Iberdrola denuncia a Francia ante la Comisión Europea por blindar ilegalmente a EDF

Iberdrola ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea (CE) contra Francia por considerar que la legislación de este país permite blindar de forma ilegal a EDF, controlada en un 85 por ciento por el Estado francés, y contraviene la normativa comunitaria, confirmaron a Efe fuentes de la eléctrica.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán considera que las leyes 2004/83 y 1983/675 permiten establecer una especie de "acción de oro" sobre EDF que la blinda de forma ilegal ante el interés de otras compañías.

Esta normativa contraviene, a su juicio, los dos pilares básicos del mercado único europeo: la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento, recogidos en los artículos 56 y 43 del Tratado de la Unión Europea.

Según Iberdrola, el Estado francés ostenta, además de su participación mayoritaria, una posición privilegiada en la gestión y administración de la sociedad, ya que nombra directamente, mediante decreto, a seis de los 18 miembros del consejo, así como al presidente y al consejero delegado.

Además, señala que un 70 por ciento del capital de EDF no se negocia en Bolsa y que para que el Estado francés pueda vender parte o el total de ese porcentaje debe modificarse la Ley 2004/83.

Estas medidas, según Iberdrola, disuaden a potenciales inversores de otros países ya que no pueden adquirir participaciones significativas.

La eléctrica explica que su denuncia se fundamenta en que cualquier persona física o jurídica, sin necesidad de acreditar ningún interés directo o especifico, puede poner en conocimiento de la Comisión Europea la existencia de normas o medidas estatales contrarias al derecho comunitario.

Fuentes comunitarias confirmaron a Efe la recepción de la denuncia y que la están estudiando.

La Comisión Europea deberá decidir ahora si admite la denuncia a trámite y, en ese caso, si abre expediente a Francia por incumplimiento del derecho comunitario.

La normativa comunitaria consagra la libertad de movimientos dentro de la UE, pero es neutra sobre la propiedad de las compañías y no hace distinciones entre capital público y privado.