El pulso entre el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, por los centros de poder económico de la región Caja Madrid e Ifema, entre otros se ha trasladado también al Canal de Isabel II, organismo público que maneja adjudicaciones millonarias. Las reticencias expresadas por el concejal de Hacienda de Gallardón, Juan Bravo, en el Consejo de Administración del Canal han frenado un contrato de 26 millones para gestionar durante cuatro años el servicio de atención al cliente de la entidad, con la posibilidad de una prórroga por otros dos años y 13 millones adicionales.

La dirección del Canal, presidido por el número dos de Aguirre, Ignacio González, tenía previsto adjudicar el contrato antes del verano. Varios consejeros entre ellos, Bravo presentaron en mayo objeciones a la propuesta de adjudicación, lo que provocó el aplazamiento de la concesión hasta la reunión de junio, celebrada ayer.

Pero tampoco ayer se adjudicó el contrato: ante la falta de acuerdo, el asunto ni se incluyó en el el orden del día, según fuentes del Consejo.

Las mismas fuentes explican que, en respuesta a la pregunta de un consejero, tanto González como el gerente, Ildefonso de Miguel, afirmaron que estaban a la espera de dos informes encargados e insinuaron que la adjudicación no se realizará posiblemente hasta octubre.

Los motivos del conflicto son dos. Uno, laboral, porque en el pliego de condiciones se estipula que la concesionaria prestará el servicio en el edificio mismo del Canal, lo que ha causado malestar sindical. El segundo motivo es la elección de la empresa adjudicataria en un concurso que, por su cuantía y duración, ha despertado un enorme interés en el sector de los call centers.

Varias personas que han tenido acceso al expediente subrayan que la propuesta de adjudicación del Canal otorga el servicio a Atento, vinculada a Telefónica, pese a que es una de las propuestas más caras. Entre las aspirantes destaca Konecta, del Grupo Santander.