La vía penal contra el entorno de ETA avanza más despacio que la Ley de Partidos, pero no se detiene. Ayer el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón procesó a 13 dirigentes de la agrupación electoral Demokrazia 3 Milioi (D3M) y del partido Askatasuna, por tratar de concurrir a las elecciones al Parlamento vasco del pasado 1 de marzo, en cumplimiento de la estrategia diseñada por ETA de seguir presente en las instituciones, pese a la sentencia que ilegalizó Batasuna.

Ni Askatasuna ni Demokrazia 3 Milioi pudieron concurrir a dichos comicios. Lo impidió el Tribunal Supremo en sendas resoluciones ratificadas luego por el Constitucional, en las que se consideró que se trataba de candidaturas sucesoras de las formaciones ilegalizadas con anterioridad.

Garzón imputa a nueve de los dirigentes de la izquierda abertzale procesados un delito de integración en la organización terrorista ETA, 'por su militancia y grado de responsabilidad en Batasuna/Ekin referentes políticos de ETA en el entramado criminal que dirige y por la actividad orgánica desarrollada para conseguir que el complejo terrorista esté presente en las instituciones democráticas'.

Según el magistrado, esta es una de 'las finalidades principales que ETA persigue desde hace décadas', al entender que 'le permite acumular fuerzas para conseguir los fines que persigue, empleando la violencia, para obtenerlos'.

Entre los acusados de compartir 'la voluntad criminal' de los responsables de Batasuna/Ekin y de los líderes de ETA figuran Amparo Lasheras, que fue cabeza de lista por Álava de D3M, y Arantza Urkaregi, que fue portavoz de ANV.

El presidente y el secretario general de Askatasuna, José Antonio Munduate y Xabier Isasa, respectivamente, figuran entre los acusados de colaboración, porque consintieron que su partido asumiera las decisiones del entramado etarra pero no consta que hicieran más actos.

En el procedimiento había otros diez imputados que no han sido procesados al no haber pruebas suficientes. Dos de ellos están procesados en otros sumarios.

El auto recuerda que en su día se consideró que D3M y Askatasuna eran, respectivamente, la marca sucia y la limpia con la que Batasuna trataba de burlar su ilegalización. La resolución señala que para desarrollar su estrategia, ETA 'decidió que la confrontación con las actuaciones del Estado (...) se llevaría a cabo por medio de la creación de marcas políticas sucesivas, unas en activo, ya fueran partidos políticos (Euskal Herritarrok, PCTV/EHAK, ANV) o agrupaciones electorales hasta llegar a D3M y, otras, sin actividad o en hibernación para ser utilizadas en el momento preciso, como ha sido el caso de Askatasuna'.