La Justicia valenciana acepta investigar a Camps junto a Correa

La imagen de un banquillo de los acusados en el que compartan asiento Francisco Camps, president valenciano, y Francisco Correa, presunto jefe de una de las tramas de desvío de dinero público más importantes de la democracia, tiene cada vez más visos de hacerse realidad. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) aceptó ayer que el president de la Generalitat y el jefe de la trama Gürtel sean investigados e hipotéticamente juzgados de forma conjunta en lo que concierne al presunto delito de cohecho que ambos cometieron en el llamado caso de los trajes.

En su auto, fechado ayer, la Sala Civil y Penal del TSJCV alcanza una conclusión: "Acceder a la inhibición (...) respecto de los hechos presuntamente imputados a Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabarís y Álvaro Pérez Alonso en relación con las eventuales entregas de prendas de vestir a Ricardo Costa Clemente, Francisco Camps Ortiz, Rafael Betoret Parreño y Víctor Camps Guinot y, en consecuencia, procede su acumulación a los hechos ya conocidos en este procedimiento (...), procediendo el magistrado instructor de esta Sala con plena libertad de criterio a resolver lo que estime procedente".

En el caso de los trajes', el president ya está imputado por soborno

Pese a que el auto ordena de manera expresa la acumulación, fuentes del TSJCV se apoyaron en la última frase del anterior párrafo para asegurar que el instructor del caso de los trajes, José Flors, tiene manos libres si considera oportuno desgajar la causa. De cumplirse ese pronóstico, es decir, si Flors intentara romper en dos el caso de los trajes, el auto del TSJCV quedaría invalidado en la práctica.

Con el paso dado ayer, el TSJCV acepta la petición del Tribunal Superior de Madrid para que fuese la justicia valenciana la que asumiera la investigación de los dirigentes de la trama Gürtel en cuanto a su papel en el caso de los trajes. Ahora, el juez instructor del caso, José Flors, debe decidir qué hacer tras la orden de acumulación, que presumiblemente demorará el juicio de los trajes.

El tribunal valenciano tiene aún pendiente decidir si investiga la presunta financiación ilegal del PP valenciano y si lo hace de manera conjunta con el regalo de trajes. El auto de ayer da bazas a la Fiscalía y al PSOE, que siempre han sostenido que los regalos fueron sólo una pieza más en los manejos de la red Gürtel con la Generalitat y el PP. Según los portavoces del tribunal, esa decisión se producirá antes de las elecciones del 22 de mayo.

El auto cuenta con el voto en contra del magistrado Juan Montero

A lo largo de 14 páginas, los magistrados se pronuncian una y otra vez a favor de la investigación conjunta del presunto cohecho impropio atribuido a Camps y el soborno sin adjetivos en que habrían incurrido Correa y los suyos.

El argumento principal del TSJCV es que quienes hacen el regalo y quienes lo reciben deben ser investigados en un mismo proceso, por la conexión evidente de los dos hechos y para evitar sentencias contradictorias. La Sala, dice el documento, debe "aceptar la inhibición al tratarse en realidad de dos perspectivas, activa y pasiva, de hechos cuya relación, y por ende su conexión, no puede ser negada, siendo conveniente su valoración conjunta en el mismo proceso (...) permitiendo todo ello la acumulación al presente proceso de dichos hechos".

Fuentes del TSJ aseguran que pese a todo Flors tiene la última palabra

Uno de los magistrados que componen la Sala del TSJCV, Juan Montero, dejó constancia de su desacuerdo con el criterio general a través de un voto particular. En su escrito, se opone a que la Sala acepte la ampliación y lo hace alegando que el Tribunal Superior de Madrid incumplió las normas procesales al dictar su inhibición. Montero fue quien ordenó sentar en el banquillo al portavoz socialista, Ángel Luna, ya absuelto, por mostrar un informe policial sobre los desmanes de la trama Gürtel.

A lo largo de sus fundamentos jurídicos, la Sala da la razón a la Fiscalía, que había pedido en varias ocasiones la acumulación de causas, y desmonta los argumentos que durante los últimos meses han dado la defensa de Francisco Camps y el PP (personado como acusación particular en el caso Gürtel en Madrid) para oponerse.

Por su parte, los abogados del president argumentaron que había defectos de forma en la inhibición, porque el instructor madrileño se adelantó a la Sala, que es la encargada de hacer este trámite. A esto, el TSJCV contestó ayer que finalmente fue la Sala madrileña la que refrendó la petición del instructor.

También argumentó Camps que se faltaba a su tutela judicial efectiva porque no se le permitía acceder a todo el material probatorio que había llevado al tribunal madrileño a inhibirse. La Sala valenciana le recuerda que los indicios son fundamentalmente los mismos que se habían manejado hasta el momento en el llamado "caso de los trajes", y que, en cualquier caso, para opinar sobre la conveniencia de la inhibición basta con manejar los autos emitidos por el instructor y la Sala de Madrid.

Flors instruye desde hace dos años la investigación por la que están imputados Francisco Camps, Víctor Campos (expresidente de la Generalitat), Ricardo Costa (ex secretario general del PP valenciano) y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de la Conselleria de Turisme). Todos están imputados por haber aceptado miles de euros en trajes de miembros de la trama corrupta. En concreto, se les acusa de cohecho pasivo impropio, la modalidad más leve de este delito, porque se considera que si aceptaron los regalos, fue sólo como agasajo y sin hacer nada ilegal a cambio.

La aceptación de la acumulación por parte de la Sala de lo Civil y lo Penal hecho público ayer abre la puerta a cambios sustanciales en el caso.

Según esas fuentes, lo anterior significa que Flors tiene ante sí cuatro opciones: no investigar a Correa, Crespo y Pérez aduciendo la inexistencia de indicios delictivos; investigarlos de manera conjunta con Camps y los otros tres imputados; decidir que el trío Gürtel sea investigado en solitario por un juzgado ordinario o agravar el delito imputado a alguno o algunos de los altos cargos del PP para sacarlos del caso de los trajes y que se les investigue junto con los miembros de la red. Esta última es considerada por dichas fuentes como la más verosímil.