Entrevista a Alejandra Jacinto"Lo que genera inseguridad jurídica es no tener herramientas para proteger el derecho a la vivienda"

Alejandra Jacinto (Madrid, 1989) llega tarde a su entrevista con Público. Lleva toda la mañana intentando parar un desahucio en Vallecas y la autoridad judicial aún no se ha personado en el lugar. Cuando lo hace, se ejecuta el desahucio de una mujer de avanzada edad con cuatro niños a su cargo que no podía pagar el alquiler: "No lo hemos podido frenar, y la situación era demoledora: por un lado, hay un bloque de viviendas en el que se estaba ejecutando el desahucio, y enfrente, una promoción inmobiliaria nueva construyéndose en plena obra", comenta. Es la imagen de la especulación urbanística.

Abogada y activista por el derecho a la Vivienda, lleva gran parte de su vida combatiendo la especulación del mercado inmobiliario y defendiendo el derecho a la vivienda digna, primero desde organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH); y ahora, desde la Asamblea de Madrid como portavoz adjunta del grupo de Unidas Podemos.

Pablo Iglesias la fichó para su lista electoral de los comicios autonómicos de mayo y, tras la marcha del exvicepresidente, ha pasado a ser diputada autonómica en la Comunidad de Madrid y secretaria de Derecho a la Vivienda en la dirección estatal de Podemos, bajo el liderazgo de Ione Belarra. Jacinto habla en esta entrevista con Público sobre la regulación de los alquileres, la ley de vivienda estatal y los desahucios, pero también sobre Isabel Díaz Ayuso, la reorganización de la izquierda madrileña y el papel de Unidas Podemos en el futuro.

¿Cree que habrá una ley de Vivienda estatal antes del parón vacacional de agosto, o habrá que esperar a septiembre para ver algún avance? ¿Cree que esta ley recogerá la intervención del mercado del alquiler para contener y bajar los precios abusivos a través de los índices de referencia?

La ley de vivienda tiene que estar encima de la mesa cuanto antes. Es urgente que haya un texto completo que recoja las medidas que tienen que estar en esa ley, y no deberíamos llegar a agosto con el texto, debería haber estado ya hace unos cuantos meses e, incluso, hace unos cuantos años, porque hay que recordar que los movimientos sociales llevan demandando una ley estatal de protección del derecho a la vivienda muchísimos años. En esta materia vamos muy tarde. Para hacer una buena ley de vivienda hay que recoger todas las cuestiones, desde cuestiones coyunturales, como la paralización de desahucios sin alternativa habitacional adecuada y, por supuesto, la limitación de los precios del alquiler, que pasa por intervenir el mercado inmobiliario; a cuestiones estructurales, como ser una ley que tienda a consolidar un verdadero parque público de vivienda asequible, que permanezca en el tiempo y que no ocurra lo que ha ocurrido todos estos años, que es que finalmente se construye la vivienda de protección que, pasado cierto tiempo, era liberalizada y pasaba a manos de fondos de inversión o particulares que la compraban.

Nos tenemos que ir dotando de un parque público similar al de ciudades como Viena, que tiene un parque público del 20%, mientras que aquí contamos con un parque pírrico de menos del 2%. Creo que la ley tiene que poner en el centro la función social de la vivienda; esto está recogido en nuestra Constitución y a día de hoy no se cumple. El principal papel de la vivienda es social, debe ser un servicio de interés general y se tiene que tratar como derecho humano, tal y como recogen los tratados internacionales.

¿Son los incentivos fiscales que propone el Ministerio de Transportes una forma de regulación de los alquileres? ¿Por qué creen que esta fórmula es ineficaz para bajar los precios?

