La jueza de los ERE pone el foco en Griñán a las puertas del 20-N

A las puertas de las generales del domingo, la jueza Mercedes Alaya, que investiga el conocido como caso ERE, ha puesto el foco en el principal barón socialista, José Antonio Griñán. En un auto de 10 de noviembre conocido ayer, Alaya profundiza en una de las ramas de la investigación, la concesión irregular de ayudas a empresas por parte de la Junta de Andalucía, y señala al presidente al interesarse por las cantidades superiores a 1,2 millones concedidas a 21 empresas. ¿Por qué? Alaya considera que estas ayudas requerían de la autorización del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, "cargos que han sido desempeñados en las fechas referidas [el auto se remonta a diez años atrás] por Don José Antonio Griñán [que fue consejero de Hacienda de 2004 a 2009] y Doña Carmen Martínez Aguayo [actual consejera de Hacienda]".

Alaya pide "copia compulsada de las autorizaciones" de estos consejeros. Es decir, pone bajo sospecha la actuación de Griñán como consejero del anterior presidente, Manuel Chaves, en relación a la concesión de ayudas fraudulentas a empresas, una de las patas de un caso que abarca falsos prejubilados en expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con dinero público y ayudas irregulares a ayuntamientos socialistas.

La Junta atribuye el auto a una "confusión" provocada por el PP

No es la primera vez que Alaya apunta a Griñán. La jueza está investigando si todo el Gobierno andaluz ha sabido durante años que se estaba haciendo un uso fraudulento de los fondos de la partida 31-L, un cajón de sastre de 647 millones repartidos desde 2001 prescindiendo de los procedimientos legales y con flagrante arbitrariedad, según la investigación. La diferencia es que ahora lo menciona con nombre y apellidos como objeto de sus pesquisas.

El auto, de 50 páginas, cayó como una bomba a primera hora de la tarde. Tras varias horas de silencio, la Junta respondió con un comunicado en el que, sin cargar contra la jueza, intentaba defenderse. "La Junta niega que la investigación apunte a Griñán, que únicamente es mencionado por la representación procesal del PP. El Gobierno deplora la confusión deliberada provocada por el PP", señala. Según la Junta, la jueza parte de una "falsa premisa", y es que las ayudas investigadas necesiten autorización de Hacienda, ya que la norma establece que esta sólo es necesaria en "operaciones de endeudamiento".

La versión de la Junta es que la jueza asume premisas falsas del PP, que es parte en el proceso y suele proponer nuevas líneas de investigación. "El PP propone diligencias que apuntan de forma torticera" a Hacienda para "dañar el buen nombre" de Griñán, dice la nota. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, dio ayer por "absolutamente inhabilitados" a Griñán y a Aguayo, informa Europa Press.

La instructora pregunta al alcalde de Sevilla por un ERE fraudulento

El auto es potente no sólo por la alusión a Griñán. La jueza de Instrucción número 6 pide al exdelegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido ahora alcalde de Sevilla, el plan de 2002 del Gobierno "para paliar la crisis de la Faja Pirítica andaluza", y también solicita datos de 796 prejubilados en distintos ERE de empresas mineras. Con esta solicitud, Alaya apunta a un ERE el de la Faja Pirítica del que una destacada figura del PP, el alcalde de Sevilla, fue responsable como delegado del Gobierno. "La jueza ha metido de lleno en el caso ERE al Gobierno de Aznar, a Arenas y a Zoido", declaró Mario Jiménez, portavoz del PSOE-A.

Alaya solicita también las actas desde 2001 del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego agencia IDEA), entidad pagadora de las ayudas. También pide a la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía ayuda para investigar si ha habido "uso abusivo de fondos públicos" por parte de "grupos empresariales". Alaya quiere saber si el caso de José Enrique Rosendo hijo de un exalcalde socialista de El Pedroso, cuyas empresas han recibido 13.757.483 euros en ayudas, es un caso único.

La jueza también imputa a dos personas por su intrusión en un ERE, uno de ellos Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado de Trabajo en Sevilla. Y, entre otras medidas, solicita la "vida laboral" e ingresos de la Junta percibidos por la empresa Matsa, puesta en el punto de mira por el PP, aunque sin éxito en los tribunales, al haber trabajado en ella una hija de Manuel Chaves.