El juicio por la catástrofe del Prestige queda visto para sentencia

El juicio por el hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas ha quedado hoy listo para sentencia tras más de ocho meses de interrogatorios, declaraciones de testigos y presentación de informes periciales.

El proceso judicial en la Audiencia Provincial de A Coruña se inició el pasado 16 de octubre después de más de diez años del hundimiento del buque que provocó una de las mayores catástrofes ambientales registradas en España como consecuencia de la marea negra que afectó a Galicia y se extendió por Asturias, Cantabria y Francia. A las 13:45 horas, el presidente del tribunal, Juan Luis Pía, ha declarado el macrojuicio visto para sentencia, entre las disculpas y los agradecimientos de los acusados.

En el banquillo de los acusados se sentaron a lo largo de estos meses el capitán del petrolero Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos y el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, entre otros. Sin embargo, han sido casi 140 los testigos y más de 90 los peritos que han pasado por el recinco ferial ExpoCoruña donde se habilitó la sala para la celebración de las vistas.

En la jornada de ayer, la empresa propietaria y armadora del 'Prestige', Mare Shipping, consideró que el Estado Español fue "víctima de servidores negligentes" por la gestión de las autoridades españolas en la catástrofe.

El abogado que representa a Mare Shiipping, Santiago Zabaleta, ha reconocido sólo parte de la responsabilidad de la armadora en el "vertido inicial" de fuel al asegurar que "sólo es imputable" a la armadora un 3% del vertido, 1.500 toneladas de fuel, según ha cifrado. Sin embargo, ha acusado a las autoridades españolas de cometer una "negligencia" al alejar el buque, lo que convirtió un "derrame accidental limitado" en una "contaminación masiva" de las costas españolas y francesas.

En su exposición, Zabaleta se ha centrado en justificar que la suma de los 22 millones que depositó la aseguradora del "Prestige", London P&I Club, en el juzgado de Corcubión y los 151 millones que tiene previsto abonar el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac) es "justa" y "equitativa" para esta catástrofe. No obstante, la Fiscalía y la Abogacía del Estado tratarán de que, a pesar de que la aseguradora haya depositado dicha cantidad, haga frente a la totalidad de la póliza suscrita con la armadora, que cubre daños por valor de 1.000 millones de dólares.

En la sesión del martes, también leyó sus conclusiones la defensa del jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos -para quien algunas acusaciones particulares piden una condena de hasta 7 años- y ha defendido su "absoluta inocencia".

El letrado, Paulino Rivero, ha afirmado que la maquinaría del 'Prestige' contaba con un "historial impecable" y asegura que "funcionaba correctamente". "Todo lo que puedo decir de la máquina del Prestige es su magnífico funcionamiento", ha indicado Rivero.

Las responsabilidades se basarán en las directrices del Convenio de 1992

Para evitar tener que hacer frente a responsabilidades en caso de una sentencia condenatoria para el capitán del buque, la aseguradora y la armadora del buque iniciaron a principios de año un arbitraje para delimitar las responsabilidades civiles ante la decisión del tribunal, al que España se sometió.

Así, se concluyó que las responsabilidades se basarían en las directrices del Convenio de Responsabilidad Civil por derrame de hidrocarburos de 1992, al que España está suscrito, y que limita la responsabilidad en el accidente en base a las toneladas de arqueo bruto del petrolero, que correspondería los 22 millones ya depositados.

"Nunca pagan por su responsabilidad los verdaderos culpables", dicen los ecologistas

Las organizaciones ecologistas han criticado que muchos de los responsables últimos del accidente, "desde el armador a líderes políticos del momento", no aparezcan ni siquiera como imputados en el caso.

"Siempre que se produce un asunto penal por alguna gran catástrofe medioambiental en el que está implicada una o varias grandes compañías, el proceso judicial deriva en una lenta y tortuosa pesadilla procesal de difícil resolución. Y nunca pagan por su responsabilidad los verdaderos culpables. Con el juicio del Prestige se repiten las circunstancias y las dificultades de otros casos, como el de Aznalcollar (1998), los buques Urquiola (1976) y Mar Egeo (1992)", ha señalado en un comunicado Ecologistas en Acción.