Garzón deja en libertad a Pérez Alonso tras tomarle declaración

El juez Baltasar Garzón ha dejado en libertad con comparecencias semanales y prohibición de salir de España al último detenido en la "operación Gürtel", Álvaro Pérez Alonso, conocido como "el bigotes", responsable de la empresa Orange Market y arrestado en la noche del pasado lunes en Valencia.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión a instancias de las fiscales Anticorrupción, Miriam Segura y Concha Sabedell, tras haber tomado declaración durante una hora a Pérez Alonso y después de haber enviado ayer a prisión a los tres cabecillas de la presunta trama de corrupción vinculada al PP: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

Pérez Alonso, defendido por la abogada valenciana Ángela Coquillat e imputado por los delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal y tráfico de influencias, fue trasladado ayer a la Audiencia Nacional a las 13.00 horas para que presenciara el desprecintado de cajas con documentos incautados en el registro del material intervenido en Valencia en la "operación Gürtel".

Pérez Alonso, tras permanecer todo el jueves en los calabozos y comparecer ante Garzón pasada las ocho de la tarde, abandonó la Audiencia Nacional cabizbajo y en un total mutismo acompañado de su abogada. En el auto en el que Garzón acuerda la prisión de Correa, Crespo y Sánchez, el juez explica que Correa lideraba un grupo organizado que creó un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos públicos mediante el soborno a funcionarios y autoridades de consistorios y Consejerías de la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana, cuya identidad ahora investiga.

Garzón anuncia en esta resolución que se está investigando la "identidad y cargos" de esos "funcionarios y autoridades públicas" que recibieron "dádivas y sobornos", "al objeto de tomar las decisiones que correspondan en derecho".

Según lo investigado en las diligencias 275/08, "en la causa existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas", principalmente de la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana "para obtener un beneficio propio". Se trata, según Garzón, de "un grupo organizado de personas y empresas", liderado por Correa del que forma parte "en inmediata relación de jerarquía" Pablo Crespo, Antoine Sánchez y "otros imputados en esta causa".

La principal finalidad de este grupo "a lo largo del tiempo, y, como mínimo en los últimos 10 años, "ha sido "captar negocios" y "fondos" en la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana, a través de ese conglomerado empresarial, expone el juez.