Desde Unidas Podemos pensamos que los incentivos fiscales no son una medida eficaz para regular los precios de los alquileres, y que para regularlos tenemos que mirar a la legislación que está funcionando, como la ley de contención de rentas catalana, que pasa por declarar zonas de mercado tensionado, índices de referencia que establezcan que por encima de ese precio no se pueden subir los alquileres. Plantear otro tipo de estrategias o de medidas que pueden parecer un incentivo fiscal para que los propietarios quieran poner sus viviendas en alquiler no acotan la problemática tan grave que tenemos detrás, que es la especulación inmobiliaria campando a sus anchas en todo el Estado. Vengo justo ahora de un desahucio que se acaba de ejecutar en Vallecas y la imagen era demoledora: por un lado hay un bloque de viviendas en el que se estaba ejecutando el desahucio de una persona mayor, de una abuela con los cuatro niños que tiene a cargo, y enfrente una promoción inmobiliaria nueva construyéndose en plena obra, indicando que ese es un territorio que se va a revalorizar pronto y que el hecho de que haya gente que no puede pagar los alquileres, porque a esta familia la desahuciaron por no poder pagar el alquiler, resta rentabilidad a la zona.

Desgraciadamente, esta es la imagen de la especulación inmobiliaria en toda España; y en territorios como Madrid es un 'sálvese quien pueda' absoluto, no hay ningún tipo de coto o de límite. A la especulación inmobiliaria hay que hincarle el diente de forma decidida y determinada. Creo que hay que aplicar la legislación catalana, que está funcionando y demostrando que en aquellos municipios donde se regulan los alquileres y se declaran áreas tensionadas bajan los precios del alquiler; han bajado una media de un 5%, teniendo en cuenta que estamos en unas condiciones un poco extrañas con el tema de la pandemia, y además no se reduce la oferta de contratos, sino que aumenta. Se trata de garantizar el acceso a la vivienda, y para eso hay que tomar las medidas que sean más oportunas para poder garantizar el objetivo último de regular los precios.

En el PSOE y en el Ministerio de Transportes siempre insisten en que la futura ley de Vivienda tiene que tener seguridad jurídica ¿Genera dudas jurídicas el régimen de intervención del mercado del alquiler que defiende Unidas Podemos?

Creo que no. Lo que genera inseguridad jurídica es no contar con herramientas que protejan frente a una vulneración de derechos humanos como es la vulneración del derecho a la vivienda. Eso es lo que genera inseguridad jurídica, y no ponerle freno a una voracidad desenfrenada, a una burbuja del alquiler que está creada, además, artificial, política y financieramente. Lleva fraguándose desde 2013, por un lado, con la ley de arrendamientos urbanos, que reducía la duración de los contratos, y por otro, con el aterrizaje de los fondos de inversión y de las socimis, cuyo negocio son los alquileres y la rentabilidad, y permitiendo situaciones que son a todas luces negligentes, como es la venta de la vivienda pública.

Se ha generado esta burbuja durante todos estos años para poder seguir participando de la fiesta que supone la rentabilidad económica en torno al mercado de la vivienda y creo que hay que pinchar esa burbuja. Para pinchar esa burbuja no podemos poner excusas sobre la inseguridad jurídica o decir que esto es demasiado complejo y que quizá no funcione. Hay que poner en marcha herramientas y valorar si funcionan, como ha hecho Macron en Francia regulando los precios por un tiempo determinado para ver si la medida funciona; pero lo que no podemos es seguir esperando, porque hay vidas en juego.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no parece estar por la labor de revertir la situación de las casi 3.000 viviendas públicas que la Comunidad de Madrid vendió a un fondo de inversión en 2013, pese a que una sentencia ha declarado la nulidad de esa operación ¿Qué piensan hacer respecto a esta cuestión?

