Juez libera de responsabilidad a los militares acusados de expulsar de Honduras a Zelaya

El juez especial y presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Jorge Rivera, liberó hoy de responsabilidad a los miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, acusados de expulsar del país al depuesto gobernante, Manuel Zelaya.

Rivera dictó sobreseimiento definitivo y decidió otorgarles cartas de libertad a los seis oficiales, que no se presentaron a la audiencia donde leyó su fallo, en el que argumentó que el Ministerio Público (MP) no probó que hayan cometido delitos.

"La Corte Suprema de Justicia es un poder del Estado, yo respeto lo que emane de cualquiera de los poderes del Estado", señaló a periodistas, luego de conocerse el fallo, el presidente electo de Honduras, Porfirio Lobo, quien asumirá el poder mañana.

El fiscal del caso, Marcio Cabañas, anunció que el MP apelará la resolución, para lo cual tiene tres días.

"Definitivamente que sí" se presentará el recurso de apelación, "vamos a trabajar en eso para presentarlo", dijo Cabañas en escuetas declaraciones a periodistas.

Un abogado de la defensa, Juan Carlos Sánchez, explicó que con esta resolución "la Corte Suprema ha dicho que (los militares) son inocentes", aunque matizó que el caso "procesalmente no está concluido" porque está abierto a la apelación.

Rivera dictó "sobreseimiento definitivo" para el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez, y el subjefe del Estado Mayor, general Venancio Cervantes, por los delitos de abuso de autoridad en perjuicio de la Administración Pública y expatriación en perjuicio de la seguridad interior del Estado.

También quedan sobreseídos los jefes del Ejército, general Miguel Ángel García Padgett, de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince, y de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez, así como el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar.

El MP presentó los cargos contra los militares el pasado día 6, al estimar que hubo delito en la expulsión del país de Zelaya el 28 de junio pasado, tras el golpe de Estado con que fue derrocado.

La Constitución prohíbe la expatriación de hondureños.

"Si bien existe el indicio racional y de reconocimiento por parte de los imputados de ser los responsables de los actos que el Ministerio Público señala como criminosos, ante la falta del dolo no se ha podido acreditar la plena prueba de la comisión de delitos", dice el fallo.

El magistrado indica que, "al no poderse conceptualizar ninguna acción como delito, es procedente dictar el sobreseimiento definitivo correspondiente".

Rivera, que ordena entregar sus "respectivas cartas de libertad definitiva" a los procesados, afirma que "no se ha acreditado por la parte procesal correspondiente que los imputados hayan realizado las acciones que se señalan como punibles con evidente intención dolosa".

"Al faltar ese elemento no se pueden conceptualizar como delitos las referidas acciones", afirma.

En el fallo, Rivera recoge los argumentos de la defensa de que los militares aceptaron que "dispusieron el traslado" de Zelaya fuera de Honduras, pero "justifican que lo hicieron tomando en cuenta el gran peligro que corría el país y para proteger los bienes y las vidas de los hondureños y de los extranjeros residentes".

"Llegando a la conclusión de que en ese momento era preferible el derecho de la sociedad de vivir en paz y sin derramamiento de sangre", señala el fallo.

El general Vázquez dijo a Radio América que él y los demás beneficiados están "sumamente contentos" con la sentencia y aseguró que el país estuvo a punto de llegar a una guerra civil cuando se dio la crisis política que terminó con el derrocamiento de Zelaya.

"Teníamos una situación bastante grave en el país, estuvimos a punto de llegar a una guerra civil", subrayó Vázquez, y sostuvo: "Lo que hacemos los soldados es cumplir con los mandatos constitucionales".

"Cumplimos una misión de proteger al pueblo hondureño y al mismo ex presidente Zelaya", indicó Vázquez, quien además resaltó: "Los militares no podemos estar por encima de la ley, por eso nos sometimos a la ley", ante el proceso incoado por la Fiscalía.

Un abogado del Frente Nacional de Resistencia Popular contra el Golpe de Estado, Fredin Fúnez, comentó a periodistas que este proceso es "una farsa" para favorecer a los militares, "desde que se presentó el requerimiento fiscal" se sabía "que era un show", señaló.

A su turno, con pancartas de apoyo a la Junta de Comandantes, alrededor de un centenar de personas se apostó frente a la CSJ durante la audiencia, algunas de ellas transportadas en vehículos militares, constató Efe.