"Un Gobierno no puede querer igualdad sin dar los mismos derechos a padres y madres"

"La crisis es una estafa y está llevando a unos recortes de derechos, entre ellos los de las mujeres, que están sufriendo de manera beligerante". Así ha comenzado Ascensión de las Heras, diputada de Izquierda Plural, su intervención en el debate ciudadano Igualdad de Género en tiempos de crisis: el caso de Islandia organizado por la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA).

Las diferencias dentro de los derechos laborales entre hombres y mujeres vienen desde mucho antes de esta crisis. En el caso de España, las mujeres disponen de 16 semanas de baja maternal y los padres, de 15 días para cuidar de sus hijos recién nacidos o adoptados, algo establecido en la Ley de Igualdad aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Dicha norma instaba a que se mejorara la prestación masculina en los siete años siguientes, al menos hasta los 30 días.

Sin muchos cambios desde entonces, la PPiiNA propone que los permisos por nacimiento y/adopción se configuren para cada progenitor de tal manera que sean intransferibles, de igual duración, con la misma parte obligatoria y pagados al 100%. Sin embargo, pese a haber desarrollado una proposición de ley, argumentos económicos y a pesar de tener aprobada en el Parlamento una proposición no de ley, esto "no es una prioridad de los partidos políticos", ha explicado Ángeles Briñón, miembro de la consultoría BRIZAS y de PPiiNA. 

"Esta ley no es una prioridad de los partidos políticos", explica Briñón

Respecto a esto, María Pazos —miembro del Instituto de Estudios Fiscales y de PPiiNA— ha declarado que están buscando una solución ante la "inoperancia del poder político" pese a que "no puede haber ningún Gobierno que diga que está por la igualdad en el cuidado y no dé a los hombres el mismo derecho para ejercerlo". Además, señala, "no puede haber ningún Gobierno, ni ningún Parlamento, que diga que está por la igualdad en el mercado del trabajo y no dé a las mujeres la posibilidad de tener la misma etiqueta de disponibilidad frente a las empresas".

La solución de PPiiNA pasa por "llegar a la ciudadanía y que la gente conozca y reclame este derecho". Sin embargo, "es difícil cuando no tienes medios", ha sentenciado Pazos.  Por ello organizan debates de este calibre en los que se propagan las experiencias de otros países —nórdicos y escandinavos, principalmente— y se demuestra que un sistema igualitario es posible y, además, funciona. Un claro ejemplo es el que ha estado presente en la conferencia de este jueves, el de Islandia, que pasó en pocos años de no tener ningún tipo de igualdad en los permisos a convertirse en el país más igualitario gracias a su reforma del año 2000. 

De hecho, y pese a estar sumergidos también en una crisis económica, el Gobierno de Islandia reformó en diciembre de 2012 esa ley en el que el permiso intransferible de cada progenitor aumenta de 3 a 5 meses para el cuidado de los hijos recién nacidos, reduciendo la parte no transferible de los permisos a dos meses, y con un 80% del salario de cada trabajador. 

"En España la conciliación es estresante y poco gratificante", afirma Jurado

Para explicar el caso islandés ha estado presente Gudny Eydal, profesora de la Universidad de Islandia y miembro de la PLENT —plataforma internacional por la igualdad de los permisos—, quien ha manifestado que "las cosas pueden cambiar" en todos los países porque "la ciudadanía quiere estos derechos". "Sabemos que el futuro de nuestros hijos va a ser mejor", argumenta.

PPiiNA ha ideado un proyecto de experiencia piloto en España y la UE basado en el modelo islandés. Un experimento social a pequeña escala para ver si "tiene sentido" implementar los permisos igualitarios de 16 semanas para ambos progenitores. Teresa Jurado, profesora de la UNED y miembro de la plataforma, ha explicado que lanzaron este proyecto para llevar a cabo la idea en España —Ayuntamiento de Barcelona, Terrassa y Bilbao y la Diputación de Sevilla— y en Francia —Ayuntamiento de París— y "ver si funcionaba fuera de los países escandinavos".

"En España la conciliación es estresante y poco gratificante", ha explicado Jurado, "por ello queremos llevar el piloto a empresas públicas y privadas —Gaes— para ver hasta qué punto cambia la percepción del empresario y de las personas de recursos humanos, así como qué vínculo paterno-filial se consigue". Sin embargo, esperan la contestación de la Unión Europea, quien debe dar el visto bueno y el apoyo para que se lleve adelante este proyecto, algo en lo que no tienen "mucha esperanza", ha sentenciado Jurado.