Hacienda "chequeará" las cuentas de Catalunya y Extremadura

Cataluña y Extremadura han desvelado hoy que son dos de las comunidades que han recibido una llamada de atención ante un posible incumplimiento del objetivo de déficit por parte del Ministerio de Hacienda, que ha puntualizado que no se ha iniciado ningún proceso de intervención y que es solo un "chequeo".

El Gobierno sacó la semana pasada tarjeta amarilla a varias comunidades, ocho según varias fuentes, por las dudas de que cumplan con este objetivo, fijado en el 1,5 % del PIB para este año. Después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado jueves, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, no quiso concretar ni el nombre ni el número de las autonomías amonestadas.

Solo el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de Murcia, Juan Bernal, admitió tras ese encuentro la llamada de atención, aunque se mostró convencido de que el plan de reequilibrio de su comunidad va en la buena dirección. A Murcia se han unido hoy Cataluña y Extremadura, que han reconocido públicamente que el departamento que dirige Cristóbal Montoro se ha dirigido a ellos preocupado por la posibilidad de que no cumplan con el objetivo de déficit.

Montoro asegura que este "chequeo" no es el inicio de un proceso de intervención

El presidente catalán, Artur Mas, ha comentado que ha recibido la advertencia de una posible intervención a través de la Consejería de Economía, dirigida por Andreu Mas-Colell. Este aviso, según el jefe del Ejecutivo autonómico, es "normal porque Catalunya tenía un problema de desequilibrios importantes, que aún en parte se mantienen", aunque no se entendería que el Gobierno central llegara a intervenir "la autonomía que más está haciendo para intentar corregir" esta situación. Ante el caso extremo de una intervención, posibilidad recogida en la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, podrían convocarse elecciones anticipadas en la comunidad, según Mas.

No implica intervención

El Ministerio de Hacienda ha explicado que estos avisos no son un procedimiento para la intervención, sino que se trata de un "chequeo", que será habitual en los próximos meses y años. Por ello, ha lamentado que se hayan confundido en algunas informaciones este trámite "preventivo y ordinario" con los procedimientos "coercitivos y de ejecución forzosa" previstos en la citada ley.

El Ejecutivo pide a las autonomías lo que él "no es capaz de cumplir", según el PSOE

Extremadura se abstuvo en la votación de los nuevos objetivos de déficit autonómico durante el CPFF (0,7 % para 2013 y 0,1 % para 2014), junto con Castilla y León, al no haberles convencido los argumentos esgrimidos por Montoro para endurecer el fijado por el anterior Gobierno en un 1,1 %. Precisamente a esta postura se ha referido la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, quien ha negado una posible rebelión de estas dos comunidades en el CPFF y que eso signifique un incumplimiento del objetivo del déficit para este año.

Desde el PSOE se ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un pacto de Estado con las comunidades porque se les está "exigiendo" lo que el Ejecutivo "no es capaz de cumplir" y no se les ha flexibilizado el objetivo de déficit, como ha hecho la Unión Europea con España.

Un objetivo demasiado "ambicioso"

Según la agencia de calificación de riesgos Fitch, parece "improbable" que las autonomías consigan este "ambicioso" objetivo, aunque el crédito regional verá un "efecto positivo" gracias a la puesta en marcha el fondo de liquidez autonómica.

Andalucía y Canarias no harán efectiva la bajada de salarios a los funcionarios

Las autonomías tienen hasta el 31 de diciembre para acogerse si quieren a este mecanismo, dotado con 18.000 millones de euros y que tienen como objetivo proporcionar a las comunidades financiación ante la dificultad con las que se encuentran actualmente.

Andalucía y Canarias, dos de las comunidades que votaron en contra de estos objetivos de déficit, también han anunciado que no harán efectiva la bajada de salario a los funcionarios que habían aprobado en sus planes de reequilibrio para no aplicarles "dos sanciones", después de la retirada de la paga de Navidad por parte del Gobierno.