, violaciones en grupo, violencia de género, infanticidios… reciben unas penas considerablemente menores a la petición fiscal”, destacaron.

En tal sentido, subrayaron que “otras peleas o agresiones a fuerzas de seguridad” con lesiones más graves a las registradas aquella noche en Alsasua “han acarreado penas menores”, en las que “raramente” se ha producido “el ingreso en prisión”. Por tales motivos, remarcaron que se trata de “una sobreactuación judicial, alimentada por una campaña mediática que ha distorsionado por completo la realidad de este municipio”. A día de hoy, tres de los acusados continúan encarcelados a casi 500 kilómetros de Alsasua bajo el severísimo régimen FIES, destinado especialmente a quienes están imputados por actos de terrorismo.

“No solamente se produce una actuación completamente desproporcionada, como han denunciado destacados juristas, sino que también también se está produciendo una utilización extensiva del delito de terrorismo, lo cual vulnera el principio de legalidad y el derecho a un juicio justo”, apuntaron. En esa línea, las madres y padres de los imputados han hecho un llamamiento a participar en la manifestación que se realizará este viernes a las 20.30 en Altsasu.

Apoyo del Gobierno de Navarra

La petición formulada por la Fiscalía también tuvo eco en el gobierno de Navarra, que a través de su portavoz, María Solana, mostró su disconformidad con la resolución del Ministerio Público, remarcando que no la comparte. “Esta misma apreciación la ha hecho la propia Audiencia Provincial de Navarra que ha defendido la no concurrencia de indicios para que los hechos sean calificados como terrorismo”, señaló Solana, quien volvió a reivindicar que estos hechos deben ser juzgados en Pamplona”, lo que implicaría que no fuesen considerados como terroristas.

La pasada semana, el Ejecutivo foral ya había acordado “interesarse ante el Ministerio de Interior por la situación de estos jóvenes de Alsasua reclamando, entre otras cuestiones, el levantamiento de las medidas extraordinarias de aislamiento y separación”. Del mismo modo, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra –las cuatro formaciones que sustentan el gobierno presidido por Uxue Barkos- también criticaron la actuación del fiscal.

Mirando a Europa

El desconcierto ante estas acusaciones ha llegado también al Parlamento Europeo, donde 51 diputados de 15 países se sumaron la pasada semana a un manifiesto en el que reclaman que “imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad” ante este caso, por lo que piden “la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo de estos hechos”. Asimismo, solicitan “la devolución de la competencia al Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona, para que sean allí juzgados”.

Ese texto fue dado a conocer en el marco de la visita realizada por un grupo de madres y padres de Altsasu al Parlamento Europeo, donde mantuvieron contactos con distintos representantes políticos y con integrantes de diversas ONGs que trabajan en el ámbito de los derechos humanos. Según adelantaron los familiares de los acusados, la declaración firmada por los europarlamentarios será enviada al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; a Frans Timmermans, vicepresidente primero de ese organismo; a Věra Jourová, comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género; y a Dimitris Avramopouluos, comisario europeo de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía. Hoy más que nunca, las familias de Altsasu empiezan a mirar a Europa.