La juez impone 1,9 millones de fianza a Guerrero por gastar las ayudas de los ERE en cocaína

La juez María Núñez Bolaños ha abierto juicio oral y ha impuesto una fianza de 1,9 millones al exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, y de 2,1 millones a su exchófer, Juan Francisco Trujillo, en relación a las cuatro ayudas de los ERE fraudulentos. Estas ayudas suman un total de 1.475.028,01 euros que concedió el primero y parte de las cuales supuestamente habrían ido destinadas a la compra de cocaína, copas y antigüedades.

En un auto difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la magistrada abre juicio oral contra Guerrero y su exchófer por delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Por su parte, el Ministerio Público ha pedido 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros para Guerrero y su exchófer.

Isidoro Ruz Espigares, administrador de una de las empresas del exchófer, también ha sido acusado  delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita contra el administrador de una de las empresas del exchófer. Además, el que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín, deberá hacer frente a una fianza de 158.000 euros.

Además, la magistrada impone una fianza de 77.000 euros a la mujer del exchófer, Juana Gallego Rico, como beneficiaria a título lucrativo de las ayudas que recibió su marido, advirtiendo a todos los acusados de que deberán abonar la fianza en el plazo de un día, "con el apercibimiento de que de no prestarla se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

La magistrada, que ha dictado este auto una vez han presentado sus respectivos escritos de acusación tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Junta y el PP-A, declara a la Audiencia Provincial de Sevilla como órgano competente para enjuiciar esta pieza separada de los ERE.

Asimismo, la Fiscalía ha solicitado seis años y tres meses de cárcel para Isidoro Ruz Espigares y seis años de prisión para Albarracín.

La Fiscalía relata en su escrito que Guerrero y Trujillo, "personal laboral fijo de la Junta con categoría de conductor, asignado" al primero, a fin de "poder disponer para ellos de parte de los fondos públicos" que tenía a su disposición la Dirección de Trabajo con cargo a la partida 31L, "idearon inicialmente la constitución" de sociedades mercantiles "para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos de inversión".

Al hilo, precisa que estas sociedades son Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, añadiendo que Guerrero, "sin que conste ninguna solicitud de ayuda" por parte de ambas empresas y "sin la tramitación de expediente administrativo alguno", suscribió el 5 de febrero de 2004 un documento en el que certificaba que se había concedido sendas subvenciones de 450.000 euros a dichas empresas.

En ambos casos, y "para poder allegar" los 900.000 euros de fondos públicos a estas mercantiles, Guerrero suscribió el 16 de febrero de 2004, redactado por él mismo, un convenio de colaboración con el antiguo IFA para encomendarle el pago de la ayuda en el que, "a sabiendas de su falsedad", se recogía que el 5 de febrero de 2004 habían presentado ante la Dirección de Trabajo la solicitud de ayuda, plan de inversiones y de viabilidad, así como que la documentación acreditativa obraba en poder de dicha Dirección General.

Asimismo, asevera que Guerrero y Trujillo, "de común acuerdo y con ánimo de ilícito enriquecimiento, decidieron" que Isidoro Ruz Espigares presentara como promotor ante la Dirección de Trabajo un proyecto, "sin fecha", para el emplazamiento de una granja avícola, "en el cual, como financiación de la inversión, se disponía de una subvención de 450.000 euros".

De este modo, y "sin la tramitación de expediente administrativo alguno", Guerrero suscribió el 5 de febrero de 2004 un documento en el que certificaba, igualmente, que se había concedido dicha ayuda a la empresa de Isidoro Ruz Espigares, Ave Nueva S.L., para lo cual también suscribió un convenio de colaboración con el IFA.

Anticorrupción afirma que, en la tramitación del pago de estas cantidades como ayudas o subvenciones a las tres sociedades mencionadas, "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, concediéndose por Guerrero sin competencia legal para ello" y "sin la aplicación de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para la concesión de subvenciones".

Además, y según la Fiscalía, no se ha acreditado "el carácter excepcional" de las ayudas y no se ha dictado resolución motivada de concesión "con expresión de los requisitos exigidos a las sociedades beneficiarias", no sometiéndose además "a ningún tipo de fiscalización" de la Intervención y "sin hacer ningún tipo de seguimiento de la aplicación dada a los fondos públicos concedidos".

A su juicio, el importe de 450.000 euros de cada una de las "supuestas" ayudas fue fijado "de propósito" por Guerrero "para evitar" que, conforme a la normativa reguladora de las competencias del Consejo Rector del IFA, este órgano las aprobase.

La Fiscalía añade que Trujillo, como persona autorizada en las cuentas bancarias de las tres sociedades, "dispuso" del total de 1.350.000 euros transferidos por IDEA "como si de una caja única se tratara, no ejecutando ninguno de los proyectos de inversión ni contratando el personal que se recogía en las memorias o proyectos que se aportaron para de forma engañosa justificar la concesión de las ayudas".

Todo ello, además, "siendo evidente que en ningún caso las tres sociedades se constituyeron para iniciar una actividad empresarial sino para canalizar para disposición de los encausados fondos públicos de la Junta de Andalucía", asegura la Fiscalía, que agrega que, con estas ayudas, el exchófer de Guerrero "financió compras de inmuebles y fincas rústicas, bien para su uso bien con fines especulativos".

Asimismo, y según la Fiscalía, Trujillo entregó a su esposa 24.000 euros para que adquiriera una finca.

De su lado, y con los fondos transferidos a estas tres empresas por IDEA, Guerrero "recibió entregas de efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína" por parte de su chófer", todo ello "sin que se haya podido cuantificar su importe pero constituyendo éste un porcentaje importante de éstos fondos".

La Fiscalía concluye que el destino que los encausados dieron a los fondos percibidos "supuso no sólo una merma importante en la disponibilidad presupuestaria para atender la finalidad del programa 3.1L --ayudas sociolaborales y a empresas en situación de crisis--, sino también un grave perjuicio a la actividad a desarrollar por la administración de la Junta ante las ciertas, concretas y singulares situaciones de crisis socioeconómica de la comunidad autónoma, privando a empresas andaluzas, en situación real de crisis, de concurrir y acceder a estas cantidades".

En el escrito de acusación, agrega que, en abril de 2007 y "al no disponer de liquidez para poder atender" todos los gastos reflejados anteriormente, Guerrero y Trujillo contactaron con Antonio Albarracín para que, figurando como tomadora la Dirección de Trabajo, se preparara una póliza de seguros en la cual debía de figurar como persona asegurada y beneficiaria de la misma Estrella Blanco, madre de Trujillo.

Así, Trujillo "imitó" la firma de su madre, que recibió en su cuenta bancaria 120.028,01 euros y que, "ajena a todo lo expuesto, hacía reintegros de estas cantidades entregándoselas a su hijo, el cual las empleaba para seguir atendiendo gastos propios y las entregas en efectivo, invitaciones y compra de cocaína" para Guerrero.