El Gobierno rechaza indemnizar a los hijos de un fusilado en 1936

El Gobierno de España ha rechazado indemnizar a los hijos de un político fusilado en 1936. Virgilio Castilla, presidente de la Diputación de Granada durante la II República, fue asesinado el 2 de agosto de 1936 por los golpistas y multado y expoliado tras su fusilamiento. Su familia pretendía que el Estado asumiera la reparación patrimonial. La negativa del Gobierno enfría las expectativas de miles de familias víctimas de la rapiña franquista. Unas 200.000 familias sufrieron represión económica hasta 1945.

Virgilio Castilla (PSOE) fue condenado a muerte el 1 de agosto del 36 por un consejo de guerra que lo declaró culpable de rebelión militar, provocación, inducción e instigación a la rebelión e insultos a la fuerza armada. El fallo lo consideraba parte de "un amplio movimiento subversivo para implantar en Granada las doctrinas ruso-marxistas". Fue fusilado al día siguiente en la tapia del cementerio de San José. Su expediente pasó a un Tribunal de Responsabilidades Políticas, que declaró la incautación de sus bienes como garantía del pago de una multa de 250.000 pesetas. Para afrontarla, los Castilla (entonces una viuda con tres hijos) tuvieron que disolver la sociedad familiar, Luis y Virgilio Castilla Confecciones SL.

José Castilla, de 81 años, y su hermana Carmen, de 76, los dos hijos de Virgilio que quedan con vida, solicitaron el 21 de octubre del pasado año al Gobierno 262.832 euros. Según una pericia realizada para la familia por el catedrático de Economía Rafael Moreno, es la cantidad equiparable hoy a las 250.000 pesetas que le fueron impuestas en concepto de multa.

Los Castilla invocan un antecedente, el del gobernante republicano Juan Negrín. Tras una larga batalla, sus herederos lograron que en 1995 el Consejo de Ministros aprobase un decreto que obligaba al Estado a abonarles 287 millones de pesetas. Este dinero serviría para compensarlos por los "daños y perjuicios" por la "incautación [...] de los bienes de la herencia de don Juan Negrín Cabrera [padre del político] por aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939".

En el caso de Castilla, el Estado se lava ahora las manos en lo que a la responsabilidad patrimonial se refiere. La Abogacía del Estado se pronunció en contra de la admisión del recurso y de hecho el Ministerio de Justicia lo inadmitió. Como última baza, la familia Castilla presentó recurso. La respuesta del ministerio, ya imposible de recurrir, fechada el 15 de julio y a la que ha tenido acceso Público, cierra definitivamente la vía administrativa y aboca a los Castilla a los tribunales. "Estamos acabando un recurso contencioso-administrativo. Llegaremos hasta donde haga falta, incluso a Estrasburgo", afirma José.

¿Qué argumentos ofrece el ministerio para negar la responsabilidad patrimonial del Estado español por el expolio de los bienes de un ciudadano cometido por el Estado español 75 años atrás? Básicamente dos. El primero es la prescripción. El artículo 142.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, de 1992, señala que "el derecho a reclamar [una indemnización] prescribe al año".

El segundo argumento lo ofrece la propia Ley de Memoria Histórica, de 2007, que en su artículo 4.5 recoge que la declaración de ilegitimidad de los tribunales y consejos de guerra franquistas no constituye "título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica".