La investigación al núcleo duro de Camps augura un otoño caliente a Rajoy

Sólo un milagro evitará a Mariano Rajoy afrontar la recta final de su carrera hacia la Moncloa con el núcleo duro de Francisco Camps imputado en el caso Gürtel por graves delitos de corrupción penados con cárcel. Una vez que el Tribunal Superior valenciano (TSJCV) aceptó el pasado miércoles investigar los indicios de financiación ilegal (delito electoral), prevaricación (contratos amañados), cohecho (soborno) y falsedad documental (facturas falsas) expuestos por el juez madrileño del caso, Antonio Pedreira, los plazos indican que el inicio de la instrucción coincidirá con el del curso político tras las vacaciones de verano. Y eso significa que el desfile de imputados se producirá en la precampaña de los comicios generales. O, a menos que alguna argucia legal lo impida, en la campaña si hay adelanto electoral.

Tras el auto, emitido tres días después de las elecciones y que considera los delitos enunciados como "presuntamente atribuibles" a cinco miembros de la cúpula de Camps, con el vicepresidente Vicente Rambla en cabeza, las partes personadas tienen hasta hoy para interponer recurso de súplica. Fuentes del tribunal dan por descontado que el PP impugnará la resolución: no hacerlo equivaldría a validar la tesis de que hay suficientes indicios para justiciar el nacimiento de una nueva rama del caso Gürtel, la más peligrosa para Camps.

Sobre Rajoy se cierne la amenaza de los contratos a la red y la financiación del PP

Y esa rama se perfila como la más lesiva porque ya no hay en juego "tres trajes" sino mucho más. Y porque afecta, además de a Vicente Rambla, a la presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez. Sobre Rambla pesa la sospecha de delito electoral, prevaricación y cohecho, delitos esos dos últimos en los que, presumiblemente, compartirá imputación con Martínez. Otros tres dirigentes se encuentran a medio paso de ser imputados por delito electoral: Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano; David Serra, vicesecretario general, y Yolanda García, tesorera.

Un 'cluster' de corrupción

Anticorrupción no ha desvelado aún si también impugnará el auto para pedir al tribunal que incorpore la visita del papa, excluida de la investigación. Y los socialistas, que ejercen la acusación popular, se plantean formular una súplica para que el TSJCV descarte la opción de que los nuevos hechos se investiguen troceados en varios sumarios. El portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, no ha cesado de repetir que el regalo de los trajes, los contratos a Orange Market (siete millones por Fitur), los presuntos sobornos, la supuesta ocultación de fondos electorales a Hacienda (2,5 millones) y las facturas pagadas a la trama por empresarios afines en presumible beneficio del PP (891.893 euros) forman parte de un todo auspiciado por un "cluster de corrupción".

El tribunal no espera resolver los recursos del caso hasta mediados de julio

Para afianzar la tesis de que existió ese cluster o grupo de intereses comunes, los socialistas pedirán al TSJCV que adjunte a los informes del caso la agenda de Pablo Crespo. Como informó Público, el considerado lugarteniente de Francisco Correa en la red corrupta anotó en su dietario una reunión con la cúpula del PP valenciano para crear un partido "montaje" destinado a erosionar al PSOE. La agenda demuestra también que la red sabía que el papa viajaría a Valencia en el verano de 2006 antes de que la visita fuera oficialmente confirmada.

Tanto la Fiscalía como el PSOE valenciano (PSPV) sostienen, además, que los datos aportados por el sumario sobre presunta financiación ilegal y contratos amañados deben investigarse junto con el caso de los trajes, en el que Camps ya está procesado por un delito de cohecho pasivo impropio, el grado más leve de soborno. En plena campaña, el juez de los trajes, José Flors, concluyó que Correa, Crespo y Álvaro Pérez, responsable de Orange Market y "amiguito del alma" de Camps, no habían delinquido al regalar los trajes. Tanto la Fiscalía como el PSOE han recurrido ese sobreseimiento.

Una vez recibido el o los recursos de súplica, la toma de decisión requerirá dos o tres semanas, calculan fuentes del TSJCV. Se considera fuera de duda que el tribunal se ratificará en su competencia para investigar a los cinco miembros de la dirección valenciana del PP, todos ellos aforados como diputados en Les Corts.

Salvo que se habilite agosto, y no se prevé, las citaciones serán

A partir de ahí, las partes personadas tendrán un plazo simultáneo de cinco días hábiles en la práctica, una semana para solicitar al tribunal con sus alegaciones que acumule la investigación de todos los nuevos delitos cuya investigación asume el TSJCV. O, por el contrario como se barrunta que hará el PP que los disperse en dos o tres instrucciones: prevaricación y cohecho por un lado, y delito electoral y falsedad por otro. E, incluso, delito electoral en un paquete y falsedad documental en otro, aunque esa última hipótesis parece más lejana dado que ambas conductas aparecen conectadas.

El TSJCV no ha accedido a la petición de la Fiscalía para investigar otro delito electoral en 2008, el que supuestamente habrían perpetrado los ocho empresarios que pagaron las facturas en discusión. Pero tampoco ha cerrado la puerta a que se indague si las pesquisas confirman que los pagos de supuestas facturas falsas afectaron a las cuentas electorales del PP. En resumen: falsedad documental y delito electoral se perfilan como infracciones penales interdependientes, por lo que carecería de sentido realizar instrucciones paralelas.

El fantasma del cerrojazo

Si el caso de 'los trajes' no se une, el juicio a Camps se anunciará en otoño

Para pronunciarse sobre si acumula o no, y según fuentes del tribunal, harán falta otras tres semanas. Eso significa que sólo a mediados de julio se sabrá cómo y qué magistrado o cuáles, si hay varias causas acomete la instrucción. Y, salvo en la hipótesis de que el TSJCV habilite agosto, las citaciones de imputados comenzarán a cursarse a partir de septiembre. Fijar interrogatorios para agosto y no está previsto, según fuentes del tribunal evocaría el fantasma del cerrojazo fallido al caso de los trajes, perpetrado el 3 de agosto de 2009.

Si, tras dos años de resistencia numantina, el tribunal se aviene a unir la causa de los trajes con la de la financiación, no habrá juicio inmediato para Camps por cohecho impropio.

Si el TSJCV persiste en que se trata de hechos inconexos, el juicio se anunciará en septiembre u octubre. Pero, en cualquier caso, todo augura un otoño caliente a Camps. Y, sobre todo, a Rajoy, cuya condición de gran avalista político del president amenaza con amargarle la campaña.