El Govern de Cataluña ha apelado hoy directamente a la Constitución española para defender el catalán y la inmersión lingüística en la escuela, sabiendo que cuenta con el apoyo casi unánime de la sociedad civil catalana, mientras el expresidente Jordi Pujol ha pedido reaccionar "con toda la energía".

Un día después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que impone también el castellano como lengua vehicular en el segundo ciclo de educación infantil en Cataluña, la clase política y la sociedad civil de Cataluña han seguido reaccionando.

El portavoz del Govern, Francesc Homs, en declaraciones a EFE, ha dicho que la propia Constitución "ampara la protección de la lengua catalana", ya que en su artículo 3 reconoce que "la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".

Homs ha denunciado que desde hace tiempo "hay un goteo" de actos contra la lengua catalana, que más que "incomprensión" denotan "mala fe", porque "se explican falsedades" sobre la realidad lingüística en Cataluña y "se toman decisiones gubernamentales y judiciales que son un desafío total al sentido común y al marco constitucional".

Ayer el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya reafirmó la voluntad del Govern de seguir enseñando el catalán, "nuestro idioma desde hace más de 800 años", "pese a quien pese y haya las barreras que haya".

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha llamado a los catalanes a "reaccionar con toda la energía" ante esta "ofensiva" contra el catalán: "Todo menos que nos conviertan en algo irrisorio e insignificante", ha proclamado.

Según Pujol, el "ahogo económico y financiero", así como la "política de debilitamiento de la lengua y la cultura y el hecho de dificultar la integración del conjunto de la población catalana condenan a Cataluña a la residualización".

Por su parte, el actual senador y expresidente de la Generalitat, José Montilla, ha expresado su "preocupación" por las personas que "en casa y fuera no quieren que la lengua catalana sea la lengua vehicular en la escuela".

Al igual que existe unanimidad en la sociedad civil, con la entidad Som Escola agrupando a las principales entidades cívicas y educativas catalanas, el consenso en la defensa del modelo de inmersión ha sido hoy también general en los partidos políticos, con excepción del PP y Ciutadans.

La nota más disonante ha sido la de Convivencia Cívica Catalana, que ha advertido de que se querellará contra Mas y la consellera Irene Rigau si optan por el camino de desoír la sentencia del TS.

Aunque el gobierno catalán no ha anunciado por el momento qué decisión tomará respecto a la sentencia, el argumento principal que esgrime es que el sistema de inmersión lingüística está "blindado" por la Ley de Educación de Cataluña (LEC).

Esta ley fue aprobada en 2009, un año después del decreto 181/2008, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, del cual ahora el TS ha anulado varios artículos relativos a la lengua.

No obstante, tampoco descarta otras medidas, como pedir el amparo al Tribunal Constitucional, que estudia actualmente el ejecutivo catalán, ha anunciado hoy la consellera de Enseñanza, Irene Rigau.

También han reaccionado a la sentencia otros sectores de la sociedad civil catalana, como la Sociedad Catalana de Estudios Jurídicos del Instituto de Estudios Catalanes, que reclama que Cataluña disponga de un sistema judicial propio, adaptado a las necesidades sociales, como el que tuvo en la II República, para evitar sentencias como las del Tribunal Supremo sobre el catalán.

La Asociación de Maestros Rosa Sensat ha recomendado a los docentes catalanes que "no escuchen" la sentencia del TS y que continúen su labor pedagógica de inmersión como hasta ahora, e incluso ha llamado a la "desobediencia" en el caso de que se les obligue a impartir clases en castellano.

A última hora de esta tarde hay convocada una concentración en la plaza Sant Jaume de Barcelona en contra de la sentencia del TS.