El Ministerio del Interior ha puesto en marcha un nuevo sistema integrado de búsqueda de personas desaparecidas que permite emitir alertas a través de los medios de comunicación y crea un teléfono de asistencia social para las desapariciones de menores, el 116000.

El sistema, que será utilizado conjuntamente por la Policía, la Guardia Civil y las policías autonómicas, se asienta en una nueva Base de Datos de Personas Desaparecidas y Cadáveres sin Identificar que permitirá a todos los cuerpos policiales registrar y compartir desde el primer momento toda la información de cualquier denuncia por desaparición que se produzca en España.

La base de datos realiza el cruce automático de los datos disponibles por todas las policías sobre casos de desaparición con los datos almacenados de cadáveres y restos humanos sin identificar.

Para el cotejo se utilizan diferentes elementos, tales como los rasgos físicos -tatuajes, cicatrices o fichas dentales-, huellas dactilares, o ADN.

El fichero será plenamente compatible con las bases de datos internacionales sobre desapariciones disponibles en Europol o Interpol, puesto que utiliza parámetros similares.

De forma paralela, el Ministerio del Interior pondrá en marcha un nuevo teléfono de atención social para los casos de niños desaparecidos -el 116000- que recogerá de inmediato las llamadas de denuncia por desaparición de menores, así como cualquier información relevante para las investigaciones policiales.

Esta nueva línea directa para casos de niños desaparecidos tiene asignado el mismo número con el que ya funcionan servicios similares en otros países miembros de la Unión Europea como Grecia, Hungría, Países Bajos, Portugal o Rumanía.

El 116000, que no tendrá carácter policial sino de atención social, será gestionado por una organización no gubernamental y contará con un protocolo estricto para trasladar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquier llamada que requiera tratamiento policial.

El nuevo protocolo integral de búsqueda de desaparecidos establece también la creación de un Sistema de Alerta por Desaparición de Alto Riesgo (SADAR), que permitirá a los responsables de la investigación la emisión de alertas o avisos de colaboración a los ciudadanos a través de los medios de comunicación.

El SADAR, similar al sistema Amber existente en Estados Unidos, o el Alerte Enlèvement de Francia, tendrá carácter transfronterizo en el caso de las desapariciones en las que se sospeche que el menor ha podido abandonar el país.

Para el Ministerio del Interior, la desaparición de un menor se presumirá siempre como de "alto riesgo" con independencia de que la ausencia sea voluntaria o no.

En el caso de los mayores de edad, la Policía valorará cualquier sospecha sobre un posible secuestro o extorsión, si es víctima de violencia de género, si ha desaparecido sin documentación o dinero, o presenta alguna discapacidad psíquica o física que pueda poner en peligro su vida, entre otras situaciones.

Cada año se producen una 50 desapariciones de "alto riesgo" en toda España, algunas de las cuales nunca se llegan a resolver.

El nuevo protocolo establece además la posibilidad de crear una "célula de seguimiento" integrada por el delegado del Gobierno y el mando del cuerpo policial responsable de la investigación.

Será esta "célula de seguimiento" la que decida si se envía una petición urgente de colaboración a los ciudadanos en los medios de comunicación por medio del nuevo sistema SADAR.

Además, y con el objeto de "prevenir la publicación de información que pueda perjudicar la investigación", se designará un portavoz oficial ante los medios de comunicación y un "enlace policial" que centralice el contacto con la familia de la persona desaparecida.

En la presentación del nuevo sistema, en la Comisaría General de Policía Científica, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, ha asegurado que con este nuevo protocolo conjunto se responde a una demanda ciudadana y a la "gran inquietud social" que generan los casos de desapariciones.

El protocolo agiliza además el trabajo de investigación y ahonda en la "cultura de colaboración" entre todas las Fuerzas de Seguridad del Estado, que hasta ahora trabajaban de forma autónoma y con criterios dispares sobre los casos de desaparecidos.