La señora Ayuso está en rebeldía frente a los jueces, frente a las decisiones judiciales, y, además, se ratifica en ello e incluso creo que se regodea. Creo que eso al final acabará pasándole factura y veremos si se inicia algún tipo de procedimiento por desobedecer resoluciones judiciales que son nítidas y establecen que la venta de vivienda pública cometida por Ignacio González en 2013 fue ilegal, fue nula, no debió producirse, y que la totalidad de la vivienda debe volver a manos del patrimonio público, a manos del IVIMA. Entre otras cosas porque es vivienda pública social que estaba destinada para unos determinados fines, que eran dar cobertura y garantizar el acceso a la vivienda de la población más vulnerable y también de los jóvenes. Esto hay que decirlo porque hay que saber que el Gobierno de Díaz Ayuso a quienes les está negando el acceso a la vivienda no es solo a las familias vulnerables, sino también a los jóvenes.

Nosotros vamos a seguir insistiendo. Es escandaloso que hasta el propio fondo buitre haya entendido que ya no tiene escapatoria, que tiene que devolver la vivienda porque los jueces lo dicen en reiteradas resoluciones, y haya tenido que citar a la Comunidad de Madrid el 26 de septiembre para que vayan a una notaría y ordenen el traspaso de las viviendas sociales. Yo llevo en esta batalla desde el 2013, que me personé como abogada en esta causa judicial hasta que hemos conseguido tumbar la venta de la vivienda pública, y vamos a seguir persiguiéndolo. La primera iniciativa política que presentamos en la Asamblea fue una iniciativa que interpelaba al Gobierno de Díaz Ayuso a cumplir esta sentencia; pero ya sabemos que tiene a su socio de Vox para bloquear todas las iniciativas que, aunque sean de justicia social, se permiten bloquearlas.

Usted viene del mundo del activismo y del derecho, en concreto del activismo antidesahucios y de la defensa del derecho a la vivienda. ¿Cómo lleva bregarse políticamente en un Parlamento con perfiles como el de Isabel Díaz Ayuso o el de Rocío Monasterio?

Es chocante cuando entras en las instituciones, y en particular en la Asamblea de Madrid con la composición electoral que ha quedado después del 4 de mayo, y ver lo alejados que están los intereses y las propuestas que se hacen dentro de la Cámara con respecto a lo que necesita nuestra población. En un momento en el que la desigualdad azota de forma ingente en toda la región de Madrid, que encabeza de hecho el ránking de desigualdad de todo el Estado y como siga así pronto encabezará también el ránking europeo, ahí dentro no se habla absolutamente nada de eso, más allá de las propuestas de nuestro grupo parlamentario. De lo que se habla muchas veces es de Pablo Iglesias, se sigue hablando de Pablo Iglesias, de Echenique…

Hay un problema y un déficit democrático a la hora de entender lo que necesita nuestra población, de entender que hay que hacer políticas para reducir la desigualdad, y no dedicarte a hablar del Gobierno central para hacer oposición, que creo que es la labor principal de Ayuso, hacer oposición al Gobierno central; lo que Casado no está sabiendo hacer desde Génova 13 lo está haciendo ella desde las instituciones madrileñas y jugando con los intereses de todos los madrileños y madrileñas. Otro tipo de iniciativas que ponen encima de la mesa son la reforma de Telemadrid, encaminadas a promocionar su figura política, lejos de lo que necesita nuestra población: una radio y televisión públicas, plurales e informativas que no sean un aparato de propaganda de la señora Ayuso.

Más Madrid se posicionó después de las elecciones autonómicas como el primer partido de la izquierda en Madrid, incluso por delante del PSOE ¿A qué cree que se debe, y que hizo Mónica García para granjearse una confianza del electorado que en su momento no tuvo Pablo Iglesias? ¿Cree que Más Madrid debe ser un aliado necesario en la reconfiguración de la izquierda madrileña?

