Una ley exige solvencia a las constructoras

Facilitar que haya más inversión en infraestructuras costeada por el dinero de empresas privadas para que no sufran más de lo necesario las arcas públicas. Con este fin, aprobó ayer el Gobierno el proyecto de ley de captación de financiación en los mercados por los concesionarios de obras públicas. Una de las principales novedades es que exigirá una mayor solvencia a las constructoras que pujen las concesiones administrativas de infraestructuras, fundamentalmente autopistas y autovías.

Así, en el texto del proyecto consta que las compañías adjudicatarias deberán tener unos fondos propios (el mínimo de colchón de dinero exigible) de, al menos, el 10% de las inversiones que requiere la obra adjudicada.

Por otro lado, la norma, aprobada por el Ministerio de Economía pero promovida por el de Fomento, intenta ayudar a las constructoras a conseguir financiación en un momento en el que la banca es reacia a prestar dinero y pide más garantías. Para facilitar esto último, el Estado concederá avales y créditos participativos a las constructoras que ganen concesiones de infraestructuras.

El modelo concesional se basa en que la empresa adelanta el dinero para las obras y luego lo recupera cobrando un canon a la Administración por gestionar la infraestructura o bien, directamente, a los usuarios (como en las autopistas). El ministro de Fomento, José Blanco, quiere potenciar las concesiones de infraestructuras y la colaboración público-privada. De hecho, prepara un plan de inversión extraordinaria de 15.000 millones para los próximos tres años y las constructoras están convencidas de que tendrán que financiarlo ellas. Lejos de importarles, para las grandes compañías del sector, con capacidad financiera, supone más negocio, ya que, a largo plazo, recuperan la inversión y la rentabilizan.

Otra cambio favorable a las constructoras es que aunque reciban avales podrán costear su inversión emitiendo deuda. Como límite, sólo podrán hipotecar o convertir en títulos de deuda para captar dinero en el mercado hasta el 90% de la inversión realizada en la obra.

Pese a las facilidades, las constructoras reclaman más ayudas en un momento de grave crisis y presionarán para que los partidos introduzcan sus peticiones en el trámi-te parlamentario de la ley.