El Gobierno de Aragón pide servicios jurídicos que determinen si se trata de un trasvase

El Gobierno de Aragón, en una reunión extraordinaria celebrada esta mañana, ha reiterado su oposición al trasvase y ha aprobado encargar a sus servicios jurídicos y a la Comisión Jurídica Asesora la elaboración de un informe para determinar si el proyecto de transferencia de agua a Barcelona es jurídicamente un trasvase.

Esta es una de las tres medidas que ha adoptado hoy el Gobierno aragonés, tras el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno central y la Generalitat para trasvasar agua procedente de los excedentes de los regantes del delta del Ebro al área metropolitana de la capital catalana.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, junto al de Presidencia, Javier Velasco, informó de que además el Gobierno aragonés ha acordado instar a la administración general del Estado a que aporte con carácter de urgencia toda la información sobre el proyecto, del que tienen conocimiento sólo por los medios de comunicación.

Además, el Ejecutivo aprobó instar a las Cortes autonómicas, como medida preventiva, a que se inicie la elaboración del informe preceptivo previsto en el artículo 72.3 del Estatuto de Autonomía, poniendo a disposición de la cámara los medios técnicos del gobierno

En una declaración institucional, el Consejo de Gobierno reitera su oposición a cualquier trasvase del Ebro, en correspondencia con el artículo 19.3 del Estatuto de Autonomía.

Este artículo obliga a los poderes públicos de la Comunidad a "velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras".

El Gobierno de Aragón reitera que, en aras al respeto a la unidad de cuenca, la Administración General del Estado "no puede adoptar acuerdos con una comunidad autónoma de forma bilateral que puedan afectar a otros territorios".

Recuerda a la administración del Estado que debe adoptar los mecanismo de participación previsto en la legislación vigente "sin que los motivos esgrimidos de urgencia, ni los plazos anunciados puedan justificar la suplantación de los previsto en la normativa".

Boné, quien comentó que no ha mantenido ningún contacto con su homólogo catalán, hizo hincapié en que el Ejecutivo aragonés ha adoptado estas medidas "de manera preventiva", antes de saber si este proyecto puede calificarse de trasvase o no, con el objetivo de adelantar todas las gestiones "lo más rápidamente posible".

Apuntó que el Ejecutivo aragonés ha actuado "rápidamente", aunque no precisó en qué plazo estarán listos los informes encargados, ya que lo más importante, dijo, es que se elaboren y conocer jurídicamente la naturaleza del proyecto que, incidió, no conocen "en detalle".

Preguntado por el motivo de las dudas de si se trata o no de un trasvase, el consejero de Medio Ambiente insistió en que el Gobierno de Aragón quiere asegurarse "jurídicamente".