"Creo que el futuro es de Unidas Podemos porque va a ser el futuro de la recuperación económica"

Más Madrid lo ha hecho bien, y en particular a Mónica García le aprecio y lo está haciendo bien. Creo que las elecciones se han leído en clave de pandemia por parte del electorado, y ahí es donde se ha fortalecido una figura como la de Mónica, que es médico, con un papel muy relevante y principal en el cuidado de las personas durante la pandemia, y también un papel como el de la señora Ayuso, que, con todas las bravuconadas que decía día sí y día también, conectaba con esa sensación prepandemia. El contexto ha favorecido tanto a Mónica como a Ayuso, y creo que aunque todavía falta mucho y quedan muchas dosis por poner, sobre todo en Madrid, que las retienen y no nos llegan los mensajes para citarnos adecuadamente, estamos en visos de empezar a vislumbrar poco a poco y con cautela, sin bajar la guardia, la superación de esta crisis sanitaria que ha sido también social, económica y que ha arrasado con la vida de miles de personas.

Creo que el futuro es de Unidas Podemos, porque el futuro va a ser el de la recuperación económica, el de la llegada de los fondos europeos, la aprobación de los Presupuestos, que tienen que incluir una reforma fiscal y ser unos Presupuestos de igualdad. Podemos aportar mucho al futuro y, por supuesto, nosotros tendremos el brazo tendido, como siempre y como llevamos diciendo históricamente.

¿Hay base para rearmar a Unidas Podemos de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán en dos años, y después de la clara victoria de las derechas sobre las izquierdas el pasado 4 de mayo en la Comunidad de Madrid?

Creo que sí porque, como decía, los madrileños y las madrileñas han leído las elecciones en una clave muy específica, coyuntural y atravesada por una pandemia que ha generado muchísimo dolor y en la que todos teníamos ansias de tratar de conectar con nuestras vidas anteriores. Una vez que empecemos a superar esta situación se va a poner de manifiesto que el planteamiento de Díaz Ayuso y de la derecha es personalista para su carrera hacia La Moncloa; llevamos mes y pico de legislatura y lo que se ha puesto sobre la mesa es la reforma de Telemadrid, nombrar un administrador que es el archienemigo de los trabajadores. Su proyecto hace aguas, la gente se va a acabar dando cuenta y, en ese sentido, desde la izquierda y el bloque progresista tenemos una gran responsabilidad en construir una alternativa y garantizar que los fondos de recuperación se reparten de forma armónica y no llegan solo a los bolsillos de las grandes empresas; en ese sentido, creo que el futuro es nuestro.

Usted ha entrado recientemente en el Consejo de Coordinación de Podemos bajo el liderazgo de Ione Belarra ¿Cuál cree que son los principales retos para el partido? ¿Cuál es el papel que debe jugar Podemos en la reorganización de la izquierda a nivel estatal?

Estoy muy contenta de haber dado este paso adelante porque estamos en un momento de cambio en el que las mujeres en Podemos hemos dado un paso al frente; ya había muchas compañeras, pero se ha asumido el liderazgo de forma coral con Ione Belarra, Irene Montero y Yolanda Díaz, y a mí me estimula bastante porque confío mucho en lo que llevan haciendo todos estos años y en su visión política de entender que lo principal es garantizar los derechos humanos en este país e impedir que se pisoteen. Todas las leyes que se están aprobando son leyes que dentro de unos años las consideraremos avances muy importantes en feminismo, memoria histórica… Se está demostrando el imprescindible papel que tienen los 35 diputados de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición para conseguir las mejoras sociales que necesita la gente y para hacerlo, además, con valentía, convicción, sin que nos tiemblen las piernas frente a la especulación inmobiliaria y el lobby inmobiliario que parece susurrarle muchas veces al PSOE "oye, esto no se puede hacer porque no podemos salir perdiendo". Se trata de mejorar la vida de las mayorías sociales y Unidas Podemos está desempeñando un papel fundamental que creo que va a ser y está siendo reconocido.

Si tenemos la capacidad, que yo creo que la vamos a tener, de redistribuir adecuadamente estos fondos, de poner en marcha unos Presupuestos que yo creo que van a ser los Presupuestos de la igualdad, Unidas Podemos va a jugar un papel indispensable y yo creo y confío, y además es un clamor popular, que Yolanda Díaz va a ser la próxima presidenta del Gobierno.